La junta de Banca Catalana fue una sesión politizada y tumultuosa, con insultos y silbidos a la presidencia

Tres largas y tempestuosas horas duraron ayer las juntas generales, ordinaria y extraordinaria, de Banca Catalana. Dos puntos del orden del día -el nombramiento de los miembros del nuevo consejo, y la aprobación o no de la gestión realizada por los anteriores responsables- generaron una grave tensión, que desembocó al final en 10 minutos ininterrumpidos de continuados y crecientes abucheos y silbidos. El presidente saliente y secretario del Fondo de Garantía, Juan Antonio Ruiz de Alda, debió salir por una puerta secundaria.

La junta general ordinaria se inició con un cierto clima de tranquilidad, pero acabó en griterío. Al final, un directivo del Fondo valoró la sesión como "el inicio de la campaña electoral", y afirmó que "Jordi Pujol en persona telefoneó a Madrid el día en que se adjudicaba Banca Catalana dando su apoyo a la venta al pool bancario". Los accionistas minoritarios, que acudieron a la campaña de suscripción popular que organizó a finales de 1982 Josep Espar Ticó, consideraron que "todo estaba ya pasteleado y Ruiz de Alda ha venido a cumplir órdenes".Los nuevos datos económicos aportados por Ruiz de Alda en la junta consistieron en la cuantificación de las ayudas ya dispensadas al grupo bancario. Así, Ruiz de Alda significó que antes de enero de este año, el Fondo había prestado una ayuda de 141.606 millones de pesetas a Banca Catalana y sus filiales, que se desglosan en 13.606 millones por acudir a la ampliación de capital, y 128.000 millones en otros conceptos. Esta última cantidad se descompone en 7.927 millones por absorción directa de pérdidas; 84.422 millones por absorción de activos, y 35.651 millones de pesetas por un préstamo a diez años y sin interés. A ese total de 141.606 millones debe añadírsele el préstamo concedido por el Banco de España, por 125.350 millones, al 8% y a cinco años, para compensar el deterioro de los depósitos sufrido por el grupo bancario.

El ambiente se caldea

El ambiente se caldeó tras la propuesta de los administradores de que se dejase "en suspenso" la aprobación o desaprobación de la gestión realizada por los sucesivos equipos rectores del banco a lo largo de 1982. Diversas voces de accionistas minoritarios reclamaron que se aprobara dicha gestión, a lo que el Fondo, mayoritario, se negó.La polémica formal encubría claramente el interés de los accionistas congregados en torno al animador nacionalista Josep Espar Ticó, de que no se tomasen medidas legales contra el antiguo consejo de administración presidido por Raimon Carrasco. La negativa del Fondo obedecía a que todo indica que en pocas semanas se tomarán medidas, al menos administrativas, contra dicho equipo, de claras vinculaciones históricas con el partido actualmente en el Gobierno de la Generalitat.

La discusión resultó áspera. En ella tomaron parte activa, además de Espar Ticó -quien intervino en tono mesurado solicitando que se volviese a "partir de cero"-, Josep Plaja i Mateu -quien pronunció un discurso sobre la nación catalana-, Josep Oriol Pañella -quien insinuó que la propuesta del Fondo obedecía a una estrategia electoral de la actual Administración central- y los abogados Juan Piqué Vidal y Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa, quienes defendieron a los antiguos rectores de la entidad y solicitaron la aprobación de su gestión.

Ambos letrados son expertos en casos de signo económico. El primero de ellos ha intervenido como jurista en el asunto de la Caja de Crédito Mutual y defiende a varios acusados de fraude a la Seguridad Social, entre otros. Pese a la acritud de la polémica, el acta final quedó aprobada.

La temperatura subió de grado en la junta extraordinaria. La mesa propuso un consejo compuesto por representantes del pool bancario que ha adquirido Banca Catalana: Antoni Negre (Vizcaya), Javier de la Rosa (Garriga Nogués/Banesto), Rafael Alonso Botín (Santander), José Ignacio Berroeta (Vizcaya), Banco Popular (por designar), Ramón Linares (Pastor), Alfredo Sáenz (Vizcaya), Josep Maria Cucurull (Central), Ricardo Calvo (Hispano), Alfonso Casanova (Bilbao) y Simón Galmés (March), lista que se completaba con Jesús Serra Santamans.

Diversos accionistas tomaron la palabra solicitando que esta lista se completase con el nombre de Espar Ticó y con el de un representante de los trabajadores. También el representante de La Caixa solicitó sin éxito un puesto en el consejo, pues conserva el 7% de las acciones.

A lo largo de varias réplicas, algunas muy politizadas en sentido nacionalista, varios asistentes llegaron a exaltarse y a proferir insultos, y el presidente perdió en parte el control de la reunión, que acabó sin explícita aprobación del acta por todos los accionistas, si bien con la designación de dos asistentes para redactarla. Ante la tumultuosa situación, los servicios de seguridad exhortaron a Ruiz de Alda a que abandonase el salón por una salida inhabitual.