Precio político en la emisión de bonos de Banca Catalana
Un consejo de administración formado por "notables" de la vida económica catalana y el compromiso político asumido por las principales empresas de la zona y las cajas de ahorro que centran su actividad, son el resultado de la negociación que se ha desarrollado en las últimas semanas entre la Administración central, la autonómica y las fuerzas económicas para encontrar una salida airosa a la ola de rumores que convergieron sobre Banca Catalana, que en la actualidad es el único banco catalán que seguía en activo.
El presidente de Banca Catalana, Raimon Carrasco, ha puesto a disposición del nuevo consejo su cargo; seis consejeros, entre ellos Francesc Cabana, abandonan sus sillones para dar entrada a las nuevas personalidades y tratar de desvincular la dirección de Banca Catalana con la presidencia de la Generalidad. En este sentido se espera que Pujol tome algún tipo de decisión respecto al paquete de acciones que tiene.Con ello se pretende que se vea al grupo financiero privado catalán simplemente como un banco y no como una derivación política de Jordi Pujol.
Juan Alegre Marcet, presidente de Fecsa y hombre ligado a la Banca March; Jesús Serra Santamans, consejero delegado de Catalana de Occidente; Gabriel Buxó, empresario del textil; Josep Camp, de la empresa de detergentes del mismo nombre; Juan Antonio Delgado, consejero delegado de Cros; Gonzalo Turell, de Aguas de Barcelona, y Gabriel Ferrater, rector de la Politécnica de la Ciudad Condal, son los nuevos hombres que componen el Consejo de Administración de Banca Catalana.
Desde fuera, pero aportando su apoyo económico y moral, se encuentran Pedro Durán Farell, de Catalana de Gas y consejero del Hispano y del Urquijo; Pedro Masó, del Bilbao, ex alcalde de Barcelona y ligado a empresas de la región y José María Figueras, vinculado a las cámaras de comercio, quien habría preferido seguir ostentando sus cargos públicos a comprometerse directamente en la operación Catalana aunque, como manifestó en el transcurso de la junta general de accionistas, ésta debe seguir existiendo para el bien de las empresas y de Cataluña misma.
La renovación del Consejo de Administración acompaña al intento de duplicar los recursos propios de Banca Catalana mediante una emisión de bonos convertibles cuya definitiva aprobación depende de una nueva junta general extraordinaria que será convocada en breve y cuyo punto del día fundamental será la aprobación de las características de dichos bonos.
En principio, y hasta que sea definitivamente aprobado, se quieren emitir bonos por valor de 5.700 millones de pesetas a dos años de amortización o su conversión en acciones de la entidadd, y con una rentabilidad del 5%.
Tres escalones
La suscripción de estos bonos se trata de conseguir en tres escalones: con carácter preferente los accionistas de Banca Catalana, algunos de los cuales se mostraban dispuestos a hacerlo, según manifestaron en sus intervenciones en la junta general, siempre y cuando existiera el compromiso por parte de Banca Catalana de su posterior transformación en acciones a la par y no a precios demasiado elevados.En segundo plano por las principales empresas catalanas, y ahí se justifican los nuevos nombramientos del consejo de administración.
En tercer lugar, las cajas catalanas, quienes se han comprometido a asegurar la emisión de bonos en las cantidades que no sean adquiridas por los dos grupos anteriores.
Medios de las cajas catalanas estiman que entre 3.000 y 3.500 millones de pesetas será la parte de la emisión que tendrán que cubrir y no ocultan que puede ser un precio demasiado elevado el que tienen que pagar para ayudar a que salga de la crisis Banca Catalana. "Será muy difícil convencer a los consejos de las cajas de que una rentabilidad del 5% es buena", manifestaron portavoces de estas entidades comentando las propuestas de Banca Catalana.
Solución a corto plazo
Pero lo malo no se encuentra en esta casi nula rentabilidad, que se entiende como precio político no discutible, sino en los problemas que pueden surgir a la vuelta de dos años cuando tengan que amortizarse estos bonos o se plantee la posibilidad de convertirlos en acciones.En el primero de los casos es bastante difícil que Banca Catalana consiga en los próximos dos ejercicios unos resultados suficientemente elevados como para que puedan amortizarse estos bonos sin que perjudique de forma excesiva a sus balances; en el caso de que se traten de convertir en acciones, las cajas de ahorro -que controlarían más del 25% del nuevo capital de Banca Catalana-, se encontrarían con la limitación legal existente para que una caja posea más del 10% del capital de un banco.
Hay que tener en cuenta que La Caixa, por ejemplo, tiene en estos momentos el 7% del capital de Banca Catalana y, en función del importe de los bonos que tiene que asegurar en esta emisión dada su importancia en el ámbito financiero catalán, sobrepasaría ampliamente el máximo del 10%. Medios financieros catalanes y madrileños consideran que la solución aprobada en la junta de accionistas no pasa de ser provisional y, traslada a unos meses vista la definitiva, que podría pasar por la desaparición del grupo Catalana, su fraccionamiento en algunos de los bancos que hoy forman parte de él y su entroncamiento con algún banco nacional.
Nuevas obligaciones
Para apoyar esta tesis se dice que la emisión de bonos convertibles no supone una aportación de capital sino nuevas obligaciones financieiras por parte de Banca Catalana que trata de sanear su actividad pero que, a cambio, tiene que hacer frente a unos intereses, el 5% que rendirán esos bonos, y a unas amortizaciones que vencen en dos años.La integración, callada, en el grupo de un banco nacional una vez que se hayan olvidado los momentos de tensión actuales y cuando se compruebe la viabilidad de las entidades que forman parte del grupo, sería menos preocupante y continuaría sirviendo para el proceso de concentración de la actividad bancaria que se concreta cada vez que se da una solución a alguna entidad en crisis.
