Bandrés considera cerradas las conversaciones para aplicar medidas de gracia a 'etarras' que abandonen la lucha armada

Juan María Bandrés considera cerradas las conversaciones actualmente en curso con el Ministerio del Interior, que confirmó el propio ministro Juan José Rosón, encaminadas a conseguir medidas de gracia para miembros de ETApm que decidieron abandonar la lucha armada y están actualmente encarcelados. Estas medidas, que ya han comenzado a aplicarse en algunos casos, serían puestas en práctica a mediados de septiembre, una vez concluido el período vacacional, y afectarían a un total de 22 personas, la mayoría incluídas en la lista que hicieron pública desde la cárcel de Nanclares de la Oca los presos de la VIII Asamblea de ETApm, junto a su postura de rechazo de tales medidas.

De la lista inicial de nombres facilitada por los presos de esta prisión y difundida desde Bilbao por el nuevo servicio informativo "Horus" continúan encarceladas 25 personas, tras la puesta en libertad, el pasado sábado, de Tomás Esnaola Aizpuru, que contó con la defensa jurídica del mismo Bandrés, y Amelia Carmen Jiménez Larrosain, desde la cárcel de Yeserías, a mediados de julio.El mismo jurista Bandrés, que ayer compareció ante la Prensa acompañado del ex preso Esnaola Aizpuru y dirigentes de EE, manifestó su voluntad de que esta primera relación de personas para las que se esperan medidas de gracia, se amplíe y continúe abierta para todas aquellas personas actualmente detenidas o bajo responsabilidades jurídicas, que acrediten su firme decisión de abandonar la lucha armada, situación en la que, según informó Bandrés, se encontrarían otros 24 miembros de la VII Asamblea de ETA Político Militar, así como 70 exiliados. Asimismo, informó Bandrés de la inclusión en la primera lista de presos que se conoce de Lidia Fonbellida Urritikoetxea y María Concepción Abete Blanco, encarceladas en la prisión donostiarra de Martutene.

Contradicciones de los presos

En opinión de Bandrés, el replanteamiento de la situación de nuevos casos obtendría "un efecto multiplicador positivo", encaminado a solucionar el problema de las personas que desean su reincorporación a la normalidad ciudadana y se hallan sometidas, hoy día, a responsabilidades jurídicas. Precisó Bandrés que las medidas se aplicarían en todos los casos a través del Ministerio de Justicia, lo que explica el hecho de que no entren en vigor hasta el próximo mes de septiembre, incluso los que se consideran ya cerrados, dado el período vacacional de la Administración. También calificó de "contradictorias" las posiciones, de algunas de las personas para las que se solicitan medidas de gracia, según demostró en documentos y cartas de presos presentados a la Prensa.En concreto, Bandrés, con las cartas de los presos en la mano, informó cómo los hermanos Sansinenca, Luis Mariano e Ignacio, que habían dado su consentimiento para acogerse a las medidas de gracia, rechazaban las mismas a través de una carta que recibió ayer mismo. Asimismo, mostró el documento por el que las detenidas en Martutene, María José Gorrotxategui, Françoise Marhuenda y Rosadina Martínez Goikoetxea, pedían ser excluídas de la lista en la que figuraban con su previo consentimiento. De esta forma, y en palabras de Bandrés "porque no se puede hacer nada por la fuerza, ni siquiera para sacar a la gente de la cárcel", se reducirían a 22 el número de personas a las que afectarían las medidas de gracia previstas para septiembre.

El mismo Bandrés hizo una detallada relación de los pasos protagonizados por él mismo y su partido desde que en mayo del pasado año el Comité Central de Euskadiko Ezkerra se comprometió en una resolución a dedicar su actividad en la solución del problema de los presos y exiliados vascos. En este contexto, informó de que en las mismas fechas se entrevistó con el lendakari Garaikoetxea y el líder de la oposición, Felipe González, a fin de informarles de Ios propósitos y las vías de solución que proponía su partido, personalidades a las que Bandrés ha vuelto a informar de la situación del tema en fecha reciente.

Tanto Bandrés como el dirigente de EE Javier Markiegui, valoraron positivamente las reacciones suscitadas hasta el momento, incluso en formaciones y personas de talante conservador, respecto a las citadas gestiones de EE cerca del Ministerio del Interior, a la vez de considerar igualmente positivo él hecho de que el propio ministro Rosón compareciera públicamente acompañado de cargos de su departamento en tomo al mismo tema.

Por su parte, el recién liberado Esnaola Aizpuru, en situación de libertad provisional a la espera de un juicio bajo acusación de colaboración con bandas armadas, se refirió a la situación de tensión dominante en las cárceles entre las dos ramas de ETApm, de la VII y VIII Asamblea -favorable y contraria a la aplicación de estas medidas respectivamente-, en particular en la prisión de Nanclares de la Oca, donde se encuentran medio centenar de presos vascos, a raiz de la publicación del documento de rechazo a las citadas medidas, acompañado de las listas por los militantes de la segunda de estas ramas.

Esnaola Aizpuru declaró que de ninguna manera "me siento un terrorista arrepentido" y que "lo único que he tenido que firmar ha sido mi salida de la cárcel, como todo el mundo". Sobre este punto y en relación con la experiencia producida por la promulgación del decreto de amnistía de 1977, Bandrés afirmó que pensaba como Adolfo Suárez, presidente del Gobierno español en aquel momento, que la aplicación de estas medidas de gracia no conllevaría la reincidencia ni la vuelta a las armas de las personas sobre las que cabe la posibilidad de aplicarlas. "Si hacemos un censo de todas las personas que se beneficiaron del decreto de amnistía", afirmó Bandrés, "se podría encontrar a la mayoría afiliada a partidos democráticos o reinsertos en la vida ciudadana sin ninguna afiliación política"'.

De otro lado, y entre las reacciones de las fuerzas políticas vascas en tomo al tema, en tanto miembros de UCD contemplan en forma positiva la labor de Rosón en la solución de los casos de los poli-milis que el pasado febrero decidieron su adiós a las armas, el presidente del partido centrista en Vizcaya, Adolfo Careaga, califica de "Iamentable error" las posibles medidas de gracia que se pongan en práctica. "No apruebo que el problema de ETA se solucione a través de los abogados de ETA", añadió Careaga, al tiempo de declararse "absolutamente escéptico" sobre cualquier medida de este tipo.

Por su parte, el portavoz socialista en el Parlamento vasco, Ricardo García Damborenea, considera que "no se puede hacer una cuestión de principio" sobre el tema, al margen de una valoración global del propio alcance de las medidas de gracia. "Si las actuaciones de Rosón en el problema demuestran su eficacia como instrumento en la lucha contra el terrorismo, nadie puede estar en contra, ni tampoco se puede atar de manos al ministro", afirma García Damborenea, a la vez que considera lógicas "la suspicacia y desconfianza" suscitadas en torno a esta misma cuestión. "Porque nadie olvida que, tras la aplicación de la amnistía, han continuado las muertes, chantajes y secuestros", afirma el dirigente socialista.