Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Jueces y periodistas

Hace unos días se clausuraba en Madrid un interesante curso sobre Libertad de expresión y derecho penal, en el que, durante ocho días, jueces, fiscales, catedráticos y periodistas discurrieron y dialogaron sobre las relaciones entre la Prensa y el derecho penal, y los inevitables choques entre aquélla y la Administración de justicia.Los profesionales del Derecho, particularmente los jueces, los fiscales y los abogados, tienen de común con los periodistas la búsqueda de la verdad en sus respectivas actividades, si bien cada una de estas profesiones persigue la verdad a su manera y con la finalidad que le es propia. Ese caminar hacia un mismo fin, aunque concebido de modo diverso, y por veredas que se entrecruzan, produce conflictos. Lo que se comprende mejor si se piensa en las acusadas diferencias que existen entre periodistas y jueces en cuanto a formación, método y fines. Veámoslo. Mientras que la formación básica de los jueces es uniforme, se asienta en la dogmática jurídica y se perfecciona en el manejo de una técnica compleja y apurada a lo largo de muchos siglos, la del periodista pertenece al campo, en abertal, de los saberes no clasificados en disciplinas particulares, es multiforme y, en buena medida, autodidacta, como, en general, lo es la del artista.

El método de que se valen los jueces para llegar a sus resoluciones les viene dado por la llamada ley de trámites. La verdad ha de ser probada conforme a las reglas establecidas en las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, de suertei que los hechos no probados según las dichas reglas no tienen virtualidad jurídica. El método del periodista es abierto, utiliza la lógica y se sirve también de la intuición; en el intento de aprehender la verdad cualquier procedimiento le es útil, lo que podría resumirse en esta frase de tanto sabor literario "para el periodista la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero".

El juez trabaja y dicta sentencia en una atmósfera de sosiego, distanciado cle los hechos y de las pasiones que suscitan. El periodista discurre por los rompientes de Ios acontecimientos, ansioso de conocer ahora, inmediatamente, aquello que mañana puede dejar de ser interesante.

El juez busca la verdad para restablecer, mediante un fallo ajustado al derecho vigente, el orden jurídico perturbado por los hechos ilícitos que tiene que juzgar. El periodista busca la verdad para informar de ella a la sociedad, de imodo que ésta pueda formar sus juicios con conocimiento de causa y tomar sus decisiones.

El juez reduce los acontecimientos y las emociones, con el instrumento de la lógica, a las prevenciones legales; el periodista oye, ve y da testimonio del incesante fluir de las cosas y sus mutaciones, que escapan a las previsiones de los códigos todos.

Estas diferencias dan idea de dos mundos muy diferentes; no obstante, no impiden que entre jueces y periodistas pueda haber comprensión y buenas relaciones.

Por lo pronto, el curso de referencia ha servido para reafirmar el carácter esencial de la libertad de expresión en el Estado democrático; para poner de manifiesto que el periodista, como mediador entre la noticia y los ciudadanos, está en su papel al pretender información de los tribunales de justicia y hurgar en sus arcanos; que las resoluciones de los jueces están sujetas a crítica, como cualquier otra decisión de los poderes del Estado; que es necesario acercar la justicia al pueblo, en cuyo nombre se administra; que el tiempo es un ingrediente de la justicia, de suerte que la justicia tardía ya no es justicia; que hay que derogar la que se llamó ley de defensa de las instituciones democráticas y del orden constitucional, en lo que atañe a la Prensa, si queremos que nuestro Código Penal figure entre los códigos liberales.

Hubo valiosas reflexiones de magistrados y fiscales en torno al proceso del cambio social y político y su influencia en la incriminación de los delitos cometidos a través de los medios informativos. Un brillante periodista defendió el apotegma, que tantos mártires ha costado, de que las ideas no delinquen, que no hay delitos de opinión (lástima que el asunto no entrara en el temario del curso, pero ahí queda, invitador a un debate profundo y urgente). La figura del fiscal, vista durante tanto tiempo como enemigo, más que otra cosa, de la libertad de expresión, fue reconstruida, al amparo del nuevo orden constitucional, por un representante de dicho ministerio, como defensora de la libertad de expresión, liberada de su pasado vigilante y censor.

Judicatura y Prensa pusierono en este curso, en sus ponencias y en las discusiones que las siguieron, sus propios tonos, sereno y distanciado el uno, inquieto y apremiante el otro, como latido de la vida que pasa, implicado en el acontecer "como vivencia personal o vigencia", enriquecidos ambos por el tono profesoral sostenido por conspicuos catedráticos de derecho administrativo y derecho penal.

En la clausura del acto, el presidente de la mesa hizo un paladino reconocimiento de los riesgos jurídicos del periodista, que no tienen comparación con ninguna otra profesión, para concluir declarando que es misión de la ley y de los juristas reducir las fronteras del derecho penal a lo imprescindible, y determinar con claridad dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el derecho penal. En otras palabras, es tarea urgente del legislador eliminar las zonas de sombra donde toda inseguridad tiene su asiento y donde planea, como ave de presa al acecho, la amenaza del proceso kafkiano.

Pero, a mi modo de ver, el principal mérito de este curso, que contó con la muy competente participación del Instituto de Criminología, reside en el hecho de haberlo convocado el Consejo General del Poder Judicial. Por primera vez, al menos en el último medio siglo de la reciente historia de España, los jueces se han quitado la toga y se han dispuesto a dialogar, como ciudadanos corrientes e intelectuales profundamente implicados en el cambio político y social que estamos viviendo, con profesores y periodistas sobre los problemas de la libertad de expresión y el derecho penal. Con los catedráticos ha mantenido siempre la judicatura excelentes relaciones. Con los periodistas, acaban de establecerse. Y esto es una noticia, para mí muy importante, prometedora de consecuencias.

Pedro Crespo de Lara es secretario general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de diciembre de 1982