El Gobierno portugués prepara nuevas medidas de austeridad

El Gobierno portugués se prepara a endurecer su política de austeridad, a pesar de las fuertes resistencias evidenciadas por un sector de la coalición de centro-derecha que apoya al Gabinete de Pinto Balsemao. La prisa manifestada por el ministro socialdemócrata de Finanzas, Joao Salgueira, para hacer aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos del Estado para 1983, está causando sorpresa en Lisboa: el término legal para el debate parlamentario sobre el presupuesto es el día 15 de diciembre, y en los años anteriores este plazo no fue nunca respetado.Además, en el caso presente, no faltarían al Gobierno motivos para querer postergar la discusión: el Parlamento sigue ocupado con la conclusión del debate de las leyes de revisión constitucional; hay que proceder a la elección del presidente de la Cámara para la nueva sesión legislativa y, sobre todo, está próximo el inicio de la campaña electoral para las municipales del 2 de diciembre. Todas las informaciones disponibles indican que los nuevos presupuestos acentuarán la política de austeridad vigente, con nuevos y drásticos cortes en el gasto público, y parecería más lógico, de parte de los partidos del Gobierno, aplazar para después de los comicios la publicación de unas medidas necesariamente impopulares, como la limitación de los aumentos de salarios y la reducción de los, presupuestos otorgados a la enseñanza, a la salud pública y a la Seguridad Social.

A pesar de la repugnancia manifestada por algunos de sus colegas de Gobierno hacia su política económica y financiera, considerada "excesivamente monetarista", el ministro de Finanzas parece estar convencido de la necesidad y de la urgencia de una actitud de firmeza y rigor para fortalecer el crédito internacional.

La situación portuguesa está llegando a tales extremos de dramatismo que las medidas destinadas a atajar el desequilibrio galopante de la balanza comercial y en las cuentas del Estado no admiten nuevas demoras, y hay que dar garantías a los acreedores de que la política de austeridad sea mantenida.