Las autoridades españolas devolverán 2.200 africanos a sus países de origen

,La Administración tiene previsto legalizar la permanencia en España de los jóvenes de color que cuenten con un medio de vida estable en nuestro país y devolver a los restantes a sus lugares de origen, aproximadamente unos 2.200.

Esta parece ser la decisión más importante de las autoridades ante los problemas surgidos a raíz de la llegada de gran número de trabajadores africanos, procedentes sobre todo de Sengambia, a diversas localidades del Maresme y del litoral gerundense. Ayer, en el trascurso de una reunión celebrada en el Gobierno Civil de Gerona entre el titular, Miquel Solans, y los alcaldes de Blanes, Sant Pere Pescador Y L'Armentera, las localidades más afectadas, Solans manifestó que, en una primera estimación, se podría legalizarla situación de 250 ó 300 trabajadores de color, y el retorno al continente africano de unos 2.200 más.

En principio se dará oportunidad de permanecer legalmente a aquellos que puedan justificar su estancia ininterrumpida en nuestro país y un trabajo estable por, un período no inferior a tres años. Estos deberán presentar en un plazo de tres meses un contrato de trabajo de acuerdo con la normativa vigente y un visado provisional, requisitos ambos que les darán derecho a obtener el permiso de residencia o de trabajo.

El aspecto más problemático de la medida en estudio es la fórmula a utilizar para devolver a sus países de origen a los trabajadores africanos que no puedan permanecer en España. Además del problema económico que supondrá la financiación de una operación semejante, resulta difícil también establecer cómo se llevará a la práctica. Otra de las medidas que' podría tomar la Administración es la de establecer un control estricto de entrada de extranjeros a nuestro país, denunciando si e s nece lario los. convenios. establecidos con diversos países africanos.

Entre el paquete de acciones a emprender para dar solución al conflicto, figura también la de reformar los servicios de inspección y control de los titulares de explotaciones agrícolas para evitar la contratación de trabajadores en condiciones de ilegalidad.

En los últimos meses,se han impuesto ya diversas sanciones de 25.000 pesetas de multa por trabajador contratado de forma fraudulenta, pero la falta de medios de los actuales servicios de inspección han hecho ineficaz esta acción. Es también intención del Gobierno promover la contratación para las tareas agrícolas de mano de obra autóctona.

Según informó el gobernador civil a los alcaldes, estas medidas fueron analizadas en una reunión que tuvo lugar la pasada semana en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid, en la que además de los gobernadores civiles de G-erona y Barcelona participaron el subsecretario del Interior, el director general de Asuntos Consulares y el director general de Empleo.

Uno de los alcaldes que acudieron al Gobierno Civil , de Gerona dijo que "en general las medidas propuestas me parecen bien. No obstante será dificil para los empresarios agrícolas mantener sus explotaciones si deben pagar por la mano de obra un precio superior al que pagan en estos momentos."