Demanda de los trabajadores de la Caja Rural de Santander

Hoy se ve ante la Magistratura del Trabajo de Santander la demanda presentada por alrededor de cincuenta empleados de la Caja Rural de Santander contra la dirección de la entidad por impago de importantes cantidades, que en algunos casos superan las 300.000 pesetas, en concepto de los incrementos salariales establecidos en el convenio de la banca privada de 1982 y que la Caja Rural santanderina se ha negado a abonar.La demanda está dirigida contra el Consorcio Nacional de Cajas Rurales que gestiona la Caja Rural de Santander desde que hace ahora un año fueron cesados por el entonces Ministerio de Economía y Comercio (hoy, Ministerio de Economía y Hacienda) a propuesta del Banco de España todos los directores de la entidad.

La actitud de los responsables del Consorcio Nacional de Cajas Rurales y especialmente del director de la Caja Rural Nacional, Antonio Gonzalo, responsable directo de la Caja Rural de Santander, ha sido calificada por algunas fuentes representativas de los trabajadores de Santander de "ineficaz y autoritaria".

Medidas de recuperación

A lo largo del tiempo trascurrido desde la intervención de la Caja Rural de Santander, ninguna medida ha sido adoptada para recuperar los numerosos créditos otorgados en dudosas condiciones y que suponen más de 1.200 millones de pesetas, de los que alrededor de setecientos están concentrados en el grupo formado por el ex diputado al Congreso y ex militante de Unión de Centro Democrático, Justo de las Cuevas.Por otra parte, las diversas reclamaciones realizadas, primero por vía notarial, más tarde ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC), por el comité de empresa para conseguir que a los trabajadores de la Caja Rural de Santander se les aplicase el incremento en el salario establecido en el convenio nacional de la banca privada del pasado año, han recibido el silencio, cuando no la amenaza, según han manifestado repetidamente algunos trabajadores de la entidad.

El acto de conciliación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, previo a juicio, terminó sin efecto al no comparecer los representantes de la caja.

Para los trabajadores es contradictorio que "se argumente que no hay beneficios y se diga que la caja atraviesa un momento muy difícil para justificar el impago de dicho incremento, cuando se gastan importantes cantidades de indemnizar a trabajadores cuyo despido ha sido declarado improcedente en Magistratura".

Insisten además en el hecho de que se pagase una indemnización de más de cinco millones de pesetas al ex director de la Caja Rural de Santander, Tomás Mier, tras su despido, "estando demostrado", precisan las citadas fuentes, "que es el responsable del hundimiento de la caja y de la comisión de numerosas irregularidades por una de las cuales se encuentra actualmente procesado y en libertad provisional junto con el presidente del consejo de administración".