Sobre algunos sofismas jurídicos graves
Algunos problemas candentes, como la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión y libertad provisional o la reforma del Código Penal en lo que afecta al aborto, han acercado a todos los ciudadanos al tema del Derecho, normalmente alejado de las opiniones de la mayoría y reservado a la cultura jurídica de los especialistas, de los operadores jurídicos. La gran mayoría socialista en las Cortes Generales es un elemento que también, a mi juicio, ha contribuido a esta puesta en primer plano del Derecho, puesto que es el cauce del cambio, y tanto los votantes socialistas como sus adversarios se interesan por el fenómeno jurídico. El factor político, inseparable del Derecho, debe ser también tenido en cuenta a la hora de opinar, de reflexionar o simplemente de estar ante lo jurídico, porque el poder es el hecho del que surge el Derecho positivo. Si se quiere tener los pies en el suelo cuando se expresa un punto de vista sobre el Derecho, éste debe abarcar también a la realidad del poder, normalmente, en la cultura jurídica y política moderna, como poder del Estado.Es difícil ser neutral en estos temas; la vieja pretensión de Weber es especialmente compleja en este campo, encrucijada de intereses, de posiciones políticas, de lucha por el poder, de presiones de grupos; en definitiva, de pasiones y de sentimientos que expresan el pluralismo real existente en la sociedad. La aceleración de la sociedad española, su evolución rápida en los últimos años, completa el panorama de las dificultades. Sin embargo, se debe hacer el máximo esfuerzo para no confundir, sino, por el contrario, para informar y orientar correctamente a los ciudadanos en su interés por el Derecho para que puedan valorar las cosas y entender el proceso jurídico, su evolución y su desenlace. Una sociedad formada por ciudadanos mal informados no está bien capacitada para entender ni para decidir, y, por consiguiente, no será plenamente una sociedad democrática. Tengo la impresión de que un vigoroso esfuerzo en ese sentido, que en otras ocasiones he denominado pedagogía de la libertad, se debe hacer en España hoy. Quizá una de las primeras acciones en ese sentido es desvelar algunos sofismas jurídicos que pueden llevar a malas interpretaciones y que algunos están difundiendo.
Quizá entre los sofismas jurídicos más extendidos en nuestra sociedad se encuentren los que aparecerían formulados de la siguiente manera: "La mayoría parlamentaria, al hacer las leyes, establece lo que es justo y debe,. por consiguiente, ser obedecido"; y "cuando el Derecho se opone a la moral objetiva, a lo que es justo en sí, no es realmente Derecho y no hay obligación de obedecerlo". Son dos sofismas que se oponen entre sí, que son contradictorios; pero, a mi juicio, igualmente disolventes y desintegradores de la convivencia.
Por el primero de ellos se identifica decisión de la mayoría con justicia y, consiguientemente, con fundamento de la obligación de obediencia. Mucha gente piensa que las decisiones de la mayoría son, por eso sólo, justas y que deben ser incondicionalmente obedecidas. Tal creencia no está fundada y no es, aunque resulte chocante, reflejo correcto del punto de vista democrático. Es verdad que ante la dificultad -imposibilidad- de basar la autoridad en la verdad, como explicité en un reciente artículo en este periódico, se ha basado en la ley de las mayorías. El Derecho, como expresión primera de la autoridad, se funda también en la ley de las mayorías. Sin embargo, que el Derecho sea tal por decisión de la mayoría, y mande, prohíba o permita una determinada cosa, no significa que esté cerrado el debate en ese punto y que no se pueda discutir o censurar, sobre la base de concepciones discrepantes, por las minorías no coincidentes. Por eso, la mayoría, por medio de la ley, sólo establece lo que es Derecho, que no necesariamente tiene que coincidir con lo que es justo (aunque puede coincidir y también puede estar equivocada en ese punto la posición de la minoría, y además es minoría). En ningún caso es indubitado que sea justo sólo por ser decisión de la mayoría. Eso obliga a reconocer el derecho a seguir discrepando desde una moralidad crítica. Muchos derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho de asociación, de reunión y de manifestación, tienen como objetivo principal el acoger ese derecho de las minorías a disentir del Derecho aprobado por la mayoría e intentar convertirse en mayoría para cambiarlo.
Por otra parte, no todo lo que aprueba la mayoría parlamentaria es Derecho. Para serlo tiene que estar de acuerdo con los límites materiales y formales que la Constitución, como norma fundamental, establece. En la cultura jurídica europea, y en concreto en la Constitución española de 1978, hay un órgano sumamente importante, el Tribunal Constitucional, que tiene el encargo de preservar la integridad de la Constitución y, consiguientemente, de vigilar el uso que hace la mayoría de su situación al producirse el Derecho.
El primer sofisma jurídico no es cierto en cuanto que el Derecho producido por la mayoría es, sin duda, Derecho, pero no es necesariamente justo; y en cuanto a sus contenidos y a su forma de producción, debe ajustarse a los límites constitucionales. Sobre si el Derecho debe ser siempre obedecido, creo que es conveniente analizar esa proposición conjuntamente con el segundo sofisma, que hemos formulado así: "Cuando el Derecho se opone a la moral objetiva, a lo que es justo en sí, no es realmente Derecho y no hay obligación de obedecerlo".
Algunos sectores de la oposición y también sectores sociales, especialmente algunos pastores de las iglesias, utilizan reiteradamente ese argumento. Sin embargo, la historia del pensamiento, de la filosofía moral y jurídica, nos pone de relieve la imposibilidad de sostener ese punto de vista. El llamado Derecho natural -expresión confusa, aunque de una acreditada raigambre histórica- no se ha podido concretar nunca. Hay tantos derechos naturales como autores han pretendido fundarlo. No se acaban de poner de acuerdo en cuál sea la norma máxima de esa moralidad de la que se desprenden todas las demás. Así, se dice que es el principio "haz el bien y evita el mal", o la búsqueda de la paz, o el principio de la sociabilidad, o "no hagas a los demás lo que no quieras que éstos te hagan a ti", etcétera. Quizá la mejor prueba de la falacia de esa pretensión de poner una moral objetiva -Derecho natural- es la falta de acuerdo de los que la defienden. Difícilmente en esas condiciones puede ser el elemento de comparación para juzgar de la juridicidad de las normas aprobadas por la mayoría. Casi se puede decir que esa afirmación es hoy un sinsentido vacío de contenido.
Pero, aun admitiendo su posibilidad, no está claro que se deba sacar como consecuencia que el Derecho no ajustado a esa moralidad no es Derecho. Ciertamente que es bueno ese impulso permanente de lo más noble del espíritu humano de luchar por el ideal de justicia, pero no parece el mejor camino el negar el carácter jurídico a las normas que se opusieran a él, sino quizá luchar, en el ámbito de las reglas del juego de una sociedad democrática, para cambiarlo. Por otra parte, si, como hemos visto, la pluralidad de puntos de vista es tan amplia, ¿a cuál de ellos habría que atender para considerar lo que es y lo que no es Derecho? ¿Deberíamos estar a merced de la primera posición subjetiva que dijese que algo es injusto para privarlo de la condición de jurídico? ¿No se llegaría a la anarquía y a la disolución de la convivencia en esas circunstancias? ¿Cómo se resolvería si hubiese puntos de vista enfrentados sobre lo que es o no es moral? ¿Habría forma de evitar la violencia? Todas estas preguntas, con sus obvias respuestas, ponen de relieve más aún la falacia de la proposición que comentamos y desenmascaran los intereses que laten en su raíz: un dogmatismo y una tolerancia que pretende el monopolio de la verdad.
Al rechazar este sofisma rechazamos su consecuencia, no hay que obedecer al Derecho que unos consideran injusto, y estamos en condiciones de responder a la pregunta de si hay que obedecer al Derecho que quedaba pendiente del primero de los sofismas que hemos analizado. Me parece que hay que obedecer al Derecho, no porque sea siempre justo, sino porque hay caminos para cambiarlo en una sociedad democrática.
El viejo lema "obedece puntualmente, critica libremente" es adecuado para afrontar el problema.
Ciertamente, puede haber casos en que una conciencia individual sea irreductible y considere que no puede cumplir, sin pérdida de su condición de persona moral, una determinada norma. Su desobediencia puede estar moralmente justificada, pero el Derecho, para mantener su eficacia, debe sancionar esas conductas.
En todo caso, en una sociedad democrática, la aparición de esa realidad de la desobediencia civil no es normal, y si se generalizase habría que preguntarse qué es lo que falla en el sistema.
