La mayoría absoluta garantiza al PSOE la aprobación de su programa legislativo

El PSOE tiene el propósito de no alterar apenas, por el momento, las leyes aprobadas en la legislatura anterior, especialmente las que desarrollan la Constitución, a pesar de que la abrumadora mayoría con que cuenta en ambas Cámaras garantiza a los socialistas la aprobación de su programa legislativo y les coloca en condiciones de dar un vuelco a la estructura legal del país, incluidas las leyes orgánicas, que requieren mayoría absoluta en el Congreso. En cuanto a las decisiones que exigen mayor número de votos, como la elección del Defensor del Pueblo o de los consejeros de administración de RTVE, el PSOE tratará de completar su mayoría con UCD y las minorías nacionalistas.

La elección de Joaquín Ruiz-Giménez como Defensor del Pueblo será una de las primeras pruebas de la voluntad democrática del Gobierno socialista, ya que la función esencial de esta institución -la supervisión de la Administración- tendrá ahora como destinatario principal a los socialistas. Quienes no lograron el 28 de junio pasado que su candidato superara la barrera de los tres quintos del Congreso, tienen ahora muchas facilidades de obtener los 2 10 votos necesarios en esta Cámara -contando con que las minorías nacionalistas catalana y vasca mantengan su posición de entonces- y todas para alcanzar los 124 necesarios en el Senado.Mayores dificultades supondrá la elección de los doce consejeros de administración de RTVE, seis por el Congreso y seis por el Senado, que requieren en ambos casos mayoría de dos tercios: 233 diputados y 138 senadores. Los socialistas completarán los 32 votos que le faltan en el Congreso y los cinco que le restan en el Senado mediante la concesión de algún consejero a UCD y a los nacionalistas catalanes y vascos, y en caso de dificultades para esta negociación tendrían que repartirse los puestos con AP, asegurándose en todo caso la mayoría socialista en el consejo.

En materia legislativa, la dirección socialista, respondiendo al criterio general de administrar con prudencia su abultada victoria electoral, no desea ofrecer la impresión de que el cambio de mayoría parlamentaria significa poner patas arriba todo lo realizado hasta ahora, ni que el sistema de alternancia en el poder produce sobre la realidad legislativa un efecto de tejer y destejer, que podría dar al traste con la seguridad jurídica necesaria para la estabilidad democrática. Por el contrario, salvo en algunos casos extremos, los socialistas mantendrán la situación legal actual y se dedicarán a avanzar en la continuación de la construcción del Estado que se deriva de la Constitución de 1978.

Concretamente, el PSOE se limitará en principio a modificar el Estatuto de Centros Docentes y a enviar al Parlamento un nuevo proyecto de ley de Incompatibilidades, que sustituya a la ley ya aprobada -con el pateo de la izquierda- y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 1983. Las nuevas incompatibilidades en el sector público han sido uno de los caballos de batalla de la campaña electoral socialista y este proyecto de ley, en elaboración muy avanzada, será uno de los primeros que envíe el Gobierno socialista a las Cortes. En cuanto al Estatuto de Centros Docentes, una sentencia del Tribunal Constitucional anuló algunos de sus artículos, por lo que la modificación de esta ley, para suplir el vacío legal creado, es obligada.

Control y gestión de los colegios privados

El PSOE no se limitará, sin embargo, a llenar ese vacío, sino que aprovechará la oportunidad para elaborar una nueva ley que sustituya enteramente a la actual y que ofrezca, desde la perspectiva socialista, un desarrollo más ortodoxo de la regulación constitucional en materia educativa. Especial resistencia suscitará en el partido de Fraga la nueva regulación del control y gestión por parte de la comunidad escolar -integrada por los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos- "de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos", como establece el artículo 27.7 de la Constitución.

Una ley complementaria de la anterior y que no fue aprobada durante la anterior legislatura es la de Financiación de la Enseñanza, que los socialistas tienen previsto abordar desde planteamientos muy diferentes a los del proyecto de ley remitido por el Gobierno de UCD a las Cortes, y actualmente caducado, como el resto de "los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara" en el momento de la disolución de las Cortes. El PSOE anunció reiteradamente que no votaría favorablemente este proyecto de ley -para cuya aprobación UCD necesitaba los votos socialistas-, si no se negociaba a fondo. Ahora tendrá oportunidad de elaborarlo a su gusto, dentro del marco constitucional.

Entre otras leyes que el PSOE incluirá sin duda en el programa legislativo de su Gobierno estará la de Autonomía Univeritaria.