Se estudia reducir el capital de Autopistas del Atlántico y Aucalsa antes de pasar al Patrimonio

"La fórmula que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos elija el lunes próximo para proceder a hacerse con el control de Autopistas del Atlántico y Aucalsa (Autopista Concesionaria Astur-Leonesa) tiene un único objetivo: conseguir que el Estado pague la menor cantidad posible por las acciones", declaró un alto cargo de la Administración. En este sentido Julián Campo, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, señaló que no se descarta como alternativa la reducción del capital al precio simbólico de una peseta, lo mismo que el alargamiento en el plazo de pago pan que, en definitiva, el desembolso real sea similar.

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo presentó, hace un mes, un informe sobre las empresas concesionarias de autopistas en el que ponía de manifiesto la crítica situación financiera de Autopistas del Atlántico y Aucalsa, y se proponían distintas alternativas para que las empresas no suspendieran pagos o tuvieran que ser declaradas en quiebra. La Comisión Delegada no estudió el informe y será el próximo lunes cuando se decida qué salida se escoge.

El negocio de la concesión

Las alternativas que se analizan en dicho informe se limitan, en la práctica, a establecer distintos escenarios anuales de pago del capital nominal de las acciones, lo que disminuye el valor real de la recuperación de dicho capital, pero en ningún caso se contempla la posibilidad de que se lleve a cabo una operación de reducción de capital comparable a la que han experimentado la mayoría de los bancos en crisis. Julián Campo declaró ayer que esta posibilidad, a pesar de que no estuviera contemplada, no era descartable en absoluto y que era la Comisión Delegada la que decidiría en su próxima reunión."En una situación como la que atraviesan las dos sociedades concesionarias de autopistas, manifestó el ministro, considero que la Administración tiene que ser lo más inflexible posible, ya que en definitiva todos los contribuyentes van a tener que pagar los errores cometidos por un grupo de particulares, que contaron, es cierto, con la aprobación de un sector de la Administración cuando, a principos de los años setenta, se dieron unas concesiones que ya se sabía eran financieramente imposibles". Los beneficios estaban en la construcción de las autopistas, pero su explotación se sabía de antemano que sería irrentable.Para los altos funcionarios de la Administración consultados sobre la posible alternativa que se elija el próximo lunes, la línea divisoria es estrictamente política y debe analizarse a la luz de las repercusiones que pueda tener sobre el conjunto de la economía española en el exterior. Según estos supuestos, el coste real de la compra de acciones de Autopistas del Atlántico y de Aucalsa puede ser prácticamente el mismo si el capital se reduce a una peseta, y se paga en estos meses, o si se mantiene el valor nominal y se paga, en pesetas corrientes de cada año, a partir del año 2.000. La diferencia es política, y tiene como elemento básico el posible encarecimiento que sufriría la renegociación de la deuda externa de las autopistas, que en la actualidad supera los 300.000 millones de pesetas.

Otros sectores de la Administración consideran, no obstante, que es imprescindible que la compra de acciones por parte del Patrimonio del Estado se lleve a cabo una vez que los actuales accionistas hayan asumido su parte proporcional de las pérdidas sufridas ya por las empresas, mediante la reducción de capital correspondiente que, en ningún caso, bastaría para absorberlas. Por último, hay quien piensa que se debería dejar jugar al mercado y esperar a que las empresas concesionarias no pudieran hacer frente a sus obligaciones exteriores. Sería el momento, se dice, de que el Estado anunciara que se hacía cargo de toda la deuda exterior -como de hecho lo viene haciendo ya con los avales prestados y el seguro de cambio, que ha costado 17.000 millones de pesetas en 1981; 22.000 en 1982 y que supondrá una cantidad superior en este año. Este compromiso iría unido al traspaso de la titularidad del capital de las sociedades que no pagaran su deuda externa.