El Consejo acuerda soluciones para la permanencia del personal contratado en la Administración

El Gobierno está dispuesto a buscar soluciones que posibiliten la permanencia de los contratados por la Administración Pública, conforme un acuerdo del Consejo de Ministros celebrado ayer en el Palacio de la Moncloa. Según este acuerdo, destinado a resolver la situación de los contratados que realicen funciones no docentes, el Gobierno convocará pruebas restringidas de acceso a la función pública y pruebas selectivas para el ingreso de los contratados en la plantilla de personal laboral, según se trate o no de funcionarios de carrera.Los casos del personal contratado que no puedan incluirse, por su función, en los dos supuestos mencionados, o no hayan superado las pruebas, recibirán un tratamiento singular.

Una comisión presidida por el director general de la Función Pública y que incluye representantes de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda estudiará y elaborará las decisiones a adoptar en base a la documentación que presenten, antes del próximo 15 de junio, los ministerios y diversos organismos que componen la Administración Pública.

"El Gobierno desea posibilitar la permanencia al servicio de la Administración de este colectivo de empleados públicos", dice textualmente la referencia oficial del Consejo, "que debido a que la contratación ha sido mucho más amplia de la legalmente prevista, afecta a un importante número de personas, y ha producido situaciones y problemas humanos y de empleo que es preciso resolver".

También acordó el Consejo de Ministros de ayer fijar en un 12% el interés de los créditos oficiales que se concedan al sector eléctrico, al sector de la minería del carbón -hasta ahora regía un interés del 11 %-, y a las empresas periodísticas editoras de prensa diaria. En este último supuesto, hasta ahora el interés era del 11 % para operaciones de hasta 100 millones de pesetas, y del 12% para las que superasen esta cantidad.

Otro crédito, de cuantía no especificada, cuya finalidad es conceder anticipos a los afectados por la enfermedad del aceite tóxico de colza, completa las medidas más importantes adoptadas ayer a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo que se refiere a Trabajo y Seguridad Social, el Gobierno aprobó ayer un real decreto cuya finalidad es la de facilitar la incorporación de los minusválidos al mundo laboral.

A propuesta del ministro de Industria y Energía, el Consejo acordó la ampliación de la autorización de aviones Airbus y de concesión de avales y cobertura de riesgos correspondientes, por un importe superior a los 7.500 millones de pesetas. "Es una consecuencia obligada y acostumbrada de la participación es pañola en el programa Airbus", según se argumenta en la referencia oficial, "en el que el Gobierno español colabora con los de Francia, Alemania Federal, Gran Bretaña, y Holanda", país este último en calidad de asociado.

Finalmente, el Consejo nombró embajador de España en Etiopía a Enrique Romeu Ramos; embajador en Arabia Saudita a Tomás Chávarri del Rivero, y director general de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda a Carlos Sebastián Gascón.