El Ayuntamiento ordena precintar y retirar los vehículos con varias multas impagadas

Con la orden de retirada de la vía pública de todos aquellos vehículos cuyos conductores hayan acumulado varias sanciones impagadas, la creación de nuevas agencias de cobro ejecutivo y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la relación de infractores desconocidos en su domicilio habitual, el Ayuntamiento pretende conseguir el cobro efectivo de las multas de tráfico, a la vez que mantiene que proseguirá con la retirada de carnés de todos aquellos automovilistas que hayan cometido un mínimo de cincuenta infracciones anuales, según anunció ayer en una conferencia informativa el responsable de Seguridad y Policía Municipal, Enrique Moral.

Enrique Moral aseguró que proseguirá la retirada semanal de los permisos de conducir a los reincidentes, en aplicación del artículo 289 del Código de la Circulación, sobre cuya legalidad y constitucionalidad los responsables municipales no tienen ninguna duda.La primera medida es incrementar el número de agencias encargadas, de hacer ejecutivo el pago de las multas, ya que actualmente sólo funciona una agencia, que tramita mensualmente 35.000 sanciones.

Otro de los acuerdos municipales consiste en retirar de la vía pública los coches precintados por impago de las correspondientes multas. Esta medida se ha empezado a aplicar el pasado jueves, día en que la Policía Municipal retiró 35 vehículos de la vía pública.

La tercera medida, de aplicación inmediata, afectará a los automovilistas sancionados que recurren a la picaresca de hacerse los desconocidos cuando reciben por correo la notificación de que han sido sancionados. Según Enrique Moral, hay decenas de miles de sanciones colapsadas por este motivo. Dado que es preceptiva la notificación previa a la persona sancionada antes de hacerle pagar la cuantía de la multa, el Ayuntamiento hará uso del Boletín Oficial de la Provincia para publicar la relación de sanciones cuyos destinatarios están en domicilios desconocidos. De esta forma, en los próximos días aparecerá una lista de 6.000 infractores en el BOP.

Enrique Moral manifestó a los informadores que al Ayuntamiento no le cabe ninguna duda de la legalidad y constitucionalidad de la aplicación del artículo 289 para retirar los permisos de conducir, si bien solamente se actuará contra los infractores "abusivamente reincidentes, cuya actuación resulte peligrosa para la población automovilística o peatonal". Moral añadió que hay alrededor de 3.000 conductores que, en el período de aplicación de la ORA, han cometido 140.000 infracciones. "Se actuará contra los que hayan acumulado más de cincuenta multas en un año por obstaculización y peligrosidad. Pienso que aparcar un coche en un carril-bus es una chulería propia del talante de la época goyesca, del que en Madrid se sigue presumiendo, y esto no ocurre en otras ciudades españolas.

Respecto a la nota del Comisariado Europeo del Automóvil (Ver EL PAIS de ayer) en la que se decía que la sanción no tiene que recaer obligatoriamente en el titular del automóvil, ya que puede ser otra persona la responsable de la infracción, Enrique Moral respondió que, tal como está previsto legalmente, el titular del automóvil con el que se ha cometido la infracción es responsable subsidiariamente de la misma. Recordó que este mismo problema se suscitó hace tiempo con el caso de las agencias que alquilan vehículos; tema que se resolvió con la publicación de la lista de infractores.

UCD pide que se paguen las multas

José María Alvarez del Manzano, portavoz del grupo de concejales centristas, declaró en una conferencia informativa que su grupo está a favor de que se paguen todas las multas, pero que considera que no hay que llegar a la retirada del permiso de conducir. Como medidas sustitutorias para conseguir la mejora del tráfico, el portavoz centrista pidió que se aumente el número de agentes municipales encargados de regular el tráfico, que se aumente el número de agencias del cobro de multas ejecutivas y que se reduzca el número de multas de forma que se pongan solamente aquellas que se pueden cobrar.

Alvarez del Manzano manifestó su desacuerdo sobre los criterios utilizados por el equipo de Gobierno. "Nosotros pensamos que es mucho más peligroso saltarse un semáforo en rojo que aparcar en la zona de la ORA".