Francia concederá la extradición de los terroristas que actúen en países democráticos

París - 11 nov 1982 - 00:00CET

El Gobierno francés ha modificado su doctrina sobre las extradiciones. A partir de ahora, según normas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, las autoridades de este país concederán la extradición si la persona afectada ha cometido actos o crímenes inaceptables en un país considerado democrático, como es el caso de España. Los nuevos criterios no tienen carácter retroactivo y, reafirma el Gobierno galo, de ninguna manera ponen en entredicho "los principios y los textos en los que se funda el derecho de asilo".

El ministro de Justicia, Robert Badinter, formuló la nueva doctrina aceptada por el Gobierno, centrada en cuatro puntos. En lo sucesivo, las autoridades valorarán una demanda de extradición a partir de estos cuatro criterios:1. Naturaleza del sistema político y judicial del Estado demandante de la extradición.

2. El carácter político del delito en que se funda la demanda.

3. El móvil político de dicha demanda, que no debe esconder una intención política por parte del Estado que pide la extradición.

4. El riesgo que pueda correr la persona afectada. Esto significa que Francia tendrá en cuenta los peligros que supondría para una persona su religión, su raza y el acto cometido.

El texto aprobado por el Gobierno explicita que no se pueden considerar delitos políticos los actos sangrientos o de cualquier orden para los que se han empleado medios inaceptables en un país respetuoso de las libertades y de los derechos fundamentales. Este es el aspecto fundamental y realmente nuevo de la normativa que, en materia de extradiciones, Francia adoptó ayer.

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Los cuatro criterios mencionados se prestan a interpretaciones que, en la práctica, harán que su realización dependa más de la voluntad política con que se lleven a cabo que de su valoración intrínseca. Ahora bien, al precisar que no se considerará como delito político un acto contrario al funcionamiento legal de una democracia, en el caso español, concretamente, quiere decir: si en lo sucesivo cualquier persona comete un atentado y, acto seguido, se refugia en Francia, el Gobierno de este último país concederá la eventual extradición solicitada por España tras haber comprobado, según el procedimiento jurídico normal, que esa persona protagonizó el acto terrorista. Los trámites judiciales serán los mismos de antes, es decir, el tribunal correspondiente valorará la demanda de extradición, pero su veredicto sólo tiene,carácter consultivo, y será el Gobierno quien se pronuncie definitivamente.

Esta nueva doctrina no tendrá carácter retroactivo, lo que significa, en el caso de las relaciones franco-españolas en este terreno que los etarras en Francia no pueden ser objeto de demanda de ex tradición. Sólo en el futuro será aplicable la nueva normativa.

De una manera más general, el Gobierno de París parece darle el visto bueno a la democracia española. Hasta la fecha, el rechazo de extradiciones se había fundado, en parte, en el carácter sospechoso del funcionamiento democrático de España, apoyándose para esto último en informes de Amnistía Internacional referentes a la tortu ra en Espaiía. Esta capacidad de las autoridades francesas para absolver, o no, a la democracia española suscitó ayer diversos comen tarios en medios oficiosos españoles de París. Por su parte, una fuente próxima al Gobierno socialista indicó que "en efecto, hasta la fecha, no se ha valorado como se debía a la democracia española. A pesar de sus defectos, de los que otras democracias no escapan tampoco, no se ha apreciado, por ejemplo, que en España los partidarios de ETA Militar pueden votar".

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El actual Gobierno español y el PSOE consideran que Francia ha adoptado por una decisión necesaria

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La modificación de la política de extradiciones preocupaba al Gobierno francés desde hace tiempo. Y ello no se debe únicamente al contencioso franco-español, sino porque la República Federal de Alemania, Italia, Suiza, le plantean problemas semejantes a las demandas de extradición solicitadas por Madrid.

Nuestra corresponsal en San Sebastián, Genoveva Gastaminza, solicitó anoche la opinión de Kokó Abeberri, abogado del País Vasco francés que ha defendido en numerosas ocasiones a residentes vascos ante tribunales galos. "Dudo que el Gobierno francés y el ministro de Justicia Badinter, conociéndolo como lo conozco, hayan podido sacar un texto de ley de semejante contenido", declaró. "No hay que olvidar que Badinter fue el defensor de Apala en Aix-en-Provence, así como de Mikel Goikoetxea y Martín Apaolaza, en los juicios por peticiones de extradición".

"Esta decisión", agregó, "se parece más a las posturas del régimen anterior, que tenía como ministro de Justicia a Peyrefitte, un hombre más reaccionario. Y si acaba siendo verdad, significa el abandono de las posturas liberales y progresistas que dice tener el actual Gobierno. Parece absurdo querer encerrar en un texto legal la definición de lo que es un delito o crimen de derecho político y comparable al común. Badinter, al parecer, pretende hacerlo, pero se va a encontrar con grandes dificultades a la hora de definir las distintas situaciones de las nacionalidades y naciones de Europa y el Mundo. Pienso que habrá grandes contradicciones entre la realidad y las decisiones que se tomen".

En lo que afecta a nuestro país, la piedra de toque de las relaciones franco-españolas era hasta ahora la continua negativa del Estado francés a conceder la extradición de vascos reclamados por España, basándose en que el convenio correspondiente entre España y Francia concreta que no será entregada persona alguna si el delito por el que se pide la extradición está considerado como "político" o como hecho conexo con semejante delito. Así, en el caso de la demanda de extradición de Tomás Linaza, en junio del pasado año, el tribunal francés que examinó la misma concedió la extradición del presunto miembro de ETAm, y posteriormente el Ejecutivo francés la denegó.

"Más vale tarde que nunca", afirma José Pedro Pérez-Llorca

"Aunque dolorosamente tardía, la revisión de la política francesa, si es sincera y efectiva, será positiva para la democracia española, de lo que me congratularé", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, al conocer los nuevos principios sobre extradición que aplicará el Gobierno francés. "Más vale tarde que nunca", añadió el ministro.

Pérez Llorca añadió que "la nueva política que las declaraciones del consejero del Presidente francés parece anunciar se aproxima a lo que machaconamente hemos venido repitiendo en nuestras conversaciones con las autoridades francesas y en intervenciones en múltiples foros internacionales, las más recientes hace aproximadamente un mes, en Naciones Unidas y en Montreal: por definición no hay delincuentes políticos en una auténtica democracia. Si es democracia, no los hay; si los hay, no es democracia".

"Resulta aberrante", siguió el ministro, "que se pueda cometer un delito en nuestro país, un asesinato o cualquier otro bárbaro acto terrorista y, mediante el simple cruce de los Pirineos, la persona se sintiese protegida alegando una falsa condición de delincuente político. ¿Cómo se puede alegar esa condición residiendo en un país que permite, pacífica, libre y periódicamente el cambio político?".

Para el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Txiki Benegas, "la decisión del Gobierno francés no es sino la aceptación de los críterios expresados por los socialistas alemanes, italianos y españoles en la Conferencia que, sobre el tema específico del terrorismo, celebraron los partidos socialistas europeos en mayo pasado en Roma. Aunque allí no se votó ningún acuerdo concreto", manifestó Benegas, "el sentir general, frente a las tesis del Gobierno francés, era que no podía concederse derecho de asilo ni negar la extradición con respecto a ciudadanos de países respetuosos con las libertades democráticas y los derechos fundamentales".

"Se trata de un cambio significativo con respecto a las posturas que había venido manteniendo en los últimos años el Gobierno francés acerca de las extradiciones, y de un paso positivo en la normalización de las relaciones entre los gobiernos francés y español", dijo el líder socialista vasco, quien añadió que "la medida es también una pnmera respuesta del ejecutivo francés a la llegada de los socialistas españoles al Gobierno, y una confirmación de su deseo de colaborar sin reservas a que se consoliden en España las libertades democráticas".

Xabier Arzallus, presidente del Partido Nacionalista Vasco, tras recordar su profesión de jurista, "lo que me hace ser particularmente cauto a la hora de valorar este tipo de temas", prefirió posponer un juicio definitivo hasta después de tener conocimiento "de los términos exactos de la ley en cuestión". Arzallus dijo, según informó Patxo Unzueta, que "en problemas tan delicados corno éste, de ciertos matices puede depender el que realmente se trate de una medida política trascendente o de un puro gesto, sin apenas efectos prácticos, y destinado sólo a quedar bien ante la opinión pública interior o los servicios diplomáticos de otros países".

Por otra parte, los tres presuntos dirigentes de ETA Militar detenidos el sábado en San Juan de Luz habrán de comparecer mañana ante el juez de B ayona para prestar declaración, ya que se negaron a hacerlo por no estar presentes abogados de los detenidos. Sobre ellos pesan los cargos de "pertenencia a banda de malhechores" y "extorsión de fondos". El cuarto detenido, el industrial Ignacio Zabala, ha sido puesto en libertad provisional, aunque sobre él pesan varios cargos.

"Lo que tienen de denunciables estas detenciones, que podrían haberse producido hace un mes, es que el Partido Socialista Francés sólo se moviliza cuando el PSOE está en el poder", manifestó ayer el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por Vizcaya, Joseba Azkárraga, en relación a las detenciones de estos dirigentes de ETA.

"Con esto", añadió, "no quiero entrar en consideraciones sobre si está bien o no, porque todavía está por ver si tienen o nó algún cargo en contra de los detenidos".