Serán expropiadas otras 85 empresas de Rumasa

Unos 20.000 millones de pesetas en contra de Rumasa arrojó la diferencia entre las retiradas y los ingresos de dinero en los dieciocho bancos expropiados por el Gobierno desde la mañana del jueves a la tarde del lunes últimos, según fuentes oficiales. La situación mejoró ayer, segundo día tras la reapertura de las 1.200 sucursales, aunque primero en Andalucía. Entre tanto, las listas de empresas susceptibles de expropiación han sido nuevamente ampliadas, hasta llegar a unas 85 más. Incluso la que se presente en el Congreso de los Diputados -dentro del proyecto de ley que sustituirá al decreto-ley inicial- podrá ser engrosada mediante enmiendas del PSOE, en función de los datos que proporcionen inspecciones y auditorías.

Jaime Isac, coordinador de administradores generales, declaró ayer al mediodía que "las cosas van a mejor, pasada la prueba de fuego que supuso para los bancos el lunes". "En algunos bancos, como nos acaba de comunicar el Banco de Jeréz, por ejemplo, las cantidades ingresadas se aproximan o superan a las sacadas". Lo destacable hoy (por ayer) es la normalidad, aunque esto no sea noticia. Esto significa que el público no se ha espantado y que todo puede funcionar bien".Oficialmente no fueron proporcionados datos de retiradas de fondos. Fuentes del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos señalaron que nunca se ha hecho y no ven necesidad de romper la costumbre. Sin embargo, ha trascendido que las cifras manejados ayer por los nuevos responsables del holding de la abeja, procedentes de los dieciocho bancos expropiados, rondaban los 20.000 millones de pesetas, como diferencia entre los ingresos y las retiradas correspondientes al jueves, viernes, sábado y lunes.

Los datos incluyen todo tipo de operaciones, entre las que tienen especial importancia las reclamadas por los clientes desde otras entidades de crédito, que las han pasado ahora al grupo Rumasa por cámara de compensación bancaria. Desglosados por provincias, en Madrid hubo durante las mismas fechas un déficit de 9.000 millones de pesetas, frente al de 2.000 millones registrado en los mismos bancos durante los cuatro últimos días de enero.

Con la misma comparación -cuatro últimos días de febrero sobre cuatro últimos de enero, cuando también hubo pago de nóminas-, el aumento del déficit de caja en los dieciocho bancos a nivel nacional ha sido de 4.000 millones de pesetas (20.000 sobre 16.000 millones). Fuentes informadas han señalado que el balance no es negativo en comparación con situaciones similares. Para otros medios, debe tenerse también en cuenta que el mes de febrero suele ser más flojo en ventas comerciales que enero, por lo que los ingresos correspondientes a los cuatro días de referencia fueron presumiblemente menores.

Tampoco ayer se registraron noticias sobre incidentes en ninguna oficina. En las que, pese a haber sido reforzado, el dinero disponible no cubría los coeficientes establecidos, fueron autorizados descubiertos de caja. Sí trascendió que pudiera haber instrucciones para que las cuentas de organismos públicos no sean innecesariamente mermadas, y que algunos clientes se vieron sorprendidos por la no devolución del importe de certificados de depósito.

Fuentes de Rumasa han confirmado que los nuevos responsables del grupo dieron instrucciones para que se paguen los tipos de interés pactados, por altos que sean, pero sólo a quien demuestre ser su titular y porte los documentos en regla. Según medios bancarios, el problema es de gran trascendencia, pues la mayoría de los bancos ofrece todavía alternativas a sus clientes para entregarles el dinero de los certificados, aunque no está permitido por el Banco de España.

Precisamente gracias a estas alternativas los certificados de depósito, remunerados generalmente por encima del 13%, tienen gran auge desde hace varios años. A juicio de los mismos medios, si los nuevos administradores se mantienen inflexibles al respecto, los bancos podrían perder clientela.

Ampliación de las listas

En cuanto a la ampliación de la lista de expropiaciones publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado, se ha sabido que ayer había dos relaciones. Una, elaborada por el Banco de España, añade entre 80 y 85 nombres de sociedades a los 232 iniciales, de los que fueron excluidos tres por error de apreciación del capital participado y, otro más por error de transcripción. La otra, confeccionada por el nuevo comité de administración, incluía a primera hora de la tarde de ayer algunas menos, aunque también superaba ya el medio centenar de empresas añadidas hasta el lunes pasado.

La lista inicial, según ha trascendido ahora, fue proporcionada el miércoles de la semana pasada por el Banco de España al Gobierno, a partir de los datos que le había pasado el grupo de Ruiz-Mateos. Aunque en ella había participaciones indirectas, como la de una sociedad participada muy minoritariamente por un banco donde tiene ligera mayoría Rumasa, también se han notado ausencias de otras empresas en las que el holding de la abeja reúne el 100% del capital.

Ahora, una vez metidos los inspectores en los bancos, el Banco de España ha perfeccionado su relación. Al mismo tiempo, las empresas participadas y excluidas de la misma se han puesto en contacto con los nuevos administradores.

Las enmiendas que introduzca el PSOE, mientras dure el trámite parlamentario del proyecto de ley de expropiación enviado al Parlamento para reforzar el decreto-ley inicial, permitirán completar la lista definitiva, a reserva de hallazgos posteriores o de eventuales litigios y acuerdos.

La auditoría general que el Gobierno ha decidido encargar a Arthur Andersen, la firma contratada hace tiempo por José María Ruiz-Mateos y cuya labor suscitó polémica entre éste y las autoridades, tardará meses en proporcionar resultados solventes. Debido a los cruces de participaciones, medios próximos a los auditores hablan de que el primer balance consolidado del holding no estará terminado al menos hasta el próximo mes de septiembre.

Incluso quienes manejan este calendario inicial han previsto que, por la importancia y urgencia del examen de cuentas por alquien independiente al grupo, diversas firmas de auditoría ayuden a Arthur Andersen.

Además, dichos medios allegados a los auditores han señalado que la realización del nuevo trabajo ha plateado algún problema ético a la auditora, que las fuentes consultadas consideran superado. A ello puede haber contribuido la posible presencia de otras firmas en el trabajo.

Por otra parte, en la Dirección General de lo Contencioso, dependiente también del Ministerio de Economía y Hacienda -como se sabe, la gestión del grupo depende de otra dirección general del mismo Departamento, la de Patrimonio del Estado- ha empezado a formarse un centro de control de las expropiaciones y de la definición de justiprecios.

En principio, han sido designados para esta labor cuatro abogados del Estado, junto a otros funcionarios de cuerpos de gestión. Pero con el tiempo tendrá que ser reforzado. Llevar los trámites para el justiprecio de unas trescientas empresas, donde además de Rumasa se estima que puede haber otros 100.000 accionistas, requerirá una intensa actividad.

Indemnizaciones

De todas formas, las tareas de indemnización mediante justiprecio no han sido consideradas prioritarias en estos momentos, debido a que el decreto-ley marcaba unos plazos nada acuciantes.

El primero consistirá en la convocatoria de las comunidades de accionistas, debido a que la disposición dejó sin efecto las juntas de accionistas y, posteriormente, los administradores retiraron de sus funciones a los consejos de administración y consejeros delegados sin poder ejecutivo de dirección. Fuentes de toda solvencia han indicado que la mayoría de los justiprecios tardarán al menos un año en ser fijados....

Por último, medios del comité de administración han afirmado que las empresas del grupo siguen funcionando normalmente. Añadieron que si hubo pequeños problemas durante los tres días de cierre al público de los dieciocho bancos (jueves, viernes y sabado), el rápido nombramiento de nuevos administradores o la confirmación de directivos ha impedido que la actividad de cada empresa se retraiga con respecto a los planes marcados en los últimos meses.