La Asamblea francesa aprobó la ley que regula el monopolio audiovisual del Estado

La nueva ley que regula el funcionamiento del monopolio estatal de la radio y la televisión francesas ha sido aprobada por la Asamblea Nacional de Diputados. Una "alta autoridad" compuesta por nueve miembros, controlará prácticamente el audiovisual y, según la normativa adoptada, su misión global y fundamental será la de "garantizar la independencia del servicio público". Dada la composición de esa "alta autoridad" a prior¡, la opinión semanirlesta reservada respecto a su trabajo futuro

La ley sobre el audiovisual ha sido votada, de hecho, únicamente por los diputados socialistas, que son mayoría absoluta en el hemiciclo. La oposición conservador a liberal la rechazó y los comunistas, que forman parte de la mayoría gubernamental, se abstuvieron. Este fue el elemento político importante del voto. El Partido Comunista francés (PCF), esencialmente, es contrario a esta ley, por estimar que, en su conjunto, se revela como el germen que desmantelará el monopolio. Pero también criticó varias disposiciones de la ley. Por ejemplo, esta última prevé que la contratación de periodistas se haga en función del valor profesional.La "alta autoridad" es la creación más importante de la nueva ley. Los nuevos miembros que la componen serán nombrados de la siguiente manera: tres por el presidente de la República, tres por el presidente de la Asamblea Nacional y los tres restantes por el presidente del Senado. Teniendo en cuenta que el poder ejecutivo y el legislativo son so cialistas, sólo los tres miembros procedentes de la presidencia del Senado (mayoría de derechas) serán, teóricamente, de la oposición.

El presidente, François Mitterrand, durante su campaña electoral el año pasado había prometido un consejo dirigente del audiovisual "en el que el Gobierno será minoritario". La audacia de la mayoría socialista actual para separar sin equívocos el Estado del monopolio era una aspiración de todos los franceses. Las dudas y tacañerías del Gobíerno en este terreno han sido posiblemente el gran fallo político del nuevo poder durante su primer año de gestión.

Comentaristas de derechas como de izquierdas, y los franceses de todas las ideologías, según hemos podido comprobar recientemente en una minigíra por el hexágono galo, están convencidos de que el, mitterrandismo y su política de cambio hubiesen ganado una baza poderosa al zanjar el contencioso que envenena el audiovisual desde que fue instaurada la V República: una televisión, teóricamente, servicio público, pero sometida en la práctica a los intereses de los Gobiernos sucesivos.

Por lo demás, entre las normas principales se encuentra la que suprime el monopolio de programación. Esta última, bajo ciertas condiciones, será concedida al sector privado. El monopolio de difusión se mantiene. La publicidad de los tres canales será aumentada. Los sindicatos tendrán un tiempo de antena y, en caso de huelga, se asegura un servicio mínimo. Las radios libres quedan autorizadas, pero se les prohíbe la publicidad.