Duro enfrentamiento dentro de la CEOE entre proteccionistas y partidarios de la libertad de mercado

La toma de postura de la CEOE hacia una opción política concreta, presumiblemente Alianza Popular, y la aprobación de un ambicioso programa económico del empresariado, quedó aplazada en la última reunión del comité ejecutivo de la citada organización, que se celebró el martes pasado, por fuertes diferencias internas entre los proteccionistas y los defensores del libre mercado, y a la espera de una mayor clarificación del futuro de UCD.

El enfrentamiento entre los representantes proteccionistas de sectores en crisis y quienes postulan una mayor liberalización de la economía (el documento plantea la renuncia de subsidios y desgravaciones siempre que se vaya a tipos de cambio de mercado y a libertad de precios) impidió que prosperara el plan económico elaborado por un equipo de técnicos de la CEOE.Rafael Termes, representante de la banca privada en CEOE, evitó que el comité ejecutivo de la patronal se decantara claramente en favor de una determinada opción de la derecha como pretendían algunos miembros del mismo.

En cuanto al programa económico de la CEOE, que probablemente no se haga público hasta septiembre, previa introducción de numerosas modificaciones, el comité ejecutivo examino un documento de trabajo que consta, de unas noventa páginas. En la primera parte se recoge una visión general de la situación económica, que es un poco el resumen-introducción del documento, y a continuación se expone la situación de la economía internacional dividida en tres grandes apartados: problema energético, política económica de Estados Unidos y nuevos planteamientos de la política económica en el mundo occidental.

A continuación el documento analiza la política económica española y la situación de nuestra economía (solicitan mayor flexibilidad de plantillas y critican los excesivos costes de la Seguridad Social y su crecimiento).

El documento estudia la política presupuestaria desde un análisis de la evolución de la presión tributaria y de la evolución del gasto. La presión tributaria, según CEOE, ha aumentado más de lo que afirma el Gobierno con un incremento superior al 5% desde 1977. CEOE imputa la incidencia de los impuestos en el año que se genera la obligación de pago y no en el año en que se produce la recaudación.

A continuación, tras las críticas al fuerte incremento de la presión tributaria y al crecimiento del déficit público, se pasa a analizar el, gasto público: elevados gastos corrientes, excesivas transferencias y escaso crecimiento de las inversiones reales. La patronal, partiendo de la afirmación que se hace habitualmente de que tenemos el déficit público que la sociedad reclama, analiza los gastos de Seguridad Social, los relativos al desempleo y las pensiones (especialmente las prestaciones por efectos de la guerra civil) y su evolución y necesidad en los últimos ejercicios. La patronal estima que en estos capítulos se podría haber ahorrado, recortando gastos no del todo justificados, de 400.000 a 500.000 millones de pesetas en 1981.

CEOE analiza después las subvenciones a las empresas (de los 240.000 millones concedidos en 1981, sólo fueron 50.000 millones a la enseñanza privada y unos 25.000 millones a empresas privadas; el resto se destinó a empresas públicas, destacando especialmente Renfe y las integradas en el INI). El documento plantea que no se puede seguir criticando al sector público sin reconocer que en última instancia hay aspectos que benefician claramente a determinadas empresas privadas.

En este sentido el documento plantea la posibilidad de renunciar a desgravaciones, medidas proteccionistas y subvenciones indiscriminadas. En esta situación es imposible un tipo de cambio realista que permita a nuestras empresas competir en los distintos mercados. Un tipo de cambio acorde con el mercado, aun a costa de renunciar a las desgravaciones, permitiría -según el documento- una mayor competitividad de nuestras empresas en los mercados externo e interno y facilitaría, por otra parte, las negociaciones con la CEE. El déficit público hay que analizarlo también desde la perspectiva de la balanza de pagos.

En resumen, el documento plantea la posible renuncia a los distintos subsidios siempre que se vaya a tipos de cambio de mercado y se liberalicen los precios. Recoge asimismo fortísimas críticas a la política monetaria y financiera seguida por el Gobierno desde 1977 y recomendaciones sobre el problema energético y la innovación tecnológica.