Los nuevos recursos del FMI sólo resolverán temporalmente los problemas de los países deudores

El aumento de los recursos financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado la semana pasada por su comité interino en Washington, sólo resolverá momentáneamente los problemas de liquidez de los países más endeudados del Tercer Mundo y, a menos que se instrumenten nuevas fórmulas de apoyo financiero a determinadas naciones, es muy posible que la temida crisis global que ahora se ha evitado renazca con nueva virulencia antes de un año.

Las primeras reacciones al acuerdo de Washington no son todo lo entusiastas que se hubiera merecido el mayor incremento en la historia de los recursos del FMI. Por el contrario, la gran banca mundial, especialmente la norteamericana, ha considerado insuficiente el compromiso alcanzado y, sin ningún tipo de recato, ha advertido sobre los peligros de considerar el incremento decidido como la panacea a los males estructurales del sistema financiero y monetario mundial.Para justificar su postura, representantes cualificados de la banca norteamericana han echado mano de las consecuencias crematísticas que las decisiones del FMI tendrán en el saldo global entre países deudores e instituciones y naciones acreedoras. El aumento en un 47,4% de las cuotas de los 146, miembros del organismo mundial significan 32.500 millones de dólares adicionales en la capacidad de concesión de créditos del organismo mundial. A esta cantidad hay que añadir los 19.000 millones de dólares aprobados por el grupo de los diez con destino al fondo especial conocido como acuerdo genera lpara la obtención de préstamos, y los 5.000 millones de dólares que Arabia Saudí está dispuesta en principio a prestar al FMI.

Con todos estos recursos, que suponen un total de 56.500 millones de dólares adicionales, el FMI debe atender unas demandas de asistencia que, hasta el momento, no han llegado a totalizar dicha cifra, pero que todos los expertos dan por supuesto que se superará antes de seis meses, de seguir la situación de la economía mundial en similares circunstancias a las de los últimos años. Nada hace prever que las dificultades de países como México, Argentina, Brasil, Uganda o Zaire vayan a desaparecer de la noche a la mañana, y mucho menos si la asistencia del FMI se hace de una manera incondicional, es decir, sin acompañar la ayuda financiera a unos rígidos programas de austeridad.

Las últimas estadísticas del Fondo Monetario Internacional estiman el total de la deuda externa de los países en desarrollo por encima de los 700.000 millones de dólares, de los que 500.000 millones se deben a la banca privada mundial. Sólo cuatro países (México, Brasil, Argentina y Venezuela) acumulan la mitad de esta cantidad y nada hace prever que el apoyo que ahora reciban estos países se vaya a utilizar de una manera que garantice su retorno a medio plazo. La caída de los precios del petróleo y las dificultades internas de países como Argentina son escasas garantías de lo contrario. A esta lógica incertidumbre hay que añadir ahora dos nuevos factores que pueden dificultar la implementación efectiva de los acuerdos de Washington. El primero de ellos se encuentra en la actitud del Congreso norteamericano que, aparte de presionar a la Administración Reagan para limitar los porcentajes de incremento en las cuotas al FMI, debe autorizar ahora al Ejecutivo la entrega de la parte alícuota de Estados Unidos (unos 8.400 millones de dólares) en los aumentos de los recursos del organismo mundial.

Aunque dicha cifra se pierde en el multibillonario presupuesto norteamericano, los legisladores estadounidenses no consideran muy lógica la política de Reagan de recortar gastos en casa e incrementarlos fuera. De nada han servido hasta ahora los argumentos oficiales de que este dinero, en esencia, va a ir a parar a las arcas de la banca neoyorquina y con unos tipos de interés superiores.

Por el contrario, éste se ha convertido en el segundo obstáculo. Las decisiones del comité interino pueden tropezar para su entrada en vigor en la próxima asamblea anual del FMI en septiembre. En estos momentos, una mayoría de los congresistas estadounidenses que deben aprobar la contribución de su país al FMI opina que la ley que contiene la autorización debe incluir una cláusula restrictiva en la política de la banca comercial norteamericana con determinados países. En otras palabras, el Congreso estadounidense pretende vigilar, desde un punto de vista político, la Política de concesión de créditos de la banca comercial.

Si bien es poco probable que los legisladores norteamericanos alcancen objetivo, no cabe duda de, que la batalla legislativa en Washington puede retrasar entrada en vigor del plan del FMI para asistir a los países deudores. Esto puede suponer un empeoramiento cierto en la situación de algunos países y, de algunos grandes bancos privados norteamericanos.