Las eléctricas emitirán obligaciones para el público y la banca por valor de 120.000 millones de pesetas

Las compañías eléctricas tienen previsto emitir obligaciones por valor de 120.000 millones de pesetas para hacer frente a una parte de sus necesidades de financiación pura. Mientras que en los años anteriores todo el volumen de obligaciones que se ponía en circulación iba a parar indefectiblemente a los coeficientes computables de las cajas de ahorro, tanto durante el año pasado, como en el actual con mayor intensidad, se sabe que dicho coeficiente es incapaz de proporcionar fondos suficientes para tal demanda de recursos.

En círculos cercanos al sector eléctrico y a la Administración se considera que cerca del 50% de lo que se emita tendrá que hacerse en diversas operaciones en el mercado libre y no en el sujeto a coeficientes.Las compañías eléctricas tienen que inventarse nuevos instrumentos que, sin perder las características de financiación a largo plazo y con las condiciones básicas de las obligaciones, les permitan conseguir esos cincuenta o sesenta mil millones de pesetas que no tendrán acogida directa en las cajas.

Las cajas de ahorro han sido los destinatarios finales de buena parte de la renta fija que se ponía en circulación en los últimos años, y que ha supuesto un respiro de financiación importante para la mayoría de las instituciones públicas y empresas privadas, catalogadas como emisoras preferentes. El Instituto Nacional de Industria, corporaciones locales, Compañía Telefónica Nacional de España, compañías eléctricas, Renfe, Metro de Madrid, han incrementado sus emisiones de obligaciones porque tenían prácticamente asegurada su colocación dentro de los coeficientes.

Pero la liberalización del sistema financiero, con la consiguiente reducción paulatina de coeficientes obligatorios y el propio incremento de la oferta, centrada esencialmente en la salida al mercado de las corporaciones locales, con fuertes lazos con la mayoría de las cajas de ahorro, hicieron que ya el año pasado la última fase de obligaciones de las compañías privadas y de buena parte de las eléctricas tuviera que esperar cola para entrar dentro de los coeficientes. La situación este año es bastante más grave en este sentido.

Medios de la Administración calculan que durante 1982 se pondrán en circulación 600.000 millones de pesetas en emisiones de obligaciones, de los que 240.000 corresponderán a computables; 140.000, a bonos bancarios; 20.000, a emisiones libres; 40.000, a cédulas hipotecarias; 17.000, a crédito oficial; 10.000, a Red Española Nacional de Ferrocarriles, y el resto, a las emisiones de deuda pública a medio y largo plazo. Queda sin contabilizar dentro de la suma total la cifra final de pagarés del Tesoro, o deuda pública a corto plazo, que se quiere alcance los 150.000 millones de pesetas.

En busca de la banca y el ahorro privado

A finales del mes de mayo se habían puesto en circulación 112.000 millones de pesetas en emisiones computables y 68.000 correspondientes a bonos bancarios. De las computables, treinta mil millones correspondían a corporaciones locales; seis mil, a Telefónica; cuatro mil, a las computables por las comunidades autónomas, y los 72.000 millones restantes, a emisiones de las compañías eléctricas.Estas últimas han visto cómo a lo largo de los tres primeros meses del año lograban colocar dentro de los coeficientes de las cajas los flecos de emisiones que habían quedado pendientes durante el pasado año.

Por ello saben que este año el desfase sería mayor, y se preparan "para llegar directamente a la banca, tanto nacional como extranjera, sin olvidarnos de las cajas de ahorro y los ahorradores privados, los hombres de la calle", manifestó un direptor financiero del sector.

La liquidez existente en el mercado nacional y los deseos de las cajas por reducir sus depósitos de clientes, y así tener que cubrir menores coeficientes, son los aspectos positivos sobre los que se basan los directores financieros de las compañías eléctricas para empezar a proponer los nuevos productos financieros que ya existen en los mercados internacionales y que tienen que empezar a abrirse paso en el español.

Las inversiones a largo plazo que el sector está realizando exigen recursos a ese período de amortización, aunque al público en general se le ofrezca papel a todos los plazos posibles, declararon estas mismas fuentes, señalando que para cada uno de los destinatarios finales que se busquen se deben ofrecer productos diversos.

De esta forma se van a empezar a poner en circulación emisiones de obligaciones indiciadas no a tipo de interés fijo, como venía siendo tradicional hasta ahora, siendo el receptor de este tipo de valores la banca, tanto nacional como extranjera, aunque preferentemente la primera. Las cajas de ahorro, en base a reducir sus depósitos, pero conservando sus clientes a partir de estos títulos, podrían estar interesadas en este tipo de operaciones, y de hecho ya alguna compañía importante del sector mantiene conversaciones con cajas de primera linea para empezar a emitir.

El ejemplo más inmediato de esta modalidad se encuentra en la emisión de obligaciones que ENUSA realizó a finales del pasado año por valor de 6.000 millones de pesetas.

El plazo de amortización de estas emisiones será de nueve años, y el tipo de interés, el del preferencial de los bancos o cajas que participen en el aseguramiento de las mismas más un diferencial.

El objetivo de las eléctricas con este tipo de operaciones es, además de lograr los recursos necesarios, hacerlo a precios algo menores a los que están saliendo las obligaciones normales; en estos momentos el tipo de estas emisiones es del 14,25% más una comisión de colocación que varía, pero que situa el tipo efectivo entre el 16,5 y el 17%. Algunas compañías logran mejores condiciones pero en ningún caso se situan por debajo del 15,5%.

Para el ahorrador privado se están estudiando dos operaciones distintas. Por un lado se sigue manejando la posibilidad de poner en circulación el bono eléctrico, similar a los bonos bancarios, que tendrían un periodo de amortización entre tres y cinco años. La otra. posibilidad que se tiene en mente es sacar pagarés a corto plazo, hasta 18 meses de vida, aunque previsiblemente salgan a seis para el público pero que las instituciones financieras que aseguren su colocación se comprometerán a renegociar hasta un máximo de cinco años.

En realidad se trata de bonos de tesorería, como los puestos en circulación por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles en el mercado de Londres, con vencimientos a seis meses, pero que el grupo asegurador se compromete a que permanezcan en el mercado, si el prestatario así lo quiere, durante un período mayor de tiempo.

Para las compañías tienen la ventaja de que en cada periodo tienen en el mercado las cantidades que precisan.

Con ello se busca utilizar los excedentes de tesorería que ahorradores privados o empresas puedan tener en períodos cortos de tiempo, pero con una obligación de amortización bastante superior para aquellos que los sacan en oferta.