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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La crisis que no cesa

LA TENSA reunión del Comité Central del PCE de la pasada semana concluyó con una resolución mayoritaria que solicitaba en su punto del secretario general que retirara su dimisión, a lo que Santiago Carrillo ha accedido; aceptaba en su punto 10 la baja de Camacho como miembro del Comité Ejecutivo, y pedía en su punto 9 a Nicolás Sartorius que reconsiderara su dimisión, sugerencia que el vicesecretario general ha rechazado. El debate ha sido una nueva manifestación de los problemas que vienen arrastrando los comunistas desde que las elecciones generales de 1979 confirmaron su modesta implantación electoral y la ruptura de la política del consenso marginó a Santiago Carrillo de la elaboración de las decisiones en las áreas de gobierno.La estrategia, eurocomunista, orientada a arrebatar a los socialistas segmentos importantes de su base electoral, entró en una profunda crisis cuando mostró su inoperancia para atraerse, de forma cuantitativamente significativa, los votos populares de la sociedad española. Es lógico que la hecatombe electoral del 23 de mayo en Andalucía, donde los comunistas han perdido alrededor de un 40% de sus simpatizantes en relación con los comicios de marzo de 1979, reabriera unas heridas sin cicatrizar y diera lugar a una nueva crisis.

Las desventuras electorales del PCE han sido diagnosticadas de nianera diametralmente opuesta por los simpatizantes de las tendencias prosoviéticas y por los partidarios de las corrientes renovadoras. Para los prosoviéticos, los sucesivos fracasos ante las urnas deben ser endosados al viraje eurocomunista y no tienen otra medicina que el regreso a las viejas tradiciones, a las sólidas certidumbres y a las señas de identidad históricas de los comunistas, desde el alineamiento internacional con la Unión Soviética hasta la rehabilitación de los dogmas destronados de la dictadura del proletariado, el canon del marxismo-leninismo y la concepción del PCE como una vanguardia monolítica. La escisión de los prosoviéticos del PSUC, formalmente constituidos como partido de los comunistas de Cataluña, y los avanzados trabajos fraccionales de corte prosoviético en el resto de España muestran que de la crítica este sector ha pasado a la política práctica.

Por el contrario, los renovadores atribuyen el estancamiento general del PCE a la falta de adecuación entre los planteamientos eurocomunistas hacia el exterior y la persistencia de las viejas maneras hacia el interior; esto es, la incongruencia entre una línea política innovadora y unos criterios organizativos lle colorido estaliniano. La crítica se prolonga a la negativa imagen del PCE que transmiten a sus potenciales, electores los hombres y mujeres de la vieja guardia, formados en la guerra civil y en el exilio, y a la propuesta de que sean los renovadores quienes encarnen ante la sociedad civil ese eurocomunismo que ha roto casi todas sus vinculaciones teóricas, ideológicas y políticas con la tradición de la III Internacional.

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La fuerte personalidad de Santiago Carrillo fue respetada durante largo tiempo por los renovadores, que le invitaban a llevar las premisas contenidas en Eurocomunismo y Estado hasta sus últimas conclusiones lógicas y organizativas. Sin embargo, los temores de Carrillo a que un rejuvenecimiento demasiado extenso de los cuadros dirigentes engrosara la tendencia prosoviética y su resistenciaa una mayor democratización interna limitadora de sus poderes han transformado la anterior alianza con los renovadores en un enfrentamiento sin cuartel. Nicolás Sartorius, que se mantuvo críticamente leal al secretario general cuando fueron defenestrados Manuel Azcárate y sus compañeros, ha sido acusado ahora de conciliador. Sartorius, con dieciocho años de militancia comunista, varios años de cárcel sobre sus espaldas y un gran prestigio en Comisiones Obreras, sale del conflicto con la autoridad-moral y política de que su dimisión era de verdad y no de boquilla.

Marcelino Camacho también se había hecho sospechoso por sus actitudes conciliadoras hacia los discrepantes y por sus propuestas de democratización interna. Sin embargo, su sugerencia de que Santiago Carrillo cediera la secretaría general a Nicolás Sartorius y pasara a ocu par la presidencia del PCE ha sorprendido a todos por su audacia. El secretario general de Comisiones Obreras ha exigido, de afiadidúra, una mayor independencia de la central sindical respecto al partido político que la alumbró y apoyó. Las razones de la posición de Camacho no son caprichosas. Se calcula que casi un 50% de los afilia dos y simpatizantes de Comisiones Obreras apoyó al PSOE en marzo de 1979, pese a la previa recomendación de voto comunista hecha por la dirección sindical. De otra parte, los prosoviéticos tienen una fuerte implanta ción en la central mayoritaria y el traslado de las discre pancias internas del PCE a CC OO podría deteriorar muy seriamente a una organización sindical que pierde paulatinamente terreno ante la estrategia de negociación de UGT.

La resolución del Comité Central subraya la necesidad de una corresponsabilidad de los órganos de la dirección, fórmula que debe entenderse como la negativa dé Carrillo a que hombres como Sartorius y Camacho puedan apadrinar posturas, interpretaciones o propuestás que resulten más ajustadas a los hechos que las oficiales. La alusión al "desarrollo y clarificación de la política sindical" del PCE parece apuntar al deseo de devolver aCC 00 su papel de'correa de transmisión del partido. La promesa de investigar las causas de la hecatombe andaluza y la preocupación por las próximas elecciones generales muestra el papel de los reiterados fracasos ante las urnas en la interminable crisis comunista. No parece, sin embargo, que ninguna de las partes en conflicto dentro del PCE hayan advertido la verdadera naturaleza del problema. Porque la alarma de los comunistas ante la bipolarización política en España no se corresponde con su estrategia de reforzar esa bipolarización mediante la coerción ejercida sobre el PSOE para un Gobierno de izquierda en Asturias o con su campaña de Juntos podemos en Andalucía. Cuyo único sentido objetivo era tratar de justificar los llamamientos de Fraga a la otra alianza, simétricamente opuesta, en la derecha.

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