La familia que ocupó una vivienda en San Blas será desalojada hoy

José Manuel Valdivia, de veintitrés años, en paro, su esposa, Ana Isabel Alameda y el hijo de ambos, José Tristán, de dos meses de edad, pueden ser desalojados hoy de la vivienda de protección oficial situada en la calle Aparejadores, 10, que ocuparon hace apenas mes y medio de forma ilegal. La vivienda en cuestión, según declaraciones de Valdivia, estuvo habitada durante bastantes años por Vicente Vivas Díez, que la dejó hace unos tres meses para instalarse en un nuevo piso concedido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo(MOPU), en el barrio de Santa Ana, en Fuencarral.José Manuel Valdivia es barnizador de profesión, pero no encuentra trabajo desde que terminó de cumplir el servicio militar, en el mes de febrero del año pasado. Está inscrito en la oficina de empleo, esperando que le llegue alguna oferta y, mientras tanto, no recibe ninguna ayuda económica, ni tampoco puede, ni él ni su mujer, recurrir a sus respectivas familias, quienes, siempre según sus propias palabras, "nos echan una mano para comprar comida o para pequeños gastos urgentes, pero no pueden hacer mucho más".

A principios de enero recibieron una nota oficial firmada por el director provincial del MOPU en la que se les avisaba que debían desalojar la vivienda hoy, a las 10.30, y advertía que la operación de desahucio estaría protegida por fuerzas. de la Policía Municipal y Nacional. Al parecer, la denuncia relativa a la ocupación ilegal de la vivienda partió de una vecina del mismo inmueble.

José Manuel Valdivia esgrimió ayer el derecho a disfrutar de una vivienda digna, reconocido en la Constitución, como base en la que se apoya para justificar su actitud. Aún reconociendo que la patada a la puerta es un sistema ilegal de acceder al disfrute de ese derecho, no deja de denunciar que ha sido el propio MOPU, a lo largo de los años, quien primero ha permitido una serie de irregularidades que constituyen un gravísimo agravio comparativo para las personas que, como él, se encuentran con una familia a la que cobijar y sin posibilidades para hacerlo.

En su mismo inmueble, añadió, existe otro piso desocupado desde hace dos años, propiedad de un policía nacional destinado, al parecer, fuera de Madrid. Otra vivienda, en la calle Tejedores, 41, bajo D, está ocupada por un perro, cuya misión es, precisamente, impedir que otro necesitado se introduzca en ella por la fuerza. Casos como estos se conocen por decenas en San Blas, directamente achacables a las autoridades ministeriales por su escasa preocupación en lo relativo a vigilar que las viviendas se adjudicaran realmente a las personas más necesitadas. Desde este punto de vista, insistió, Valdivia, es el MOPU quien menos autoridad moral tiene para desalojarnos.