Principio de acuerdo para que el incremento de la masa salarial de los funcionarios se sitúe en el 12%

Las posturas mantenidas por la Administración y la mesa negociadora de los funcionarios de cara a llegar a un acuerdo en retribuciones salariales para 1983, se acercaron tanto en la reunión mantenida ayer que es posible hablar de que antes de que finalice la semana se habrá cerrado la primera parte de la negociación, según manifestó el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, en el transcurso de una conferencia de Prensa celebrada ayer. No obstante, señaló el ministro, una vez que se concluya esta primera ronda de conversaciones, cuyo objetivo es fijar el incremento de la masa salarial, se tendrá que seguir discutiendo sobre el reparto de la misma entre los distintos niveles de funcionarios. Javier Moscoso manifestó, también, que si la situación de huelga anunciada para hoy por algunos altos cuerpos de la Administración lo requiriera, se haría un decreto de servicios mínimos que garantizara el servicio.

En su conferencia de prensa, Javier Moscoso señaló la última propuesta de la Administración, que se concreta en: incremento de la masa salarial en un 12%; destinar un punto más a las homologaciones y reclasificaciones que están pendientes de atender. Este punto, que equivale a 14.000 millones de pesetas, se podría ver incrementado con todos los ahorros que se generaran en organismos donde las retribuciones eventualmente puedan ser consideradas excesivamente elevadas. Al tiempo, la Administración solicita, tanto de los funcionarios como de los contratados administrativos e interinos que contribuyan al fondo de desempleo. Para ello, los funcionarios aportarían unas cuotas equivalentes al 50% de lo que lo hacen el resto de los trabajadores, mientras que los contratados administrativos y los interinos cotizarían al cien por cien. La Administración se compromete, por último, a estudiar con los sindicatos el posible cambio de cotización a derechos pasivos y MUFACE como resultado de la subida de las retribuciones básicas.La postura de las centrales sindicales representadas en la mesa negociadora ha quedado fijada en que el incremento de la masa salarial sea del 12,5% y que se establezca una revisión en el mes de septiembre en las mismas condiciones que lo pactado en el Acuerdo Interconfederal que se firma hoy entre centrales y patronales. Para el ministro, esto último es prácticamente imposible, ya que supondría elaborar unos Presupuestos Generales del Estado que tendrían que ser revisados en su caso si la inflación superara lo previsto. El incremento de la masa salarial ofrecido por la Administración se coloca en la parte superior del Acuerdo Interconfederal, lo que viene a confirmar, en palabras de Moscoso, el deseo de acabar con la práctica habitual de los últimos años de que los funcionarios vean cómo disminuye su salario real en mayor proporción que en otros colectivos.

El ministro señaló que las actuales retribuciones en distintos organismos son tan dispares para iguales tareas que se da el hecho de que un ordenanza de un determinado organismo gana más que un ingeniero en otra parte de la Administración pública. Por ello, manifestó Javier Moscoso a una pregunta, es bastante probable que se produzcan incrementos salariales reales muy cercanos a cero en algunas áreas determinadas de la Administración pública. En concreto, aceptó que se estaba refiriendo a las retribuciones que se perciben en el conjunto de la banca oficial, Banco de España y Banco Exterior, así como en algunas empresas públicas.

Preguntado sobre la huelga anunciada por la Federación de Asociaciones del Cuerpo Superior de la Administración civil del Estado, Moscoso desmintió las afirmaciones de que nunca se hubiera negociado con los que actualmente actúan como interlocutores de los funcionarios, señalando al tiempo que en las escasas elecciones de representantes que han tenido lugar, han sido las tres asociaciones que ahora están en la mesa las que han obtenido mayoría. Javier Moscoso señaló que, aun en el caso de que todos los funcionarios que forman parte de los altos cuerpos de la Administración pertenecieran a esta federación de asociaciones, su número se elevaría a 10.000, cuando hay contabilizados en estos momentos más de 200.000 titulados superiores en la Administración.

El ministro de la Presidencia señaló que respetaba el derecho a la huelga de los funcionarios, lo que no excluía la publicación de un decreto de servicios mínimos, pero trató de desmontar los argumentos esgrimidos para la convocatoria de la huelga, señalando que hay más de 940 asociaciones de funcionarios y que una negociación en la que estuvieran presentes todas sería prácticamente imposible. Se mostró partidario de que se realicen elecciones que clarifiquen el espectro sindical en la Administración y señaló que la vía elegida para llevar a cabo una negociación inédita hasta ahora, había consistido en sentarse con los mismos con los que la Administración anterior ya lo había hecho en algunas ocasiones y a los que parecía que las escasas elecciones celebradas confirmaban como mayoritarios.

El incremento de la masa salarial en un 12% no significará, en absoluto, una subida lineal de este porcentaje, ya que es intención del Gobierno, a parte de realizar una redistribución general que acorte el abanico salarial y termine con retribuciones demasiado elevadas, incrementar lo más posible las retribuciones básicas de los funcionarios, ya que hay algunos cuerpos cuyo mínimo está bastante por debajo del salario mínimo interprofesional. Con ello se atendería a una ya antigua reivindicación de los funcionarios, pero que tendrá un coste importante que deberá ser detraído del incremento de la masa salarial global que se pacte.