PSOE y AP rechazan una propuesta para que se identifiquen los policías en los juicios

Los grupos socialista y popular se opusieron ayer, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a una moción presentada por el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés, mediante la que planteaba que los miembros del Cuerpo General del Policía, Guardia Civil y Policía Nacional, se identifiquen con su nombre y apellidos cuando firmen atestados policiales o comparezcan como testigos ante jueces y tribunales, tal y como exige la ley. Ante la seguridad del rechazo de su propuesta, y tras la intervención del presidente de la comisión, Pablo Castellano, para evitar un acuerdo parlamentario que podría ser mal interpretado, Bandrés retiró su moción.Bandrés había planteado ya en la anterior legislatura una proposición no de ley según la cual "los miembros del Cuerpo General de Policía, de la Guardia Civil, y de la Policía Nacional, cuando firmen atestados o comparezcan en calidad de testigos en procedimiento penales, ante juzgados y tribunales, lo harán expresando todas las circunstancias personales que exige el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El diputado de EE señaló que la Audiencia Nacional y otros tribunales continúan aceptando el anonimato policial hasta la vista del juicio, y recordó que la ley citada exige que los testigos se mencionen con su nombre y los apellidos paterno y materno. Frente a esta exigencia legal, en numerosos casos los miembros de la policía son identificados mediante meros guarismos. En cuanto al argumento de anonimato en virtud del riesgo que corren las vidas de estos funcionarios, Bandrés aseguró que dicho riesgo existe en virtud de pertenecer a determinados cuerpos, pero no por el nombre y apellidos. Recordó que entre los datos de identificación exigidos no figura el domicilio, lo que aminora el citado riesgo.

El socialista Antonio Sotillo negó que la práctica denunciada esté generalizada y dijo compartir en todo caso la preocupación del proponente. Añadió que dicha práctica infringe la ley y atribuyó la responsabilidad de este hecho especialmente a la Administración de Justicia "cuya primera función es cumplir la ley". Aseguró que, en cualquier caso, no es función del Parlamento el exigir el cumplimiento de preceptos concretos, por lo que anticipó el voto contrario de su grupo.

Por el Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón se adhirió a la actitud. del Grupo Socialista, tras señalar que son "pocos supuestos" en los que no se cumplen las citadas exigencias legales. Insistió en que la Cámara no puede invadir las atribuciones de los jueces y en el riesgo reconocido por el propio Bandrés para la seguridad de los miembros de los cuerpos policiales.