Las indemnizaciones a los españoles expropiados por Cuba siguen pendientes en su integridad

El contencioso hispano-cubano sobre las indemnizaciones documentalmente solicitadas tras las expropiaciones revolucionarias a 3.151 ciudadanos españoles, que fueron evaluadas en 350 millones el año 1968 está pendiente en su integridad, según señalaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Oficialmente se sale así al paso de las afirmaciones contrarias sostenidas por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Isidoro Malmierca, en declaraciones a este periódico (véase EL PAÍS de 19 de marzo pasado), a tenor de las cuales las reclamaciones habían quedado resueltas con todos los países, salvo con Estados Unidos.El ministro cubano decía que el comportamiento de Washington había impedido hasta ahora una solución, cuyo logro constituirá uno de los capítulos de las futuras conversaciones entre ambos países, "que después de 25 años no corren prisa". Malmierca admitía, en último, extremo "que pueden quedar algunas reclamaciones pendientes de españoles", pero indicaba que carecía de información detallada.

Respecto a la suerte del español Eloy Gutiérrez Menoyo, que lleva 18 años en las prisiones cubanas, Malmierca apuntaba que "se trata de un condenado por los tribunales". Las autoridades españolas estiman, por el contrario, que la sentencia está cumplida y que la prórroga de su reclusión se hace en base a la negativa de Menoyo a los planes de reeducación para penados.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores puntualizaron que, tras la nacionalización por parte del Gobierno cubano de los bienes de los españoles en la isla, el 14 de marzo de 1967 se firmó en La Habana un "acuerdo preliminar sobre reclamaciones relativas a bienes españoles afectados por disposiciones del Gobierno revolucionario de Cuba". En ese texto las autoridades cubanas reconocieron la lesión patrimonial causada a los ciudadanos españoles y declararon su propósito de atender y evaluar, con vistas a su indemnización, las posibles reclamaciones.

El acuerdo preliminar

Dentro del plazo de un año fijado en el acuerdo preliminar, 3.151 ciudadanos españoles afectados presentaron documentalmente ante las autoridades competentes sus reclamaciones. Para fijar la cuantía y forma de pago de las indemnizaciones -no precisadas en el acuerdo de 1967- tuvieron lugar entre los meses de febrero y abril de 1970, en La Habana, unas negociaciones donde la parte cubana ofreció una cifra por debajo de los 27 millones de dólares, frente a los 350 reclamados, que se juzgó muy insuficiente por la delegación española. Tampoco se logró nunca definir el plazo en el que se harían efectivas las cantidades.Con ocasión del viaje a La Habana del presidente Adolfo Suárez en junio de 1978, se llegó a un principio de acuerdo con el Gobierno cubano para desbloquear este viejo contencioso. En consecuencia, las autoridades de la isla presenta ron un proyecto de acuerdo que fue estudiado en varias reuniones por una comisión interministerial presidida por el director general de Coordinación de la Administración del Estado, del Ministerio de la Presidencia. Su negociación, que incluía una oferta española de crédito para material educativo, no pudo proseguirse, dada la exigüidad económica de la propuesta cubana.

Otros países, como Francia, Canadá, Italia y Suiza, han concertado mediante acuerdos la solución de las indemnizaciones reclamadas por las expropiaciones a sus respectivos ciudadanos. Las cifras obtenidas, según la información disponible, no resultan muy alentadoras. Su monto se cree saber que es inferior al 15% de las cantidades pedidas por los afectados. En el caso español, las autoridades cubanas discuten la nacionalidad de algunos de los reclamantes amparados por el Gobierno de Madrid. El contencioso hispano-cubano se encuentra en una situación de bloqueo sin perspectivas inmediatas, una vez que la anunciada visita de Fidel Castro a España sigue sin concretarse.