Los aristócratas de la fe pública
El proyecto del Gobierno de controlar más la actividad de notarios y registradores no ha sido bien recibido por unos profesionales liberales que se resisten a la libre competencia
El anuncio por parte del director general de Registros y Notariado, Francisco Mata, de que se acortará la edad de jubilación de los notarios, se aumentará el número de notarías y registros, se restringirán las competencias de los colegios notariales para fijar el precio notarial y controlar el aumento de notarías y se intensificará la vigilancia para que se resida en la plaza y se dé: un buen servicio han causado cierto malestar entre los alrededor de 1.700 notarios y 660 registradores existentes en España. En cualquier caso, el Gobierno no proyecta la funcionarización de éstos, por lo que seguirán cobrando del particular por la realización de un servicio de marcado carácter público, si bien con un componente privado. Notarios y registradores progresistas consideran que los actuales aranceles por los que se retribuyen son excesivos y poco sujetos a control.
Los ingresos entre unas notarías y otras son muy variados. Los paraísos más apetecibles son las provincias de Madrid y Barcelona, que con sus alrededor de 180 y 160 notarías, acapararon más del 32% de los instrumentos autorizados en 1980, pese a que, sumadas ambas, no representan ni el 19% del total de notarías. Es destacable, asimismo, la generalizada aversión de las notarías a los barrios periféricos y su tendencia a ubicarse en los barrios céntricos. Así, mientras el madrileño barrio de Salamanca posee 63 notarías, sólo hay una notaría en Carabanchel y otra en Vallecas, y ninguna en barrios tan populosos como San Blas, Moratalaz, Villaverde o El Pilar, fenómeno que se reproduce aún con mayor crudeza en otras grandes poblaciones.Este acaparamiento a nivel nacional de Madrid y Barcelona se repite en el interior de las mismas, creando una indudable saturación de trabajo en algunas notarías. Así, en 1980 -según el último anuario publicado- más de cien notarías madrileñas superaron los 20.000 folios en instrumentos autorizados. Alrededor de catorce de estas notarías produjeron más de 30.000 folios y seis de ellas sobrepasaron los 40.000. Una notaría de Getafe redactó y dio fe de más de 70.000 folios, mientras que la de Fuenlabrada hizo otro tanto con 66.000 folios. En Barcelona fue similar el número de notarías que superan los 20.000 folios anuales, si bien no se produjeron cotas de volumen de trabajo tan altas como en Madrid.
Distintos empleados de notarías han señalado que "por encima de los 20.000 folios anuales no hay notario, por muy supermán que sea, que pueda controlar el trabajo". Roberto Blanquer, uno de los notarios a quienes las anteriores fuentes reconocen que efectivamente controla su trabajo, afirma que "esa afirmación es inexacta e imprecisa porque no distingue entre folios autorizados en actas de protesto, que no requieren la presencia de persona alguna, y la autorización de folios otorgados por el particular interesado correspondiente, que son las que requieren el asesoramiento, la lectura y, en su caso, el comentario correspondiente, y que son las que de verdad consumen un tiempo".
Un notario del sector progresista matiza que "es más indicativo decir que por encima de los mil contratos anuales, es muy difícil que el notario ejerza un control efectivo de los mismos". Sólo un par de notarios madrileños autorizaron menos de mil contratos en 1980 y menudearon los que superaron los 10.000.
"En Madrid posiblemente no pasen de veinte los notarios que controlan el trabajo de su notaría", afirma un oficial de notaría. Esto está provocando en ocasiones, según un notario, que sean los oficiales primeros o segundos, cuando no el personal auxiliar o subalterno, quienes estén llevando en buena parte de las notarías el trabajo que debería ser realizado personalmente por el notario, como es el asesoramiento previo a la realización del documento, pese a que el notario se responsabilice mediante su firma del mismo.
Lucrativa fuente de ingresos
Las cantidades que se reciben en virtud de los aranceles, en opinión de algunos notarios, sobrepasan la mera incentivación para agilizar el tráfico de documentos para convertirse en una lucrativa fuente de ingresos, pese a que los aranceles son porcentualmente decrecientes según la cuantía del contrato. El notario goza en la práctica de una amplia libertad a la hora de fijar el valor de mercado, para aplicar el arancel, si bien el interesado puede recurrir contra el precio fijado. Los colegios notariales y de registradores han poseído tradicionalmente una notable capacidad de influencia sobre la Administración para determinar la revisión de aranceles.
Aunque los notarios se quejan de que desde 1971 no se han subido los aranceles, lo cierto es que la base sobre la que se aplica es sustancialmente mayor desde entonces, dado que los valores de las operaciones han ido subiendo, particularmente en el caso de las viviendas, que suponen la principal fuente del trabajo de las notarías.
Por otro lado, a finales del pasado mes de septiembre, el entonces ministro en funciones de Justicia Pío Cabanillas -notario y registrador-, decretó que la determinación del precio de cada folio de los documentos notariales se fijase por la Dirección General de Registros y Notariado, a propuesta de los colegios notariales, lo que significó traspasar a éstos la compe tencia para fijarlos. Anteriormente el precio del folio notarial era de terminado por decreto en Consejo de Ministros. A consecuencia de esta reforma, se produjo en el otoño pasado un incremento en más de un 200% del coste de cada folio de los documentos notariales sin cuantía -testamentos, poderes actas, etcétera-. Esto ha supuesto en algunas notarías, según fuentes solventes, unos ingresos medios adicionales anuales cercanos a los cuatro millones de pesetas.
Dado que los ingresos por folios superaban en algunos casos a los ingresos por aranceles, la Junta de decanos reinterpretó dicha subida y determinó que nunca el ingreso por los folios superase al ingreso por arancel por el documento en cuestión y que no se aplicara a los protestos. Algunos documentos sin cuantía han visto triplicado su precio. Así, un testamento, que an tes costaba 770 pesetas, ha pasado a costar 2.529 pesetas.
Se calcula que cualquier notario de las grandes poblaciones, en concepto de documentos proporcionados por el Estado, protestos de letras y turno de documentos oficiales, ingresa no menos de de 700.000 pesetas mensuales, "aunque sea un callo y no quiera recibi a nadie". Un cualificado representante del notariado progresista manifiesta que la supresión del arancel "perjudicaría más que beneficiaría", por los costos que su pondría para el Estado la absorción del mantenimiento de nota rios y empleados de notaría y la pérdida de eficacia y rapidez que se produciría en el despacho, a su juicio. Sin embargo, puntualiza que los aranceles han de ser "justos y debidamente controlados" Dicho notario entiende que no basta con la posibilidad de presentar recursos individuales, porque el cliente no siempre tiene conocimientos para ello, por lo que considera que debería ser la Administración quien ejerciese unas medidas generales de control, para lo que todavía no tiene medios eficaces, lo que debería hacerse extensivo al cobro del arancel en los registros.
Hay quien apunta como solución para limitar los ingresos de las notarías que éstas no fuesen de libre elección, sino que les correspondiesen zonas determinadas, salvo en los casos en que el carácter especial o íntimo del documento -recononocimiento de un hijo, testamentos, etcétera- hacen necesaria que el cliente elija al notario de su confianza.
35 millones al año
El notable pudor de los notarios a hablar de sus ingresos -"a nadie le interesa, y mucho menos a un señor de la ETA-, se ve vulnerado con fruición por sus empleados. Según éstos, alrededor de una veintena de notarios madrileños sobrepasan los 35 millones de pesetas anuales, deducidos gastos. En los casos de lo que uno de ellos califica de factonotarías, por su desorbitado volumen productivo, se llegan a alcanzar los cien millones de pesetas anuales brutas. No obstante, Roberto Blanquer reconoce que, "efectivamente, los notarios nos ganamos bien la vida", pero explica que "es razonable que un notario se gane bien la vida porque ya decían Las Partidas que los notarios debían ser unas personas que no tuvieran la necesidad de caer en tentaciones".
En la última declaración fiscal hecha pública, en 1977, la cúspide notarial madrileña declaró los siguienes ingresos: Alberto Ballarín Marcial, 58.863.611 pesetas; Enrique Giménez Arnau, 52.665.107 pesetas; Félix Pastor Ridruejo, 36.094.684, cifras que hoy sobrepasarían con creces, según dichas fuentes. A notarías medias como las de Carlos Arias Navarro, José Luis Alvarez, o la de Blas Piñar, se le estiman actualmente unos beneficios de veinte millones de pesetas anuales, deducidos gastos. Para frenar el crecimiento incontrolado de algunas notarías, se estableció hace pocos años que a partir de la autorización de 1.500 documentos anuales se incrementase progresivamente la aportación a la mutualidad notarial, lo que también sucede cuando el valor del contrato supera los cincuenta millones de pesetas, si bien algunos empleados de notarías denuncian que algunos documentos son retrasados para dejar el cupo libre para los más sustanciosos. Los notarios también se quejan de que los costos de mantenimiento de la notaría se han quintuplicado en los últimos años.
Residencia en la plaza
Entre los proyectos de Justicia figuran hacer que notarios y registradores residan efectivamente allí donde tienen asignada la plaza. El control del efectivo cumplimiento del deber de residencia y demás aspectos relacionados con el buen servicio de registros y notarías ha correspondido en la práctica a los respectivos colegios, según fuentes solventes, si bien el nuevo director de Registros y Notariado anunció que su departamento intensificará la vigilancia de estos aspectos.
La práctica de recurrir a un registrador o notario sustituto inientras el titular del registro o la notaría ocupaba la presidencia del Gobierno, la cartera de Agricultura o la de Justicia, etcétera, parecen tener sus días contados con los proyectos legislativos en materia de incompatibilidades. Los notarios y registradores que opten por conservar su escaño o cargo no perderán, sin embargo, según fuentes solventes, su plaza, sino que ésta será ocupada eventualmente por otro notario o registrador, que habrá de abandonarla cuando aquél deje dichos puestos. El anterior sistema imposibilitaba que el notario o registrador firmara, pero no que dejara de percibir los suculentos ingresos, fruto del trabajo de sus empleados y que el sustituto firmaba.
Un actual diputado centrista gallego es vivo ejemplo de este absentismo legal de los registros de la propiedad que tuvo bajo su responsabilidad, puestos que, por otro lado, siempre compatibilizó con los variados y altos cargos que fue desempeñando en la Administración a lo largo de su dilatada trayectoria política. El registrador de la isla de la Palma durante los años 1976 y 1977, informa Carmelo Martín, visitó la misma en dos ocasiones, pero nunca el Registro de la Propiedad. Su sustituto, recuerdan ahora en la isla, le liquidaba los honorarios en el propio hotel. Pocos isleños llegaron a saber que el ministro que les visitó era, además, su registrador.
El proyecto de Justicia de pasar de 75 a 70 años la edad de jubilación de los notarios, de entrar en
Los aristócratas de la fe pública
vigor en el presente año, podría suponerla jubilación de cerca de 130 notarios, aunque problablemente se produzca una prórroga de tiempo para flexibilizar su implantación. Algunos empleados critican la manipulación de la imagen del notario en numerosos anuncios, concursos, sorteos, etcétera, amén de la publicidad que acarrea del notario en cuestión. Con respecto a un anuncio televisivo en el que se afirma que se ha probado ante notario un ambientador, precisa un avezado empleado de notarías, que lo que "dice el notario es que a esa tía le ponen un pescado y dice que huele a rosas, pero el notario no dice que el pescado huela a rosas o que el ambientador evite el olor del pescado".
La práctica del 'númerus clausus'
El propósito de recortar las competencias los colegios notariales es interpretado -Francisco Mata tampoco quiso explicitar este punto- como un intento de recortar sus prerrogativas en materia de revisión de la demarcación (determinación de las poblaciones en que ha de haber notarías y la cuantía de las mismas), amén de la ya señalada competencia que tienen para determinar el precio del folio notarial. Actualmente Justicia sólo tiene manos libres para revisar la demarcación cada diez años o para proveer de notarías aquellas poblaciones donde no existía ninguna. La demarcación puede ser revisada en su totalidad también a los cinco años, "si así lo solicita la mayoría de los colegios notariales", bajo cuya competencia también queda la revisión de zonas parciales.
Obviamente, los intereses de los notarios les llevan a mostrarse reticentes a toda ampliación del número de notarías, por posible merma de sus ingresos. El notario Roberto Blanquer lo explica así: "Imagínese que usted es notario. Imagínese que, sabiendo que en una población hay tres notarías, usted hace sus cálculos. Pues yo voy a ir porque sale una vacante, porque tengo antigüedad para pedirlo y porque, habiendo este volumen de trabajo, siendo tres los notarios, la plaza da este volumen de trabajo. Yo llego, yo soy joven y pienso quedarme quince años en la plaza. Dos años después resulta que a usted le ponen otro notario. A usted le han trastornado porque ha tenido que buscarse un piso y una oficina, apalabrar al personal y de pronto se encuentra que lo que era una competencia de tres se convierte en una competencia de cuatro". No obstante, dicho notario declara que su temor por la ampliación de notarías estriba en que los nuevos notarios no tengan el nivel adecuado de clientela ni de preparación jurídica, dada la precipitación en la cobertura de vacantes que ocasionará, a su juicio, el recortamiento de la edad de jubilación y la ampliación del número de notarías. Algunos empleados de notarías, aunque creen que va contra sus intereses, reconocen que el buen servicio exigiría un notable incremento del número de notarías.
Así, aunque los notarios tienen a gala proclamar que son profesionales liberales, por otro solicitan que el Estado les libre de la libre competencia a que se verían sometidos si efectivamente se les considerase como tales. Con ello aúnan las ventajas de obtener la seguridad en el empleo -e incluso devengar un sustancioso mínimo de ingresos- merced al amparo estatal, y las ventajas de tener retribuciones homologables o superiores a las de las profesiones liberales.
