La UMD, el derecho y la política

En las postrimerías del franquismo, cuando, España hervía de movilización ciudadana, de plataformas y juntas vindicadoras .de la democracia y las libertades, un grupo de militares en una opción difícil e ingrata, anteponían su sentido de la lealtad al pueblo (cuyo servicio constituye la razón de ser prístina de cualquier ejército) sobre las leyes de tan larga -e incapaz de evolución- dictadura, que, además, pretendía perpetuarse a lo caetano. Propugnaban, más o menos, lo que cuatro años después sería Constitución de 1978, dicho en otros términos, un Ejército vinculado a la voluntad popular, no a la de una oligarquía. Con tales planteamientos se reunían clandestinamente en la Unión Militar Democrática.El asunto era, evidentemente, político, no sólo -ni siquiera principalmente- interno del Ejército cual mera cuestión de disciplina.

Por encima de su perspectiva intracastrense era, subrayamos, profundamente político, en su acepción más digna y grave, donde la política linda tanto con el amor a la patria cuanto con la filosofia del Estado. Y era hondamente político, entre más razones, porque el Ejército había sido durante cuatro décadas la columna vertebral de'un régimen político muy concreto que, sin el soporte de las Fuerzas Armadas, hubiese resultado inimaginable. Desde ahí, politica fue la detención y juicio de aquellos militares (ole algunos de ellos, pues no se quiso escandalizar con su número completo), política fue su amnistía y política fue su exclusión .del Ejército -pese a la amnistía- hasta el momento actual. Política debe ser, pues, la decisión de reincorporarlos al servicio activo. Política y ética.

Honestidad y patriotismo

Si hay que resumir lo expresado, la actitud de aquellos iniflitares umedos (aunque otros militares, con enfoques subjetivamente honestos, pero excluyentemente disciplinarios, no acierten a comprenderlo) fue fruto de su "honestidad y virtudes patrióticas, al, adelantarse en la asunción de esos ideales democráticos que hoy son patrimonio de todos los españoles ( ... ), al pensar que la soberanía nacional debía corresponder al pueblo español", que son palabras de la proposición de ley presentada en el Senado el 29 de diciembre de 1978 bajo las firmas de Villar Arregui y Joaquín Satrústegui, en nombre del grupo Progresistas y Socialistas Independientes.

Esta proposición legal -basada en la Constitución y en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas- recordaba en su preámbulo que, ya en julio de 1977, el Senado había aproba do por aclamación pedir al Gobierno qué no hubiese trato desigual entre los militares y los funcionarios civiles en cuanto a los beneficios de la amnistía. Continuaba recordando que la amnistía de octubre de 1977 fue "promulgada en momentos de tensión" que impidieron "la equiparación de derechos entre civiles y militares", por lo que "la prudencia política de las fuerzas democráticas indujo a posponer esa equiparación para un momento en que, superadas motivaciones emocionales, el proceso de racionalización pudiera culminarse", de modo que, "cuando, llegase la serenidad a este país, podría pre sentarse una proposición de ley por la que se subsanaran los defectos que la Cámara advertía" en dicha ley de amnistía de octubre de 1977.

Entre estos defectos destacaba la anticonstitucional discriminación en el trato dado a los funcionarios civiles y militares, pues aquéllos, y éstos no, fueron reincorporados a sus respectivos cuerpos.

Caducadas las Cortes constituyentes, una nueva proposición ole ley, presentada por casi todos los grupos parlamentarios con fecha 26 de junio de 1980, volvió a plantear reglamentariamente el tema. La firmaban esta vez Jiménez Blanco (UCD), Alfonso Guerra, Ernest Lluch y Carlos Solchaga (por los tres grupos del PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Roca Junyent (Minoría Catalana) y Angel Arredonda (PSA). (Creo recordar que el PNV estaba ausente del. Parlamento.) Por aquellas fechas también los coinandantes Monge y Lastres, el capitán García Oviedo y un servidor -entre quienes mi menoria guarda- se refirieron en la Prensa a la necesidad de racionalizar de una vez el asunto en el marco de un Estado de derecho y dejarse de fantasmas, además de que todo régimen político había siempre reincorporado a aquellos militares que se adelantaron a propugnar tal régimen. Esa era la doble perspectiva -caras de tina misma moneda, en este caso- jurídica y política. La proposición parlamentaria de juanio de 1980 lleva desde entonces aparcada.

He aquí, a vuelapluma, los datos del problema, en el cual va demasiada credibilidad para considerarlo inane. No se trata de una medida de gracia, sino de justicia y de reconciliación. Se trata también de saber si el Parlamento es capaz de corregir unos defectos resaltados por él mismo, de conocer si en este país hoy el derecho y la política se mueven por la razón y la serenidad o todavía por motivaciones emocionales. Están en juego (entre otros) los artículos 9, 14 y 53 de la Constitución y los 11, 26, 169 y 185 de las ordenanzas militares.

Rodaje suficiente

Cuatro años largos de rodaje de la Constitución parecen suficiente período transitorio o de adaptación para quienes no sintieran la democracia.

Resulta, por otra parte, demasiado grotesco que se haya reincorporado al servicio activo un comisario de policía culpable de torturar y matar -durante el régimen anterior, en un interrogatorio- a un militante de un partido hoy legal y parlamentario (igual que hubiera podido eventualmente reintegrarse a la Administración del Estado un etarra condenado por asesinato y amnistiado en octubre de 1977) y no lo hagan en cambio unos militares que se reunieron para pedir la libertad, la democracia y un Ejército al servicio de la voluntad nacional.