Requerido el ministerio fiscal para que defienda a los Ruiz-Mateos en la fijación de justiprecio por Rumasa

José María Ruiz-Mateos y sus cinco hermanos, propietarios del 100% de las acciones del holding Rumasa hasta la expropiación por el Gobierno, no comparecieron ni enviaron representante alguno ayer a la asamblea general de la entidad, que habían tratado de impedir al considerarla ilegal. La reunión fue convocada por los nuevos administradores para designar el órgano encargado de pedir la indemnización o justiprecio y representar a la propiedad en otras acciones judiciales. De acuerdo con el decreto-ley expropiatorio, por la ausencia de los accionistas ha sido requerido el ministerio fiscal (representación pública), con el fin de que les represente en el procedimiento de expropiación y proponga justiprecio antes de seis meses.

La asamblea general de la cabecera del grupo, que se desarrolló exactamente como habían preparado el día antes por la tarde los administradores (véase EL PAIS de ayer), era considerada muy importante por ambas partes: representación del Estado y de los Ruiz-Mateos. También han empezado a formarse, mediante sesiones similares organizadas en diversas capitales españolas, las respectivas comunidades de accionistas de los dos centenares y medio de empresas incluidas en la lista del citado decreto-ley.Juan Barrio, uno de los nuevos administradores del holding, declaró a este periódico que en media docena de empresas donde Rumasa o los Ruiz-Mateos no tenían toda la propiedad y ya se han reunido las asambleas, la presencia de representantes del capital ha sido abundante. Añadió que, curiosamente, en algunos casos los accionistas han delegado en la nueva administración la solicitud de indemnización.

A la asamblea de la cabecera Rumasa asistieron cuatro representantes del Estado, un notario y 35 periodistas, a quienes fue facilitado el acceso por decisión del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Se celebró en el aula de cultura de la sede central del grupo, y empezó a las 12,20 de ayer, bajo la presidencia del administrador solidario, Jaime Isac. Bajo las gradas de butacas, cuya primera fila permaneció vacía, en el escenario del aula tomaron también asiento, en torno a una mesa circular con ocho plazas, Ricardo Goytre, responsable de las divisiones no financieras; Ricardo Boluffer, administrador general; el notario Roberto Blanquer; el igualmente administrador Juan Barrio y el asesor jurídico José Luis Muñoz,

Una vez que declaró constituida la mesa de los administradores solidarios, como paso previo a la formación de la comunidad de interesados en Rumasa, SA, el presidente requirió formalmente al notario para que diera fe de ello y de la "incomparecencia, de momento", de los accionistas o de sus representantes legales (José María Ruiz Mateos, con un 50% del capital, y sus cinco hermanos con el 10% restante cada uno). "Tras un plazo prudencial de 15 minutos, si continúa la incomparecencia", dijo Isac, "se dará por levantada la sesión".

Tras un cuarto de hora en que los sentados en torno a la mesa comentaron en voz baja diversas incidencias particulares, Isac tomó otra vez la palabra para declarar cerrado el acto, "requiriendo al notario para que del acto y acta traslade copia al ministerio fiscal, a efectos del artículo 42, párrafo segundo", del decreto-ley de expropiación.

El presidente manifestó después a los periodistas que, en virtud de dicho artículo, las asambleas de las respectivas comunidades de accionistas han de designar un órgano de representación de cara a presentar propuesta de justiprecio. En caso de incomparecencia, como el ocurrido, la constitución del órgano es automática y se seguirán diligencias ante el ministerio fiscal. Este, como los órganos de accionistas que puedan formarse en cada empresa, debe presentar en un plazo máximo de seis meses la hoja de aprecio.

Isac precisó que el ministerio fiscal podrá pedir para ello "los datos contables de valoración que requiera, y que le facilitaremos los administradores". Los representantes del Estado, si no están conformes con dicha hoja, disponen de un plazo máximo de otros seis meses para formular la suya. En caso de discrepancia, el justiprecio deberá ser fijado por el juzgado de expropiación de Madrid, cuyo fallo es recurrible en última instancia ante el Tribunal Supremo.