El partido socialista había meditado la devaluación de la peseta para cortar movimientos especulativos

"La decisión de devaluar la peseta se meditó desde antes de las elecciones por parte del partido socialista y, una vez que éstas se habían realizado, se siguió la evolución del tipo de cambio de la peseta día a día y la salida de divisas que estaba teniendo lugar", manifestó Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, donde compareció acompañado del ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, para explicar la devaluación de la peseta y las subidas del precio de los carburantes. El Grupo Parlamentario Popular manifestó su protesta al término de la reunión por no permitir Francisco Fernández Ordóñez, presidente de la comisión, que intervinieran los diputados una, vez que los ministros contestaron a los portavoces de los distintos grupos.

Miguel Boyer afirmó en su intervención que en aquellos días "tenían una gran inquietud acerca de que UCD se viera obligada a proceder a la devaluación de la peseta, ya que en ese caso lo habría tenido que hacer en un 25%, y no en un 8% como lo ha hecho el nuevo Gobierno, con la repercusión que ello habría tenido".Ante estos temores, que habrían obligado a la adopción de medidas claramente estabilizadoras, aunque como parte positiva cortaran los movimientos especulativos que se cernían sobre la peseta, los técnicos socialistas optaron por in tentar mantener la peseta a cambio de perder una cierta cantidad de divisas, Las razones para optar por esta vía ofrecidas por el ministro Boyer, que no fueron criticadas en absoluto por los representantes de los demás grupos parlamentarios, se centraron en que el Gobierno de UCD no tenía fuerza política para asegurar que una devaluación decidida por él cortara la especulación de raíz sin grandes sacrificios.

Las causas que llevaron a la devaluación, ya explicadas por el ministro de Economía y Hacienda anteriormente, van desde la convocatoria electoral y su posterior resultado, hasta razones más técnicas, como el hecho de que en los dos últimos años el dólar está sobrevalorado respecto a las demás monedas, y en concreto, con la peseta, lo que provoca un importante crecimiento del déficit de la balanza comercial estadounidense. Esta situación no puede durar, en opinión del ministro, lo que llevará consigo una tendencia a la depreciación del dólar a medio plazo.

Pérdida de competitividad

Por otro lado, el ensanchamiento del diferencial de inflación entre la economía

española y la comunitaria estaba provocando una pérdida de competitividad de los productos españoles que no se corregía por el tipo de cambio de la peseta frente a las monedas europeas. En opinión de Miguel Boyer, esta pérdida de competitividad podría haberse corregido lentamente si no hubieran tenido lugar las elecciones. El ministro de Economía y, Hacienda manifestó que la medida había sido correcta, toda vez que se había logrado recuperar las divisas salidas de España en el mes anterior y, sobre todo, porque se han cortado las presiones especulativas en los mercados internacionales a plazo.

"Mientras que no presionamos en absoluto para que el Gobierno en funciones procediera a devaluar la peseta, sí instamos a que hiciera un reajuste en los precios energéticos, que no se produjo, a pesar de que Leopoldo Calvo Sotelo ha reconocido públicamente que hubiera subido el precio de los productos energéticos si no hubiera habido convocatoria electoral", declaró Boyer en la segunda parte de su intervención. La realidad es que, continuó el ministro, el precio en pesetas de la tonelada de petróleo ha pasado de 23.900 pesetas en julio de 1981 a 30.640 pesetas el 8 de diciembre de este año, sin que ello se haya visto repercutido en los precios de los derivados. Para Boyer, esto ha sido posible gracias a ir reduciendo los ingresos fiscales por la venta de los productos petrolíferos; 75.000 millones de pesetas menos en 1982 y posibilidades de que la renta del monopolio de petróleos fuera negativa en 1983, fueron las cifras manejadas por el ministro.

Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía, manifestó en su intervención que se continuaba con la política de precios realistas para la energía, aunque se habían introducido algunas correcciones para no perjudicar excesivamente a algunos colectivos sociales determinados. Sobre las repercusiones que puede haber en la economía canaria como cosecuencia de la subida del precio de los carburantes, Solchaga manifestó en la Comisión del Congreso que había que mantener esa misma política de precios realistas en todo el territorio, pero que ello no significaba que se fueran a reducir las subvenciones que el archipiélago recibe, que éstas tendrían un reflejo presupuestario, porque "no es justo que las subvenciones las reciban sólo los usuarios de automóviles y no. el conjunto de la comunidad canaria".

Conformidad de los grupos

Los representantes de los distintos grupos parlamentarios que intervinieron a continuación de los ministros mostraron su conformidad con las medidas adoptadas, a las que no se opusieron, y sólo en algunos casos mostraron su preocupación por motivos concretos. El diputado Pérez Royo, del PCE, manifestó que contrastaba la urgencia de estas medidas con la parsimonia con la que se están tratando otros temas, como el salario mínimo interprofesional, la elevación de pensiones y las cuestiones referidas a la devolución del patrimonio sindical.

El diputado comunista preguntó que para cuándo la nacionalización de la red de alta tensión anunciada en el programa socialista, a lo que Solchaga contestó posteriormente que se mantenía el compromiso, pero que se llevaría a cabo cuando pudiera hacerse de modo racional, a partir de una auditoría que se iba a solicitar para entender el sistema de tarificación de las compañías.

El representante de Minoría Catalana, Carlos Gasoliba, manifestó que hay una falta de encuadramiento de las medidas con la política económica del Gobierno y que las repercusiones que ello iba a tener sobre la economía real pondría en dificultades a numerosas empresas.

Abel Matute, representante del Grupo Popular, aceptó las medidas como necesarias, pero echó en falta la ausencia de medidas complementarias a la devaluación de la peseta, que impedían, en su opinión, que en unos meses se tenga que volver a repetir la misma operación. Para Abel Matute no era el momento de recuperar las cargas Fiscales en los precios de los derivados del petróleo, pero lo fundamental es que la ausencia de un plan económico global del Gobierno influye negativamente en las expectativas de inversión. El aumento de la presión fiscal, negado por los ministros posteriormente, provocará la caída del ahorro privado, al tiempo que la anunciada reducción de jornada laboral elevará la inflación de costes de la economía española y una caída de la productividad. El representante del Grupo Popular terminó su intervención afirmando que la salida de la crisis no pasa por un aumento del peso del sector público, ya que "en estos momentos el sector público es el principal problema de la economía española".