Los propietarios minoritarios del Banco Atlántico negocian con la Administración la recuperación de sus acciones

Madrid - 16 jun 1983 - 00:00CEST

SALVADOR ARANCIBIA La aprobación de la ley de expropiación de Rumasa por parte del Senado ha levantado expectativas sobre una inmediata reprivatización de algunas de las sociedades del grupo, especialmente de aquellas que se encontraban menos interrelacionadas con todo el conglomerado industrial del grupo de la abeja. Entre ellas destaca, casi por derecho propio, el Banco Atlántico, sobre el que revolotean posibles novios del paquete mayoritario de acciones que permitiría el control de la entidad. Los accionistas minoritarios han mantenido algunos contactos con la Administración para el establecimiento de las condiciones de reversión de sus acciones.

El Senado acaba de aprobar la ley de expropiación de los bancos y empresas de Rumasa, por lo que el único impedimento legal que existe en la actualidad para poder iniciar la reprivatización de las mismas es la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicha ley; independientemente de la solución que se dé a los recursos de inconstitucionalidad que hay presentados. Jurídicamente, una vez que la ley haya sido publicada y entrado en vigor, el Patrimonio del Estado, propietario al cien por cien de todas las acciones de las empresas del grupo de Rumasa, puede realizar con ellas lo que considere más conveniente.Frente a las tesis iniciales que defendían la posibilidad de que definitivamente se quedara el Estado con la mayor parte de los bancos de Rumasa, en la actualidad se considera casi como seguro que la vuelta al sector privado será para la totalidad del grupo y que ello empezará con las acciones del Banco Atlántico.

Esta institución financiera, la mayor de todas las controladas por Rumasa, tenía antes de la expropiación 20.000 accionistas privados que controlaban el 45% del capital de la entidad -6.825 millones de pesetas a 31 de diciembre del pasado año-, míentras que el resto estaba en posesión de Rumasa. La expropiación hizo que el total del capital, sin distinciones entre accionistas mayoritarios y minoritarios, pasara a manos del Patrimonio del Estado. El Gobiemo afirmó en todo momento que los intereses de los pequeños accionistas serían respetados; y que para ello se fijaría un justiprecio de valoración que se reembolsaría a los accionistas.

Algunos de los pequeños accionístas del Atlántico han mantenido ya reuniones con la Administración, quien les habría expresado su intención de llegar a un acuerdo por el cual en el plazo de poco tiempo volverían a ser propietarios, mediante la formalización de acuerdos de compraventa de las acciones.

El principal problema reside en que la expropiación fija el establecimiento de un justiprecio que sería equivalente al precio de venta por parte del Patrimonio del Estado para que los pequeños accionistas volvieran a ser propietarios de los títulos. Esta última operación de transmisión tiene unos costes, de escrituración y de determinados impuestos, que deberían quedar anulados para que los ingresos recibidos por el justiprecio y los costes que se ocasionen por la compra queden igualados.

En medios de la Administración y del Fondo de Garantía de Depósitos se ha afirmado que en la actualidad no hay ningún movimiento de cara a la reprivatización del Banco Atlántico y que, de llevarse a cabo la operación de devolución de los pequeños paquetes, el Estado seguiría siendo el socio mayoritario del Atlántico, en condiciones similares a las que rigen la composición del accionariado del Banco Exterior de España. Una vez que se llevara a cabo esta primera devolución. al sector privado sería cuando se entraría a negociar la venta del paquete mayoritario de acciones a alguna institución financiera privada. El interés de algunos bancos nacionales y extranjeros por estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo ha sido puesto de manifiesto recientemente.

Ver los números

Al menos tres bancos norteamericanos y uno francés han mostrado cierta preocupacion por ver los números del Atlántico, que presentó en 1982 unos beneficios de 1.600 millones de pesetas antes de impuestos y con una auditoría limpia después de la instrumentación de ciertas garantías a créditos concedidos a empresas de Rumasa. Otros bancos nacioriales consideraron en su momento la oferta de Ruiz-Mateos de vender su participación mayoritaria en el Atlántico aunque la desestimaron por considerarla cara y pensar que vendrían tiempos en los que las condiciones serían mejores.

Fuentes del sector han señalado que el Atlántico es un banco interesante y que los únicos problemas podrían venir al considerar los activos que tiene comprometidos con las empresas del grupo. No obstante, los préstamos existentes; son bastante inferiores a los que tenían el resto de los bancos del grupo contraídos con las empresas del holding y, en cualquier caso, están garantizados mediante una hipoteca de la mayor parte de los inmuebles de la cadena de hoteles del grupo, lo que se considera suficiente. En este sentido, se señala que la existencia de esta garantía podría permitir, en una negociación de venta del paquete mayoritario de la entidad, que el banco comprador mantuviera dentro de su cartera estos créditos o que el Fondo de Garantía de Depósitos, o el propio Patrimonio del Estado, los adquiriera.