Explosivos, una cuestión de oportunidad

¿Por qué presentar al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en sus últimos días de existencia un problema del alcance de Unión Explosivos Riotinto, que le puede afectar incluso personalmente, en lugar de haber esperado un mes y ponérselo encima de la mesa al equipo ministerial que surja de las próximas elecciones? Esta era la pregunta que se hacían diversos especialistas financieros, españoles e internacionales, en busca de la explicación al aparentemente brusco y unilateral aplazamiento en el pago de las amortizaciones de los préstamos internacionales de ERT.La respuesta a esta interrogante no aparece clara ni mucho menos uniforme. Para algunos medios bancarios nacionales estrechamente ligados con la trayectoria de la compañía, se trata tan sólo de razones técnicas. "La situación financiera se hacía ya prácticamente insostenible. Se había confiado en exceso el futuro de ERT a las ayudas oficiales que no llegaron. No existía ninguna posibilidad técnica de mantener la situación, máxime si se tiene en cuenta que las aportaciones oficiales se consideran imprescindibles para garantizar el futuro de la compañía, y que media un plazo no inferior a cuatro meses antes de que el próximo Gobierno esté en condiciones de decidir una estrategia concreta" Estas palabras del responsable de uno de los tradicionales financiadores de Explosivos viene a resumir el punto de vista de la comunidad bancaria nacional en relación a los problemas de la empresa.

Desde los primeros días del presente año los responsables de ERT aceleraron los contactos que habían venido manteniendo con la Administración. El objetivo estaba muy claro: había que conseguir apoyos administrativos para las divisiones de la compañía que actuaban en sectores claramente en crisis. Para ello se recordaban los planes de reconversión a los que se había sometido a otras actividades industriales claramente deficitarias.

Según diversas fuentes, los responsables de ERT estaban esperando desde el pasado mes de marzo las ayudas de la Administración. De aquí se pasé a mayo, donde comenzaron a detectarse los primeros síntomas de intranquilidad entre la comunidad bancaria internacional. Julio, agosto y septiembre se correspondieron con otras tantas expectativas "casi casi seguras" de que llegase la esperada ayuda. En septiembre la situación se hizo ya difícilmente sostenible y como se habían venido aplazando las decisiones para conseguir refinanciar la deuda a corto plazo, fiando su solución a las aportaciones administrativas, la compañía se encontró prácticamente en un callejón sin salida.

Hasta aquí todos los testimonios que ha podido recoger EL PAIS coinciden, pero a la hora de evaluar la decisión de la compañía se muestran francamente divergentes. Para los medios más directamente relacionados con la compañía era la única solución posible, que además aportaba la Ventaja de que el próximo Gobierno jamás podría calificar a ERT de saboteador.

Sin embargo, en medios próximos a la banca extranjera se mira con una tremenda aprensión la decisión de los responsables de Explosivos Riotinto y se les tacha de excesivamente poco previsores, recordando que hace poco menos de seis meses el crédito internacional de la compañía era aún bastante aceptable y podría haber planteado las bases para una refinanciación de sus obligaciones de pago más perentorias, aunque no hubiese sido en las condiciones óptimas.

Por su parte, fuentes sindicales manifestaron que las dificultades de ERT eran públicas desde hacía bastantes meses y no se explican la tardanza de la empresa en adoptar decisiones que hubiesen podido garantizar el futuro de la empresa. "Como casi siempre, los trabajadores cargaremos con una parte de las culpas que nos son ajenas. La reestructuración que indefectiblemente debe acometer la empresa, lógicamente pasará por una reducción de plantilla en las divisiones menos rentables, que aunque no se acometa de forma inmediata terminará por afectarnos".

En algunos medios financieros poco relacionados con la compañía se estima que esta hubiese podido ser una factura que los responsables de ERT y los banqueros más afectados por su mala situación económica estarían pasando al presidente Calvo Sotelo en los últimos días de su mandato. En los mismos medios, donde se conocían los intentos de los responsables de la empresa por alcanzar acuerdos con la Administración. se apuntaba el convencimiento de que el vicepresidente económico del Gobierno, José Antonio García Díez opuso una resistencia numantina a conceder apoyos a Explosivos, lo que contribuyó a aumentar la indecisión de Leopoldo Calvo Sotelo, que desde el primer momento se había mostrado muy poco proclive a que su Gabinete se viese directamente involucrado en una operación de apoyo en la sociedad de la que él mismo había sido consejero delegado hasta 1975.

Esta oposición del máximo responsable de las carteras económicas ha sido considerada como el factor decisivo en la ausencia de apoyos oficiales a ERT. Desde medios del sector privado, y de forma confidencial, se ha criticado duramente esta decisión, mientras se señalaba que si hay dinero público para financiar Altos Hornos o ENSIDESA por qué no se ha de apoyar a una de las mayores empresas industriales privadas del país con actividad en sectores estratégicos importantes de la economía nacional.

Mientras, Juan Miró Chavarría, consejero director general de ERT, y los hombres de su división financiera aceleran los contactos con sus acreedores para poder presentar en un plazo lo más breve posible un plan concreto de refinanciación de los casi 120.000 millones de pesetas de deuda. Por el momento, la mayor parte de los acreedores internacionales han cedido en sus presiones al conocer que el banco de negocios norteamericano Lenham Brothers se hará cargo del nuevo diseño financiero de la compañía.

La experiencia de esta firma neoyorquina en el tratamiento de empresas en situación límite le aporta una notable credibilidad en medios financieros internacionales. Los casos de Chrysler e International Harvester han sido presentados a los acreedores más tozudos.

Mientras, sólo queda aplicar la máxima sajona waft and see y esperar a ver en qué acaban todas las negociaciones. En cualquier caso, el próximo Gobierno tendrá la última palabra, puesto que los responsables de ERT han reconocido la necesidad de algunas ayudas oficiales específicas.