El programa electoral del PCE

EL PROGRAMA electoral del Partido Comunista se instala en el terreno que le dejan libre su decisión de no disparar las ofertas hacia alturas inalcanzables por la realidad y su deseo de desbordar por la izquierda las propuestas del PSOE en lo que respecta a la lucha contra el desempleo y la protección a los parados. El resultado es una plataforma de perfiles mas bien moderados, si se la compara con los tradicionales esterotipos comunistas de nacionalizaciones y reforma agraria, pero también un catálogo de medidas de política económica con un fortísimo componente inflacionista. Del viejo estatalismo del PCE sólo queda la sugerencia de abandonar el principio de subsidiariedad del sector público en la economía, incluída la creación de una Banca Comercial del Estado. Y de su escaso aprecio por la libertad de expresión el rechazo de la Televisión privada, la defensa de la antigua prensa del Movimiento como propiedad estatal y la propuesta de "medidas legislativas y administrativas tendentes a impedir las concentraciones salvajes de capital en los medios privados de comunicación", pese a la evidente descapitalización de la prensa española. En cualquier caso, la instrumentación del programa comunista implicaría un crecimiento notable del gasto público que se manifestaría en un aumento del déficit y en una intensificación de la presión fiscal.El PCE propone "un Plan de Solidaridad contra el paro y la crisis" que luche para conseguir el pleno empleo, la plena protección -mientras tanto- de los parados, la mejora de los ciudadanos mas desfavorecidos, la reforma de la Seguridad Social y la protección al consumidor. Los comunistas proponen la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo en cuatro años mediante el aumento de la inversión pública en 300.000 millones de pesetas anuales y un inventario de disposiciones (créditos mas baratos, contención salarial, reducción de costos en la Seguridad Social, etc.) para relanzar la inversión privada. Los procesos inflacionistas serían contrarrestados por el aumento de la productividad de la economía española en un 3% o 4% anual acumulativo. Sin embargo, el propósito de mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, las trabas a la contratación temporal y a tiempo parcial, las primas de 500.000 pesetas a las pymes por nuevo puesto de trabajo y algunas de las mejoras sociales incluídas en el programa comunista -reducción de la jornada laboral a 35 horas en 1986, ampliación de las vacaciones pagadas a cinco semanas, jubilación voluntaria a los 60 años en 1986- no parecen especialmente indicadas para conseguir ese incremento de la productividad.

En cualquier caso, las medidas en favor de un mayor bienestar de los asalariados no llevan en si mismas la capacidad de promover empleos. No hay argumentos sólidos para suponer que los beneficios sociales, propugnados con toda lógica por partidos de base electoral obrera, desempeñen, a la vez y en paralelo, el papel de inductores de la creación de nuevos puestos de trabajo. En la mayor parte de los países industriales la rebaja de la edad de jubilación no es considerada un estímulo directo para la contratación inmediata de trabajadores, que ocuparían inmediatamente el puesto dejado teóricamente libre por los retirados. El rejuvenecimiento de la masa laboral sólo puede operar como mecanismo de creación de empleos a medio o largo plazo. La reducción del número de horas trabajadas y la ampliación del período de vacaciones, que benefician las condiciones de vida de los trabajadores, tampoco son consideradas, salvo en Bélgica y Francia, instrumentos adecuados para estimular la ocupación.

A las dudosas repercusiones sobre el empleo de esas medidas hay que añadir el aumento de los costes para el gasto público, en los presupuestos generales del Estado y en la Seguridad Social, de la jubilación anticipada, la mejora en las prestaciones de desempleo, la ampliación del período para su percepción hasta 24 meses y hasta la jubilación a partir de los 55 años, el amplio abanico de otros beneficios sociales para pensionistas, minusválidos, emigrantes que retornan, etc. La suposición de que la lucha contra el fraude fiscal, tras el aumento de los impuestos, o el reembolso de las cuotas de seguridad social adeudadas por las empresas puede combatir el déficit es peligrosa. Nadie puede saber a ciencia cierta la cuantía real de las imposiciones ocultas y las deudas con la Seguridad Social suelen provenir en su mayor parte de empresas en suspensión de pagos real o al borde de la quiebra. La reducción de los gastos en la Administración Pública tampoco sería un objetivo fácil de lograr, sobre todo si los criterios de ahorro se ejemplifican con la propuesta de crear nuevas Secretarías de Estado para la Emigración, la Investigación y el Medio Ambiente o con la sugerencia de elevar el presupuesto de Educación desde el 14% de los Presupuestos Generales al 25% en cuatro años y de asignar el 1,5% del PIB a la investigación.

El único aspecto en el que el programa del PCE se descuelga totalmente de la oferta socialista, no compitiendo en cantidades sino en orientaciones, es el rechazo frontal de la LOAPA. Dejando a un lado el factor diferencial que pudiera significar el peso del PSUC dentro del comunismo español, la historia, la ideología y la práctica política del PCE dan fundamento para sospechar que ese enfoque de la cuestión autonómica tiene motivaciones más pragmáticas que ideológicas. Respecto a la OTAN, los comunistas señalan un plazo de seis meses para la celebración del referendum consultivo, ofrecido por el PSOE sin fijación de fechas. Frente al aborto terapeútico propugnado por los socialistas, el PCE defiende el proyecto de ley, mas amplio, propuesto a las Cortes Generales durante la anterior legislatura.

El programa del PCE se instala en un punto intermedio, ni tan próximo a la oferta socialista como para confundirse con ella, ni tan alejado como para resultar irreconciliable. Esta localización es un reflejo de la estrategia política de los comunistas, que han renunciado a la fórmula del gobierno de unidad de la izquierda pero no descartan la posibilidad de un acuerdo de legislatura con el PSOE. El Frente Democrático es un nombre nuevo para una idea antigua, anteriormente denominada Pacto para la Libertad o Gobierno de Concentración, que se resume en el propósito de los comunistas de ser invitados a formar parte de una coalición, en pie de igualdad o de manera subalterna, con los socialistas y con las llamadas "fuerzas del progreso", rótulo bajo el que cabe adivinar el rostro de Adolfo Suárez e incluso la efigie de Landelino Lavilla. Para lograr ese objetivo, los comunistas recurren alternativamente al argumento y a la amenaza: "cuando los socialistas afirman que no quieren saber nada con los comunistas están dividiendo a la clase trabajadora".

La experiencia de las relaciones del PCF con los socialistas franceses ha mostrado, sin embargo, que ambas estrategias, la del palo y la de la zanahoria, rivalizan entre sí a la hora de cosechar fracasos. Si mal le anduvieron las cosas electoralmente a Marchais en la época del programa común de la izquierda, peor todavía le fue en los comicios tras su viraje hacia un feroz antisocialismo. Tampoco a los comunistas españoles, que alternan la mano tendida hacia el PSOE con las críticas descalificadoras, les resultará fácil encontrar una postura cómoda en sus relaciones con los socialistas. Las presiones del Juntos podemos de la campaña andaluza terminaron en un descalabro electoral pero la casi identificación del programa comunista con la oferta socialista también puede restarles sufragios a través del argumento del voto útil. El PCE considera que un gobierno monocolor le obligaría a Felipe González a hacer concesiones a la derecha económica y social. "Del gobierno de un solo partido no, vendrían los cambios profundos, progresistas, que el país necesita". No le falta razón. Pero tampoco a quienes piensan que un gobierno del PSOE dependiente de los votos comunistas tendría que desplegar sus cautelas y su conformismo mucho más acentuadamente que si pudiera prescindir de su ayuda.