La campaña electoral andaluza y la democracia
La celebración de unas elecciones, sean de carácter local, autonómico o general, deberían suponer un nuevo y positivo avance en el difícil y complejo proceso de consolidación del régimen democrático consagrado en la vigente Constitución. Sin embargo, diversos hechos acaecidos en el marco de la campaña electoral andaluza implican, por el contrario y a nuestro juicio, un debilitamiento del actual sistema parlamentario y representativo. En concreto, si hasta el 23 de mayo no se superan los errores cometidos hasta ahora, difícilmente podrá valorarse la constitución del Parlamento andaluz como un nuevo hito en el proceso de construcción del Estado de las autonomías. Ya que resulta difícil de comprender y aun aceptar que en una socieda libre y democrática su sector empresarial protagonice ante unos comicios una campaña como la que han desarrollado los empresarios andaluces. La defensa del modelo de sociedad propio del Occidente libre y próspero no parece lógico que se intente realizar desde la descalificación y el agravio a partidos que aceptan de forma explícita la Constitución refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español. Las contradicciones que existen en el seno del PSOE y lo que puede suponer en la práctica un Gobierno social-comunista pueden y deben explicitarse de manera muy diferente que la forma apocalíptica y maniquea que ha empleado la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA) en algunos de sus desafortunados y reprobables paneles publicitarios y en algunas de las virulentas manifestaciones de sus máximos representantes, radicalismo verbal al que se han sumado ciertos líderes de la CEOE.Ningún partido, organización social o cívica ni ciudadano que en verdad esté comprometido con la causa de la libertad puede alegrarse ni valorar como positivo el oblígado silencio de cualquiera de los miembros o sectores que forman, la sociedad en la que desarrolla sus actividades. Sólo un concepto muy "especial" de la democracia y de la defensa de la libertad de expresión puede haber llevado al PSOE a olvidarse de que unas medidas que en principio pueden beneficiarle el próximo 23-M, pueden también introducir graves restricciones al derecho, reconocido en la Constitución, que asiste a todo ciudadano o grupo social a manifestar libremente su opinión.
Asimismo, y por lo ya indicado, consideramos jurídicamente discutible la decisión de la Junta Electoral Central. Pues resulta muy diricil de creer que con los acuerdos antes citados se garantice mejor el libre ejercicio de los derechos reconocidos a ciudadanos.
