Fuerte oposición del Gobierno, funcionarios y sindicatos a la exención de incompatibilidades para el personal de las Cortes

El nuevo Estatuto del personal de las Cortes, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de junio, exime del régimen de incompatibilidad a los funcionarios de las Cámaras que hayan ingresado en ellas antes del 31 de diciembre de 1982, situación que beneficia, principalmente, a los letrados del Parlamento. Ante las protestas procedentes, incluso del Gobierno, el presidente de las Cortes, Gregorio Peces-Barba, ha respondido recordando la autonomía que la Constitución confiere a las Cámaras. "Lo que el Gobierno establezca sobre las incompatibilidades no Interfiere una decisión interna de las Cámaras", ha dicho.

La publicación del Estatuto, cuya disposición transitoria tercera permite a los funcionarios de las Cortes "simultanear otro puesto o plaza de los declarados incompatibles", aunque especifica que es una situación a extinguir, ha provocado una fuerte polémica en el resto de los cuerpos de funcionarios, en los sindicatos UGT y Comisiones Obreras e, incluso, en el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular, Javier Moscoso, ha manifestado su absoluto desacuerdo, tanto con el procedimiento de elaboración como con el contenido. Idéntico malestar existe en la secretaría de Estado para la Administración Pública.La medida que recoge la citada disposición transitoria, aprobada por las mesas de las cámaras, originó discrepancias incluso dentro de la Mesa del Congreso, mientras altos cargos de la Administración apuntan la contradicción que puede suponer que las Cortes, que elaboran las incompatibilidades para los funcionarios públicos, hayan aprobado un Estatuto que trata con medida distinta a sus propios funcionarios.

Tres miembros de la Mesa de la Cámara Alta -el vicepresidente primero, Leopoldo Torres, del PSOE; el vicepresidente cuarto, José Miguel Bravo de Laguna (UCD), que es abogado del Estado, pero está sujeto a incompatibilidad por su condición de parlamentario, y el secretario primero, Ciriaco de Vicente (PSOE)- mantuvieron la actitud más discrepante con la disposición transitoria que permite a los funcionarios de las Cortes desempeñar otro puesto de trabajo, aunque la medida fue aprobada por unanimidad, sin que llegara a votarse formalmente, según informaron miembros de la Mesa.

Fuentes próximas a la secretaría de Estado para la Administración Pública mostraron su preocupación porque el 1 de julio entrara en vigor la ley de Incompatibilidades aprobada por UCD, con lo que se iniciaba la mano dura con los funcionarios públicos, y dos días antes se publicara el Estatuto de personal de las Cortes, cuyos funcionarios también son públicos, con "un tratamiento desigual, que pone a la función pública en una situación imposible". Las mismas fuentes calificaron de posible usurpación de funciones a las Mesas del Congreso y el Senado, porque el artículo 72.1 de la Constitución consagra la autonomía de las Cámaras para regular el Estatuto del personal de las Cortes y, en esta ocasión, la aprobación ha venido exclusivamente de las Mesas.

Este punto anterior, la exclusiva intervención de las Mesas de las cámaras, fue calificada de "legalmente compleja" por Javier Die, director general de la Inspección de la Administración del Estado, quien dijo no atreverse a opinar sobre la regularidad de la disposición transitoria tercera, porque "es algo muy excepcional" y afirmó suponer que la exención de incompatibilidades a los funcionarios de las Cortes suscitaría agravios comparativos.

Autonomía

El presidente de las Cortes, Gregorio Peces-Barba, dijo a este periódico no aceptar "que se hable de agravios comparativos, porque la Constitución consagra que las Cortes son autónomas y lo que el Gobierno establezca sobre las incompatibilidades no interfiere una decisión interna de las Cámaras. Yo no quiero que las Cortes y el Gobierno tengan criterios distintos", añadió, "pero el nuevo ejecutivo aún no ha hecho su ley de Incompatibilidades y tanto la ley de UCD como la de fines del siglo pasado consagran la compatibilidad absoluta de los funcionarios de las Cortes". Asimismo, restó importancia a que el Estatuto haya sido aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado y no por las Cámaras, término que emplea la Constitución y que quienes se oponen al método de elaboración del Estatuto ven referido al Pleno, ya que, según puntualizó, "las Mesas son el ejecutivo parlamentario".

Peces-Barba señaló que el Estatuto corta la remuneración económica de los funcionarios que no tienen dedicación exclusiva. "Cuando llegamos", dijo, "no había letrados en dedicación exclusiva. Para septiembre esperamos que estén en esta situación la mitad".

El presidente de las Cortes consideró como prueba de que el Estatuto del personal de las Cortes es un paso adelante y su elaboración, por vez primera, supone "coger el toro por los cuernos" el hecho de que "nadie esté contento con el texto, ni los que pretendían que se aplicaran aquí las incompatibilidades ni quienes querían que no se regulasen", y manifestó que las incompatibilidades no son el único tema regulado en el Estatuto, al tiempo que hacía hincapié en la creación del Cuerpo de Asesores Facultativos, para apoyar a los parlamentarios.

La creación de este Cuerpo de Asesores Facultativos, titulados superiores a los que corresponde "la realización de aquellas tareas que no puedan desempeñarse por los demás cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales", ha supuesto tensiones en la elaboración del Estatuto, ya que contaba con la oposición del Cuerpo de Letrados, que dejan de ostentar en exclusiva la condición de asesores.

En medios de la Mesa del Congreso se dijo a EL PAIS que los letrados pretendieron que los asesores facultativos fueran escala y no cuerpo, porque con esta última condición queda más consolidada su existencia. Los letrados habrían cedido en este tema, y el presidente de las Cortes, muy interesado en que saliera adelante el cuerpo de asesores y apoyado en este empeño por las Mesas, habría dado luz verde para eximir a sus funcionarios de las incompatibilidades, tema éste que beneficia, principalmente, a los letrados.

Transacción

Luis María Cazorla, letrado de las Cortes y secretario general del Congreso, dijo que este Cuerpo no se siente beneficiado con el Estatuto. "No hemos podido acogerlo con satisfacción, ya que no consagra la situación de compatibilidad sin límite ni cortapisa que teníamos antes. Hubo momentos en que era un mérito preferente ser funcionario para entrar en las Cortes". Con respecto a la igualdad de condiciones para todos los funcionarios públicos, Cazorla manifestó que "nunca un funcionario de la Administración fue tan compatible como un letrado u otro funcionario de las Cortes. Las Cortes eran compatibles con todo y ahora con casi nada. El Estatuto nos limita mucho".

Sin embargo, el también letrado, de las Cortes Pablo Pérez Jiménez, director de Asuntos Económicos del Congreso y que ha participado en la elaboración de la parte salarial del Estatuto, reconoció que la exención de incompatibilidades "a quienes más nos afecta es a los letrados", ya que el 43% de éstos tiene otro puesto de trabajo, situación en la que se encuentran el 30% de los taquígrafos, el 7,75% de los administrativos y técnicos administrativos y el 6% de los ujieres y que no afecta a los bibliotecarios.

La protesta de las centrales sindicales por lo que consideran un trato de favor para los funcionarios de las Cortes se inició incluso antes de la aprobación del Estatuto, según explicó a este periódico un destacado dirigente de la Federación de Servicios Públicos de UGT. "La sección sindical de UGT en las Cortes, en la que estamos de 50 a 60 personas, nos opusimos rotundamente cuando se sometió a discusión el tema y nos hemos encontrado con que la Mesa ha hecho lo que ha creído conveniente; pero nosotros pensamos que no puede someterse a los funcionarios de las Cortes a una diferencia de este tipo, por mucho que haya una ley del siglo pasado que les reconozca el derecho de compatibilidad". "Es una barbaridad y va a levantar chispas", comentó Alberto Torres, miembro de la ejecutiva de la Federación de Administración Pública de CC OO.