Sobre el poder adquisitivo de los salarios

La forma más natural, objetiva y aplicable de garantizar el poder adquisitivo es que las revisiones salariales sean equivalentes al incremento del coste de vida que tuvo lugar desde la última revisión. Resulta evidente que, si los precios crecen continuamente, se produce un determinado desgaste del poder adquisitivo entre dos revisiones, pero siempre se tiene la seguridad de recuperar el poder adquisitivo del momento de la última revisión, por lo que a largo plazo éste queda preservado. El desgaste será tanto menor cuanto más frecuentes sean las revisiones, de modo que si los salarios se incrementasen automáticamente con los precios, el poder adquisitivo se garantizaría de modo permanente. Pero aun con revisiones anuales, con ese criterio, el poder adquisitivo de cada año tiende a conservarse; de ahí que esta haya sido la fórmula tradicional de los sindicatos para fijar sus reivindicaciones.En los últimos años los pactos sociales han modificado el sencillo y aséptico criterio anterior, estableciendo que el poder adquisitivo se mantiene si los salarios crecen al final de un año el equivalente al aumento entre el nivel medio del IPC de ese año, que es conocido, y el nivel medio del año siguiente, que es necesario prever.

Previsiones

En esa previsión entra ya un factor subjetivo incontestable: ¿quién realiza la previsión sobre la inflación? La que pueda hacer el Gobierno no tiene mejores credenciales que ninguna otra (más bien, según dicta la experiencia, las tiene peores), y, desde luego, no es desinteresada ni neutra respecto del mantenimiento del poder adquisitivo. Porque, en efecto, ningún Gobierno hace previsiones apostando por un empeoramiento de la inflación, sino siempre vaticinando una mejora, de lo que resulta que el crecimiento salarial por este criterio es menor que el que se aplicaría según el aumento del IPC del año recién finalizado, ya que la tasa de crecimiento de las medias anuales de una serie que se desacelera es menor que el crecimiento a lo largo del primer año. En este hecho de que es menor está la clave del cambio de criterio que tuvo lugar desde el pacto de la Moncloa, debiendo quedar claro que cuanto más acentuada sea la mejora predicha, mayor será la diferencia entre la revisión con un criterio y otro, que los errores de predicción son casi seguros y que todo error por defecto en la previsión repercute negativamente en la conservación del poder adquisitivo.

Las cláusulas de salvaguardia contra esos errores del tipo de las introducidas en el ANE no eliminan algunos problemas. Es preciso, en primer lugar, extrapolar la evolución de los precios en el primer semestre al segundo, reapareciendo de nuevo la cuestión de las previsiones, para las que nadie detenta la infalibilidad. Propicia, en segundo lugar, maniobras, de las que la más inmediata es postergar hasta el segundo semestre las subidas de precios. Y, en fin, hay una resistencia en las empresas por las perturbaciones de gestión que crean, a realizar revisiones con carácter retroactivo derivadas de errores de previsión. Para garantizar el poder adquisitivo medio anual por este procedimiento sería preciso que al final de cada año tuviera lugar una revisión retroactiva por la diferencia entre el crecimiento medio previsto y el real, en cuyo caso este procedimiento sería equivalente al criterio de que se ha valorado anteriormente como el más correcto, persistiendo, en cambio, las dificultades e inconvenientes para las empresas.

A lo confuso

Con respecto a la negociación colectiva de 1983, tanto el Gobier no como las centrales sindicales dicen querer asegurar el poder adquisitivo, pero ha aparecido sobre el tapete una previsión de inflación, el 12%, que suscita serias dudas de interpretación. ¿Ese 12% qué se refiere? Si es el crecimiento previsto del nivel medio del IPC entre 1982 y 1983, entonces, de acuerdo con la pauta de revisión salarial de los pactos de los últimos años, ese sería el incremento en que debieran aumentar los salarios. Pero para que se registrar ese 12%, considerando el perfil de IPC en 1982 y su probable crecimiento a lo largo del mismo en torno al 15%, sería preciso que a lo largo de 1983 el IPC aumentase en menos de un 9%, hecho totalmente descartable, sobre todo con la política de precios que ha iniciado el Gobierno socialista. Aceptar e 12% de incremento salarial, como con precipitación han hecho UGT y CC OO, es admitir de antemano un retroceso del poder adquisitivo por la imposibilidad de que se cumpla esa tasa de inflación.

Si el 12% previsto se refiere al incremento del IPC a lo largo de 1983, cosa también bastante difícil de lograr, entonces el crecimiento de los salarios que garantizaría el poder adquisitivo, según el crecimiento medio de los precios entre 1982 y 1983, sería superior al 13%. En cualquiera de sus interpretaciones, pues, la tasa del 12% (o la banda 11%-13%) que postulan los sindicatos para la defensa del poder adquisitivo y la referencia a ella del Gobierno para mantener el de los funcionarios y pensionistas no tiene justificación, aun bajo los términos en los que se han negociado, a mi juicio incorrectamente, los salarios en los últimos años. Admitir el 12% de los oráculos gubernamentales sin exigir precisiones sobre lo que se cuantifica y sus implicaciones es avanzar un paso más en la confusión creada en torno a cómo se logra el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Y en política cuando se fomenta la confusión nunca es desinteresadamente.