La Mesa del Parlamento navarro acuerda destituir a cinco diputados del CDS

Los cinco parlamentarios forales navarros adscritos al Centro Democrático y Social (CDS) han sido cesados de sus cargos por la Mesa del Parlamento de esta comunidad foral, que ha aceptado la solicitud presentada en este sentido por el secretario general de UCD de Navarra, Antonio Sánchez de Boabo.

El cese, que es rechazado por los afectados, fue solicitado, meses atrás, por el partido centrista, al entender que estos cinco parlamentarios debían abandonar sus escaños tras dejar UCD, formación con la que concurrieron a las elecciones de 1979.La solicitud del secretario general de los centristas navarros fue aceptada por la Mesa del Parlamento con los votos a favor de los parlamentarios de UCD Alfredo Jaime y Rafael Gurrea, la oposición del socialista Víctor Manuel Arbeloa y la abstención de Balbino Bados y Jesús Casajús, de Unión del Pueblo Navarro y del Grupo Mixto, respectivamente, una vez que se hubo conocido un extenso informe jurídico de los servicios de la Cámara en el que, sin embargo, se consideraba improcedente el cese de los parlamentarios del CDS, por no ser de aplicación al caso la ley de elecciones locales, en opinión de los expertos.

Informe negativo

Tras esta decisión se reduce a 61 -de un total de 70- el número de miembros del Parlamento de Navarra. De estos 61 hay que descontar a los parlamentarios de HB y AMAIUR (13) que no acuden a las sesiones del órgano legislativo foral desde hace más de un año.En la petición de UCD para que la Mesa acordase el cese como parlamentarios forales de cinco ex ucedistas -Emilio Cigurosa, José María Esparza, Manuel Esquisavel, Jesús Muruzábal y José Joaquín Sagredo-, el secretario general centrista, Antonio Sánchez de Boabo, argumentaba que éstos habían causado baja en el partido, y, en aplicación de la ley de Elecciones Locales, cuando se deja el partido, se cesa en el cargo. La Mesa pidió un informe a los servicios jurídicos, cuyos letrados manifestaron que no era de aplicación en Navarra, para este caso concreto, la ley de Elecciones Locales, por lo que debían proseguir los afectados en sus puestos.

Para José Joaquín Sagredo, que fue secretario del Grupo Parlamentario Centrista hasta que fue destituido en junio de 1980, esta decisión de la Mesa del Parlamento "es totalmente irracional, que no podemos aceptar, ya que se ha incurrido en ilegalidad y en una falta grave al no tener en cuenta el informe jurídico, que era favorable a nosotros".