Cerca de 5.000 reclusos, afectados por la nueva ley

Existen en nuestro país 23.000 presos, aproximadamente, de los cuales algo menos de la mitad -unos 10.300 hombres y 429 mujeres- son preventivos, según declaró ayer en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, en el debate del proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.No obstante la falta de precisión sobre las cifras de presos preventivos, es voluntad de los nuevos responsables del Departamento de Justicia aliviar la situación de los aproximadamente 11.000 reclusos preventivos mediante la tramitación urgente del proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que ayer tarde se vio en el Congreso de los Diputados. Los trámites parlamentarios de dicho proyecto de ley pueden verse reducidos a treinta días, a partir de los cuales los presos tendrán que esperar tres meses para su aplicación, ya que así lo establece una disposición transitoria de la citada ley.

Esta pausa de los tres meses viene motivada por problemas de administración de la justicia, y en ese plazo los jueces deberán enjuiciar todos los casos de preventivos para dilucidar quiénes se verán afectados por la ley y quiénes no. En principio, se calcula en medios judiciales que recuperarán la libertad condicional alrededor de 5.000 reclusos, cuya prisión ha sobrepasado ya el límite de régimen preventivo que marca la ley: dieciocho meses.

Reforma urgente del Código Penal

Esta tradicional reivindicación de la población reclusa, que otros años originó motines generalizados en todo el país, viene seguida de la demanda de reforma urgente del Código Penal en aquellos artículos que también afectan a la situación de los preventivos.Hoy, la Comisión de Justicia nombrará a los miembros de la ponencia encargada de iniciar los trámites parlamentarios de esta reforma del Código, que fue separada de la despenalización del aborto precisamente para dar mayor agilidad a los debates y solucionar cuanto antes el hacinamiento actual de las cárceles españolas.

De las etapas anteriores, concretamente de la época en que Carlos García Valdés era director general de Instituciones Penitenciarias, proviene el caso del preso preventivo que ostenta el triste récord en las cárceles españolas: Daniel Pont Martín, que salió de la cárcel de El Puerto de Santa María, en Cádiz, después de haber esperado seis años la celebración del juicio.