El abanderamiento de las estaciones de servicio obstaculiza la conclusión de las negociaciones sobre el futuro de Campsa

El abanderamiento de las estaciones de servicio -esto es, la marca o marcas que llevarán los puntos de venta al detalle de los carburantes y lubricantes- es el único tema importante que permanece abierto en las negociaciones sobre la reordenación del sector petrolero, conversaciones que ayer recibieron un serio empujón en el curso de la reunión de más de dos horas que celebraron, en la sede del Ministerio de Industria y Energía, los presidentes y altos directivos de las seis refinerías españolas con representantes de Campsa, del ministerio y del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). Hoy continuarán las negociaciones a nivel técnico mientras se espera un acuerdo definitivo esta semana, que permita la firma del protocolo el próximo viernes.

Asistieron a la reunión de ayer el secretario general de Energía, Martín Gallego, y la directora general de la Energía, Carmen Mestre, en representación de la Administración; José María Amusátegui y Roberto Centeno, presidente y consejero delegado de Campsa; Joaquín Roig y Eugenio Marín, por Cepsa; Juan Herrera y Juan Quijano, por Petromed; José Luis Díaz Fernández, por EMP y Petroliber (también asistió Emilio Sanz Hurtado, director general); José Miguel de la Rica, por Petronor; José María Escondrillas, por ERT, y Guzmán Solana, director de planificación del INFI.Según fuentes solventes, el tema que quedó pendiente de posteriores reuniones, tras las discusiones de ayer, fue el dibujo final de la distribución secundaria y, concretamente, el abanderamiento de las estaciones de servicio. Los representantes de la compañía privada, Cepsa, con intereses que defender en la cuestión de imagen por la venta de lubricantes, insistieron en su propuesta para distribuir el abanderamiento en un reparto de 2/3 para las refinerías y 1/3 para la nueva Campsa. El tema quedó sin dilucidar y no se descarta que este porcentaje se rebaje a un 50% o a 1/3 para las refinerías y 2/3 para la nueva Campsa, según apuntas fuentes oficiosas.

Reparto de acciones

Más delineado quedó el problema de la distribución accionarial de la nueva compañía distribuidora, que se repartirá de la siguiente manera: INH, 16% refinerías públicas, 42%; y refinerías privadas, el restante 42%. La distribución de este último 42% se hará, previsiblemente, de acuerdo a lo previsto en el último Plan Nacional de Combustibles (PNC), cuyo reparto de cuotas ha sido distribuido, oficiosamente, a las refinerías sin estar todavía aprobado por la Comisión Delegada. En cualquier caso, el reparto estaría en torno a las siguientes cifras: Cepsa, 15% (se excluye Canarias); Petronor, en torno al 13%. sin alcanzar el 14%; Petromed, 7%-8%; Explosivos de Río Tinto, 6-7%.La participación de ERT en la nueva sociedad ha arreciado las dudas que existen sobre el futuro de esta empresa, que atraviesa una fuerte crisis que afecta a su propia supervivencia. Aparte de la carencia de recursos para financiar la adquisición de las acciones que le correspondan, existe el problema de la previsible integración de esta sociedad en la esfera pública. De confirmarse esta posibilidad, el Estado incrementaría su participación en la nueva Campsa en un 8% adicional.

Precisamente, el problema de pago y rentabilidad de las acciones de la nueva Campsa ha sido otro de los interrogantes planteados por los privados. Según fuentes solventes, quedó acordado, en principio, que la financiación se haga con recursos propios y de una forma aplazada, tal como habían solicitado las refinerías privadas. Éstas exigieron, asimismo, garantías de que dinero invertido en la adquisición de acciones de la nueva sociedad tenga una rentabilidad adecuada, cuestión directamente vinculada con el precio de los productos y con la fiscalidad y renta del petróleo, que establece anticipadamente el Estado en los Presupuestos Generales.

Hay que tener en cuenta, en esta cuestión, que el monopolio comercial, y más aún el fiscal, continuará vinculado a la nueva sociedad, al menos por un plazo que algunas fuentes estiman superior a siete años a partir de la constitución de la nueva compañía de distribución. La CEE, a este respecto, exige el desmantelamiento del monopolio en un plazo de cinco años, pero a partir de la fecha de la adhesión. En ese período, el circulante de la actual Campsa, con un valor superior a 140.000 millones de pesetas, quedará en manos del monopolio y no de la nueva Campsa.

Por otro lado, el INFI se encuentra perfilando la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones privadas de la actual Campsa. Según algunas fuentes, esta OPA podría anunciarse inmediatamente después de firmado el protocolo, quedando pendiente aún por determinar el precio de las acciones. En medios informados se estima como muy elevado un precio en torno al 200%, como han apuntado algunos medios. Más acorde con la realidad de la cotización de Campsa en Bolsa se considera un precio en torno al 170%, aunque existe la duda del éxito de la OPA en estas condiciones.