La economía

EL PROGRAMA de Alianza Popular representa un intento de combinar las ideas neoliberales con los viejos impulsos intervencionistas que animaron la política gubernamental del anterior régimen. Las propuestas de reducción de impuestos y las alabanzas a la economía de libre mercado pertenecen inequívocamente al new look que los éxitos electorales de Ronald Reagan y Margaret Thatcher han puesto de moda en los medios conservadores de nuestro país. Sin embargo, el generoso propósito del programa aliancista de financiar con fondos presupuestarios la realización de una multitud de ambiciosos proyectos y el reglamentismo de algunos apartados del Programa recuerdan los hábitos dirigistas que la derecha autoritaria española hizo suyos tradicionalmente. En el programa de Alianza Popular la falta de coherencia entre una confianza abstracta en la mano invisible del mercado y la voluntad irresistible de interferir sus mecanismos arroja, como resultado final, una mayonesa cuyos componentes no terminan de ligar.El traje de moda joven del neoliberalismo económico estalla, así, por sus costuras a medida que el programa aliancista transita desde la declaración de principios a los tratamientos sectoriales. El intervencionismo del programa de AP desemboca en ocasiones en puro arbitrismo e imagina fórmulas dignas de Fourier o Saint-Simon. Las agencias de viaje tienen derecho, por ejemplo, a dos páginas dentro del apartado sobre el turismo, bastante abundante, por lo demás, en reglamentismos minuciosos, orientados, entre otras cosas, a remediar las nefastas consecuencias sobre nuestras playas y nuestras costas de la política desarrollista de la década de los sesenta. O sea, de la política turística del ministro Fraga. Los peces tendrán su variante del FORPPA, denominado Fondo de Regulación y Ordenación de los Productog del Mar (FROM). El marisqueo, la agricultura de montaña o la protección y ordenación del alcornocal en áreas deprimidas compiten en el programa con "la reconducción de la naturaleza a su estado óptimo". Por supuesto, los precios agrarios de intervención, indicativo y de garantía serán respetados, cuando no aumentados. La libertad de mercado se aplicará, en cambio, para la fijación de los salarios, a fin de acabar con "el excesivo coste unitario" y "la inmovilidad contractual y geográfica" del trabajo, pero el intervencionismo aliancista inventa un pintoresco certificado de capacitación obligatorio para acceder por primera vez al mercado laboral, y al que sólo tendrían derecho los aprendices que hubieran trabajado durante tres años cobrando la mitad del sueldo. Y hasta la ortodoxia monetarista tendrá sus excepciones, ya que habrá "líneas de crédito especiales" para las cooperativas, y se prevén "créditos con un amplio período de carencia, plazos adecuados de amortización y que sean rápidos en su tramitación y concesión" para las pyme.

El canto a las pequeñas y medianas empresas termina, sin embargo, en un estruendoso gallo al situarlas bajo la amorosa tutela de "poderosas compañías de trading" guiadas por el INI (transmutado en un superholding de comercio exterior), a las que se encomienda la tarea de realizar las ventas de las heterogéneas y pequeñas produccionos de las pyme y gestionar al mismo tiempo las importaciones compensatorias". La implantación en España de las centrales de comercio exterior de los países del Este no parece compaginarse muy bien con las devociones neoliberales. Los polos de desarrollo de López Rodó también resucitan en forma de "primas de asentamientos industriales" en las regiones menos favorecidas. Tampoco el neoliberalismo sale muy bien librado cuando el documento de Alianza Popular recuerda con solemnidad que "en todas las grandes crisis occidentales, de oferta o de demanda, ha sido necesario relanzar la construcción para superarlas". De añadidura, AP "opta claramente por la fidelidad a los objetivos de pleno empleo y seguridad social" y promete "mejorar y agilizar las ayudas económicas que faciliten la reinstalación en España" de nuestros emigrantes.

Una contradicción así cuartea el programa cuando se intenta poner en relación la pretendida reducción de impuestos -y, por tanto, de los ingresos estatales- con aquellos objetivos del programa que habrían de ser sufragados necesariamente por el gasto público. Manuel Fraga quiere debilitar la presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas, suprimir el impuesto sobre el patrimonio, modificar el de sucesiones y asegurar "el máximo respeto a la intimidad económica personal" mediante la instauración del secreto fiscal. Pero no explica cómo se propone financiar sus planes de obras públicas, superpuertos , autopistas, líneas férreas, infraestructura energética y turística, vivienda, regadíos (millón y medio de hectáreas en cuatro años), industrialización rural, reconversión industrial ("todas las empresas españolas, deben reestructurarse"), prisiones, etcétera. La curiosidad se convierte en perplejidad cuando Alianza Popular anuncia su propósito de financiar la enseñanza privada en pie de igualdad con la estatal, potenciar la universidad y la investigación, equiparar las remuneraciones de los funcionarios con el sector privado, "asumir las legítimas reivindicaciones de los miembros de los cuerpos de seguridad, incrementar las pensiones de los jubilados (que podrán viajar gratuitamente en los transportes urbanos, pagar la mitad de la entrada en los espectáculos y disfrutar de alquileres limitados) y extender los, baneficios de la Seguridad Social no sólo a los jóvenes que dejan la escuela y no encuentran empleo, sino también al ama (o amo) de casa. Sabíamos que la derecha reaccionaria era integrista de ideas. No creíamos que resultara además tan mala administradora. Por eso sólo cabe una explicación a tanto despropósito junto: en el convencimiento de que no ganará las elecciones y no gobernará, Manuel Fraga se ha dedicado a prometer el oro y el moro para explicar después lo mal que lo hacen los otros.