Clima difícil entre el PSOE y el Grupo Popular para la renovacíon del Tribunal Constitucional

Los recientes conflictos jurídicos entre el Gobierno y la oposición -en particular, el decreto-ley sobre expropiación de Rumasa y el recurso previo contra la modificación de la ley de Elecciones Locales- han creado un clima difícil para la negociación entre el PSOE y el Grupo Popular sobre la elección parlamentaria de un total de diecisiete altos cargos, pendiente desde el comienzo de la legislatura. Sin embargo, fuentes socialistas manifestaron a este periódico que, aunque es "mal momento para negociar", es muy probable que el Pleno del Congreso que empieza mañana cubrirá la vacante del Consejo General del Poder Judicial mediante la elección de Perfecto Andrés Ibáñez.

Una serie de importantes decisiones adoptadas durante las últimas semanas han forzado un funcionamiento intensivo de destacadas instituciones del Estado tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, y han llevado al primer plano de la actualidad a estos y otros organismos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, cuya actividad esencialmente jurídica les aleja habitualmente de la polémica política. Entre otras resoluciones, el Consejo de Estado ha entregado ya al Gobierno el dictamen que le solicitó sobre el decreto-ley por el que se expropia Rumasa. Según supo EL PAÍS de fuentes solventes, el alto órgano consultivo se ha pronunciado a favor de la formulación jurídica de la medida gubernamental. La última palabra será, en todo caso, del Tribunal Constitucional.La seguridad jurídica, en peligro

El Tribunal Constitucional ha tenido que mediar ante la situación planteada por la presentación de un recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley orgánica que modifica la de Elecciones Locales, después de que se hubiera producido la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Aunque el tribunal no ha tenido dudas al resolver en favor de la Constitución el conflicto planteado entre el plazo de quince días, sin limitaciones, establecido por ésta para la sanción de las leyes, y el de tres días previsto por la ley del Tribunal Constitucional, desde la conclusión del proyecto de ley, para la formulación del recurso -no parece que vaya a tenerlas en la casi segura denegación del recurso de súplica planteado por el Grupo Popular-, ha quedado en evidencia que la convivencia de ambos plazos puede plantear inseguridad jurídica.

Para obviar en lo posible este problema, el presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Gregorio Peces-Barba, tiene previsto, según manifestó a este periódico, preguntar a los diputados, al término de la tramitación de un proyecto de ley, si algún grupo parlamentario tiene el propósito de plantear el recurso previo.

En cualquier caso, el hecho de que los insignes juristas que forman parte. de los altos órganos del Estado hayan tenido que manifestarse, desde la neutralidad de las instituciones constitucionales, sobre asuntos de alcance político, contrasta con el retraso de los protagonistas de la acción política -Gobierno y Parlamento- para resolver cuestiones que les afectan. Así, según fuentes próximas al Tribunal Constitucional, la tardanza del Congreso de los Diputados en decidir sobre la ratificación o renovación de cuatro de sus magistrados está produciendo un auténtico atasco en sus trabajos, ya que la falta de seguridad sobre la continuidad o no de un tercio del tribunal plantea una situación de provisionalidad a la hora de encomendar las ponencias y participar en el estudio de los numerosos recursos planteados.

Un primer paso hacia la elección parlamentaria de los diecisiete cargos institucionales pendientes -cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, un vocal del Consejo General del Poder Judicial y doce consejeros de administración de RTVE- puede producirse mañana si la Junta de Portavoces del Congreso mantiene en el orden del día del Pleno que se inicia por la tarde la elección de un vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El candidato socialista para la cobertura de la vacante existente en el citado consejo es Perfecto Andrés Ibáñez, juez de primera instancia e instrucción de Logroño. Por el momento, el Grupo Popular ha reconocido que el mantenimiento del equilibrio establecido en la anterior legislatura pasa por la sustitución de Fernando Ledesma, que cesó a causa de su designación como ministro de Justicia, por una personalidad igualmente progresista.

El Consejo General del Poder Judicial cuenta con veinte miembros además del presidente, doce de los cuales son elegidos por el estamento judicial entre jueces y magistrados, y los ocho restantes por el Parlamento. La actual estructura del importante órgano de gobierno del poder judicial, en el que predominan los vocales de origen conservador, ha impulsado al Gobierno a plantear la necesidad de que no se modifique su composición de modo que resulte potenciada la tendencia de los miembros que representan a la profesión judicial. El Grupo Popular ha aceptado este criterio, siempre que no se extienda al resto de la negociación pendiente.