A Pablo Castellano

Señor Castellano: no sé si la Prensa ha recogido con exactitud las manifestaciones que últimamente viene usted haciendo sobre nuestra Administración de justicia. Por si lo fueran, quiero, por única vez, dirigirle esta carta abierta con ánimo de que, al serlo, la opinión pública tenga también ocasión de oír mi voz. Porque es el caso que tanto usted como yo, aparte de ser dos ciudadanos con nuestra libertad de opinión y de expresión a cuestas, ostentamos dos cargos que tienen mucho que ver con la justicia, y a veces al lector le resulta difícil separar cargos y personas y se complican las cosas, lo cual es malo, puesto que el lector también tiene derecho a una información veraz y completa.Es cierto que usted no ha informado sobre la justicia, sino que se ha limitado a opinar sobre ella, y yo debo -y conste que lo hago sinceramente- respetar su opinión.

Usted cree que la justicia, o más concretamente los jueces, deberían ser elegidos directamente por el pueblo y quedar sujetos a control del Ejecutivo y del Legislativo, con lo que se evitarían clasismos y burocracias. Muy bien. A usted no le gusta que la Constitución haya creado el Consejo General del Poder Judicial como lo ha hecho (un estrabismo de la Constitución). Perfectamente. Y puesto que usted es diputado, podría, con más facilidad que yo, intentar el cambio necesario. De la justicia y de otras cosas que tampoco agradan. No faltaría más.

Pero no creo que al ciudadano le interesen demasiado los gustos personales de quienes, por una u otra razón, tenemos acceso a los medios de comunicación. El ciudadano también tiene los suyos, y casi siempre tiene que guardárselos.

Los problemas públicos, me parece, no se resuelven con gustos personales, por respetables que sean, como lo son los de usted y los míos, sino con rigor.

Y, hor por hoy, la Administración de justicia es exactamente como la ha querido el pueblo español que refrendó la Constitución; cada juez tiene sus criterios personales sobre los valores, derechos y libertades de esa norma fundamental (¡no irá usted a negárselos!), pero, como juez, respeta, promueve y ampara cuanto de ella se espera y puede esperar el pueblo. Si yerra, hay recursos y remedios legales, que usted, como buen jurista, conoce, para corregir el error. Y esto es el título democrático que, hoy por hoy, corresponde a nuestra justicia. Desde enero de 1979, nuestros jueces están aplicando directa y positivamente los preceptos constitucionales; que alguna interpretación no le guste a usted, es cosa distinta. A muchos tampoco nos gustan otras cosas y para eso está la crítica, la reflexión y la conciencia de servir, con ambas, a toda España.

Pero, a menos que usted crea que el único criterio válido de entender la democracia es el suyo (y no creo que lo sea, porque le considero buen demócrata), tendrá que reconocer que nuestra democracia, la nuestra, la de 1978, se basa en el pluralismo no sólo político, sino de criterios y contrastes. Pluralismo que se debe no ya respetar, sino promover.

Sin ninguna acritud, sin ninguna reserva mental, le dirijo estas líneas, a través de la opinión pública, para que sepa que a la justicia no le duelen las opiniones contrarias a lo que de sí misma piensa (y datos públicos hay de su severa autocrítica), ni le duele tampoco la aspereza con que las de usted se han difundido. Sí teme que esa aspereza contribuya poco a empujar y clarificar las instituciones. /

presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.