Convergencia propone con la LOAPA, reformar la ley Electoral y potenciar el Senado

Congelar la LOAPA, reformar la ley electoral, desarrollar las previsiones constitucionales que permitan una nueva configuración y estructuración del Senado como Cámara de las comunidades autónomas, reformar la administración de justicia y promover una nueva ley de reclutamiento para el servicio militar son los principales objetivos del programa electoral de la coalición nacionalista Convergencia i Unió en materia de desarrollo de la Constitución, reforma Institucional y Proceso Autonómico.El bloqueo de la LOAPA propuesto por Convergencia i Uniò llegaría después de un amplio debate, con participación de todas las fuerzas políticas, y que escuche las opiniones de los diferentes Gobiernos de las comunidades autónomas. Para los nacionalistas, la LOAPA constituye el máximo exponente de la involución autonómica y una específica agresión contra el Estatuto de Autonomía.

La política del nuevo Gobierno deberá inspirarse en un escrupuloso y rígido respeto de las competencias de las comunidades autónomas, de acuerdo con lo que establecen sus respectivos Estatutos. El Fondo de Compensación Interterritorial deberá ser objeto de una nueva regulación, que tenga en cuenta el esfuerzo fiscal de cada comunidad autónoma y su índice de paro. Con estas dos características se podrá prestar una mejor atención a los problemas del paro y a los déficit comunitarios.

La participación en el Fondo comportará que, en los Presupuestos Generales del Estado, la territorialización de las inversiones publicas se hará en base a criterios de proporcionalidad entre las comunidades, en función de su aportación global a los recursos del Estado, población, déficit infraestructurales y de equipamiento producidos como consecuencia de las corrientes migratorias. Corresponderá al Senado la determinación de los criterios generales que anualmente habrán de tenerse en cuenta para la distribución del Fondo y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

CiU considera prioritaria y urgente la tramitación del proyecto de ley sobre valoración de los servicios traspasados a la Generalitat, respetando el acuerdo establecido en el marco de la Comisión Mixta de Valoraciones Estado Generalitat. Los traspasos a la Generalitat deberán de estar ultimados en el término de seis meses a partir de la constitución del nuevo Gobierno.

Revitalizar el Senado

La coalición nacionalista propone una ley orgánica que dé una nueva configuración y estructuración al Senado, que lo convierta en una auténtica Cámara de nacionalidades y regiones. Esta concepción del Senado supondrá una mayor participación de la Cámara Alta en temas de política autonómica, singularmente los que afectan a la solidaridad interterritorial.

El nuevo Gobierno deberá tramitar en el primer período de sesiones de la legislatura una ley que regule el régimen de las elecciones al Congreso de los Diputados. La nueva normativa electoral se hará teniendo en cuenta lo siguiente: a) delimitación de las circunscripciones electorales, que en ningún caso deberán ser superiores a 400.000 habitantes; b) Se repartirán los escaños, mediante la técnica de las dos listas, una por circunscripción -que podrá ser uninominal y, en su caso, abierta- y una segunda, a nivel de cada una de las comunidades autónomas, para el reparto de los restos; c) introducción de la figura del suplente del diputado; y d) en cualquier caso, el diputado que resulte elegido en la lista de un partido perderá su condición de tal cuando cause baja en él. Las elecciones se harán siempre en día festivo.

Dentro del calendario de prioridades del nuevo Gobierno deberá incluirse un nuevo proyecto de ley de bases de régimen local que trate separadamente los principios generales a los que deberá acomodarse toda la organización local. Una ley orgánica facilitará la adaptación de las delimitaciones provinciales a la funcionalidad de las entidades representativas que sustituyan las Diputaciones cuando así lo acuerden las respectivas comunidades autónomas.

En la elaboración de la ley orgánica del Poder Judicial, incorporando las innovaciones constitucionales, singularmente las derivadas de la figura del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deberá entrar en funcionamiento antes del 1 de febrero de 1983. Convergencia i Unió defiende la tramitación de una nueva ley de reclutamiento para el servicio militar, que contemple: la objeción de conciencia, nuevas figuras de exención y prórroga en base a situaciones familiares de necesidad económica, el cumplimiento del servicio, militar en la región de origen y la reducción en dos meses del servicio obligatorio.