Elaboradas las bases para regular la organización de los funcionarios forales

El informe que servirá de base para la discusión en el Parlamento de Navarra del proyecto de Estatuto de la Función Pública, que afecta a más de 6.000 funcionarios de esta comunidad foral, será entregado, en las próximas horas, a los distintos grupos parlamentarios una vez que la comisión redactora del mismo haya concluido la revisión de la totalidad del texto. La asamblea de delegados de la Diputación Foral de Navarra ha manifestado, por su parte, su oposición y rechazo a este estatuto que, en los próximos días, comenzará a ser debatido en el Parlamento de esta comunidad.Uno de los objetivos del proyecto de Estatuto ha sido, precisamente, la institucionalización de la función pública foral de Navarra. Por tal institucionalización se entiende la cristalización de unos esquemas orgánicos desde los que se lleve a cabo una política de personal coherente y unitaria, agrupando, coordinando y actualizando la dispersa normativa existente y estableciendo asimismo una norma que sea marco de todo el desarrollo reglamentario por el que se regule la relación de servicios de los funcionarios forales.

Esta institucionalización ha supuesto establecer una estructura, debidamente formalizada y escalonada, desde la que se pueda concebir, ejecutar e impulsar una política de personal homogénea y contrastada.

El proyecto de estatuto de la función pública en la Administración de Navarra intenta además conseguir un acercamiento entre las condiciones de empleo de los servidores públicos en la Administración foral y los trabajadores del sector privado. En este sentido, el proyecto reconoce el derecho a la sindicación, a la negociación, el derecho a la huelga, incorporando así aquellos derechos fundamentales que todo ciudadano tiene reconocidos en la Constitución.

La comisión de régimen foral del Parlamento de Navarra debatirá este estatuto en los próximos días, una vez que los grupos parlamentarios hayan conocido el contenido del informe redactado por una ponencia compuesta por parlamentarios del PSOE, UPN, CDS, UCD y PNV. Esta ponencia se constituyó el 30 de septiembre a la vista del elevado número de enmiendas (338), seis de ellas a la totalidad (del proyecto).

Tres meses de retraso

El informe presentado ahora por esta ponencia se debería haber redactado en un plazo de quince días, por lo que el retraso que lleva acumulado el proyecto es de tres meses, si bien hay que tener en cuenta que el mes de octubre, a causa de las elecciones generales, fue declarado inhábil.La asamblea de delegados de la Diputación navarra, por su parte, se opuso a este estatuto -del que se excluye expresamente a los componentes de la Policía Foral de Navarra- mediante cuatro enmiendas a la totalidad y más de un centenar al articulado, porque para la realización del mismo, según dijeron, no se había contado con los trabajadores y porque, a su juicio, existe una falta de interés por parte de la Diputación por aclarar el tema de los sueldos y niveles de los funcionarios.