Bassols reconoce que la adhesión española a la CEE se retrasará hasta después de 1984

El secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas, Raimundo Bassols, se limitó ayer a calificar de "muy preocupante" la reciente decisión del Consejo Europeo de reexaminar el coste de la integración española en la CEE, pero matizó que el Gobierno carece aún de la información precisa para dar una respuesta derinitiva. Bassols reconoció, sin embargo, España no alcanzará su objetivo de integrarse en las comunidades el primero de enero de 1984 y responsabilizó, implícitamente, al Gobierno socialista francés de la pausa cierta que el estudio encargado por el Consejo Europeo (máximo organismo de la CEE) significa para el ritmo de las negociaciones.

El Gobierno, en el próximo Consejo de Ministros, evaluará la situación originada por la decisión comunitaria, pero Bassols adelantó que no habrá ninguna reacción altisonante, tal como una eventual retirada española de la mesa de negociaciones. Según Bassols, tanto la retirada de la candidatura como el abandono de la mesa de negociaciones tendría un coste superior para España, en sus relaciones económicas y políticas con la CEE, que la aceptación de la existencia de serias dificultades en el proceso de adhesión.El secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, en conferencia de Prensa convocada dos días más tarde de la decisión del Consejo Europeo, renunció, en todo momento, a dar opiniones definitivas sobre la decisión de los jefes de Estado o Gobierno de los diez insistiendo en la carencia de "todos los datos". En este sentido, Bassols señaló que el Gobierno tiene previsto mantener una serie de reuniones en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Gaston Thorn, con el fin de aclarar y aclararse sobre el alcance real de la decisión de la cumbre europea.

Tras transmitir la impresión de que el equipo negociador español esperaba "una actitud dura" por parte del Consejo Europeo y de que el Gobierno de Madrid poco pudo hacer para evitarlo -"nos daban los documentos media hora antes de entrar a las sesiones de negociación"-, Bassols manifestó que se disponía de alguna información adicional a la publicada por la Prensa que inducía a creer que la actitud firme del presidente francés, François Mitterrand, no había sido unánimamente aprobada por los diez. "Nos consta que hubo cuatro países que presentaron sus reservas a la actitud francesa o que exigieron una mayor clarificación", manifestó Bassols sin identificar a los cuatro países.

Responsabilidad francesa

En este punto, Bassols dejó traslucir implicitameilte la tesis de que la pausa impuesta en las negociaciones con Espafía cae dentro del ámbito de la responsabilidad de un solo país, Francia, que a lo largo del último año ha dado muestras reiteradas de querer zanjar antes las cuestiones internas de la CEE -política agrícola, presupuesto, pesca, etc.- que meterse de lleno en la recta final de las negociaciones con España.

"Hasta el pasado mes de junio" manifestó el secretario de España, "las negociaciones habían ido a un ritmo esperanzador y se habían conseguido cerrar varíos puntos. Pero el 16 de junio, en la reunión del comité permanente, comprobamos que aparecían dificultades in crescendo, todas de orden técnico, que surgían a la luz ante la dificultad de los diez de presentar nos una postura común".

La reciente visita del presidente francés, François Mitterrand, a Madrid vino a añadir más datos al temor español de un previsible parón en las negociaciones y, en este sentido, sirvió para centrar el tema con la confirmación de la postura francesa. París centraba su actitud en dos puntos: un sí político a la ampliación y el reconocimiento de que la adhesión española crea serios problemas a la comunidad, especialmente a Francia.

Sin decirlo explícitamente, Bassols dió a entender que la reacción española puede orientarse a reducir los efectos negativos de esta pausa forzada en las negociaciones. En espera de la postura que idopte el Consejo de Ministros, en su reunión de la próxima semana, el secretario de Estado indicó que las conversaciones que se mantendrán en Bruselas para, obtener información precisa sobre la decisión del Consejo Europeo, intentará a su vez que se acepte algún tipo de participación española en el estudio que, sobre los costes de la adhesión, tiene que realizar la Comisión Europea.

Acabar el estudio

Asimismo, el Gobierno español presionara para que este estudio se realice en el tiempo más corto posible, tal como han señalado ya los portavoces de la comisión encargada de elaborar este estudio.

Aún admiticindo lo "chocante" que es que se encargue, cinco años después de presentada la candidatura, un estudio sobre las consecuencias de la ampliación, el secretario de Estado restó importancia al hecho de que, como consecuencia de éste, se retrase la adhesión española. La situación actual nos beneficia, vino a decir Bássols, "porque nuestras relaciones comerciales con la CEE se rigen por el acuerdo de 1970, un acuerdo que hoy por hoy nos beneficia".