La mitad de los trabajadores de las minas leonesas proceden de países extranjeros

Uno de cada dos trabajadores que bajan a las minas de León es portugués. Se calcula que la población laboral del sector es de 12.000 mineros en toda la provincia, incluidos los españoles, pero algunos periódicos portugueses hablan de 8.000 inmigrantes de este país "sin cualquier apoyo social", abandonados a su suerte (Comercio de Porto), y otros dan la cifra de 30.000 en León y 40.000 en Asturias, no menos desasistidos (Diario de Braganza). Mientras, el consulado tiene censado un total de 7.000, y la patronal dice que no es descabellado el reparto al 50% de trabajadores inmigrantes y españoles en las minas de El Bierzo. Son los forçados de las minas, un trabajo del que, incluso en época de paro, huyen los españoles.

"Yo, por lo menos, no tengo nada que agradecer al Gobierno portugués; lo único que hizo fue matarme de hambre", dice Miguel da Cruz, un minero de treinta años, que nació en la región de Tras os Montes, hizo la guerra en Angola, se casó con una muchacha de Vigo, se nacionalizó español, vino a trabajar a Antracitas de Fabero, estuvo dos años alternando el paro y el trabajo, por la desgracia de un expediente de crisis, y, por último, cayó, con su familia, afectado por la intoxicación masiva del aceite de colza adulterado. "Yo sólo maté el hambre cuando vine a España", añade confiado en su supuesta buena suerte.La totalidad de los inmigrantes portugueses que trabajan en las cuencas mineras de León procede de Tras os Montes, al norte del país, donde no hay trabajo para la gente joven, la Iglesia manda mucho y los hombres votan a la derecha, entre montañas que les aislan de cualquier influencia progresista.

Uno de los inmigrantes más veteranos de Fabero, José Joaquín González, recuerda que cuando él vino, en 1965, "ya estaban muchos portugueses aquí". Los empresarios mineros iban a contratarles directamente a Portugal, ante la falta de mano de obra barata y, sobre todo, dócil, según las centrales sindicales: "Nos cogían cuando pasábamos la frontera, nos traían aquí a gastos pagados, y nos ponían a trabajar". Unas ropas de trabajo gratuitas, techo de pocos metros cuadrados en el poblado y un sueldo que hoy no baja de las 70.000 pesetas mensuales hicieron el resto: las empresas se encargaban de tramitar hasta los permisos de residencia, y la policía se mostraba generosa para la gente que, en el peor de los casos, entraba sin papeles.

Vivir del carbón

Portugueses, hombres de Cabo Verde y, en menor medida, paquistaníes se han concentrado en las cuencas mineras de El Bierzo y Villablino, hasta el punto de dejar en minoría a los habitantes de muchos pueblos. En algunas localidades, como Tremor de Arriba, los programas municipales de fiestas se editan en español y portugués, y, junto a la autoridad oficial, existe alcalde paralelo para los inmigrantes, que se encarga de poner orden entre sus compatriotas. Este fenómeno, que llamaría la atención en otras latitudes, es visto con naturalidad por la población autóctona, acostumbrada en las últimas décadas a un incesante aluvión de trabajadores asturianos, gallegos y andaluces.Al margen de las estadísticas oficiales -el Ministerio de Trabajo tiene censados menos de 2.000 trabajadores portugueses con los papeles en regla-, los inmigrantes dan sus propios cálculos: un tercio de los residentes en León ha optado por adquirir la nacionalidad española, otra tercera parte conserva su nacionalidad de origen y dispone de carta de trabajo y permiso de residencia, y el resto carece de todo tipo de documentación o está pendiente de tramitarla. Los papeles son una obsesión para los inmigrantes. Cada año deben renovar los permisos oficiales para residir en España, lo que supone seis meses de incertidumbre burocrática y el riesgo de que la policía los devuelva a su país. Casarse con una española y adquirir una nueva nacionalidad resulta una vía sencilla para resolver el problema.

Por lo demás, no hay nada más clásico que la vida de un inmigrante minero, sea cual sea su nacionalidad: primero llegan los solteros o los cabezas de familia; luego, las mujeres y los hijos; más tarde, los parientes o conocidos, que repiten el ciclo, y al final, se queda uno a vivir en una finca comprada con el sueldo de la mina, de 70.000 a 90.000 pesetas mensuales como media, o se vuelve a Portugal con una jubilación prematura provocada por las enfermedades profesionales (silicosis).

Mientras tanto, los portugueses se olvidan de cualquier posible ayuda de su Gobierno, que, a su vez, los olvida a ellos. En Fabero pidieron las viviendas del poblado que nadie quería antes de la crisis. "Ya las ve usted", dicen mientras empapelan y tapan las grietas, "y para conseguirlas ahora hay que esperar cinco o seis años". Vamos arreglando las casas como podemos, porque el alquiler de un piso cuesta ya 30.000 pesetas al mes, y la minería no da para eso".

En Fabero, los hijos de los inmigrantes, alrededor de 150 niños en edad escolar, no tienen problemas para acceder a la escuela pública, pero, en cambio, les falta un profesor que les enseñe su propio idioma: el portugués. "En Madrid", dicen, "el embajador nos prometió que sí, que nos iba a hacer una escuela aquí, otra en Bembibre y otra en tal sitio". Pero las prome sas no se han materializado nunca desde que el Gobierno de Portugal envía un representante a la fiesta anual de sus súbditos, a primeros de junio, en Bembibre. Grupos de familias se reúnen "en días señala dos" por propia iniciativa para re cordar su cultura de origen. Y eso es todo lo que puede hacerse.

La crisis

Las relaciones con la población española sen buenas, según los inmigrantes, "pero hay de todo". La integración en una zona donde las costumbres y el idioma no son un problema -en El Bierzo se habla gallego- ha sido fácil hasta que empezó la crisis económica. "La cosa de los puestos de trabajo está peor para nosotros y peor para los españoles", dice uno de ellos.Todos recuerdan que a raíz del último expediente de crisis de Antracitas de Fabero, que supuso la desaparición de doscientos puestos de trabajo, el comité de empresa "quería rebajar la plantilla con los emigrantes", y fue precisamente la patronal quien los defendió. Las centrales sindicales, en ocasiones, llegaron a acusarles de ser un instrumento empresarial para frenar las reivindicaciones del resto de los mineros, basándose en la inseguridad de los contratos de trabajo y permisos de residencia. Pero estas acusaciones de amarillismo sindical son rechazadas enérgicamente por los portugueses, en su mayor parte afiliados a CC OO o UGT a un dirigente de CC OO "le dije una vez que lo tirábamos por la vertical del pozo de la mina, nosotros, si hay una huelga. Vamos con la mayoría, porque no estamos aquí para ganar un cacho de pan ni para ser el espejo o el cebo de nadie".

Otra cosa son las recientes redadas policiales en las que súbditos portugueses han sido acusados de pertenecer a los GRAPO o de vender armas a esta organización terrorista pero los inmigrantes no quieren ni oír hablar del GRAPO, "si están matando, que los castiguen".

Los de Angola

Eduardo Días llegó a Bembibre en 1975, procedente de Angola. Hoy se dedica al reparto de gas butano y es uno de los pocos que no vienen de Tras os Montes ni trabajan en la mina. Asegura que el auge de la emigración portuguesa hacia España data de los primeros años sesenta -"desde 1961, cuando reventó la guerra de Angola, para huir"-, aunque después pesaran de manera especial los condicionantes económicos. Ahora, "un 20% de los jubilados se marcha para allá; un 70% pensamos quedarnos aquí, y el resto no sabe lo que va a hacer todavía".Insiste en que uno de los grandes problemas de sus compatriotas es la inseguridad de los permisos de residencia, porque "si las autoridades, de verdad, nos quieren poner en la frontera, pues nos ponen". Las relaciones con la población autóctona son buenas también para él, porque los portujueses se limitan a coger los trabajos que no quieren los demás vecinos, pero calcula que un 50% de los inmigrantes carece de documentación o está embarcado en trámites burocráticos seis meses al año.