El Gobierno descalifica la actitud de los mineros de Badajoz y Huelva y valora como demagógicas las presiones

El Gobierno manifestó ayer, por boca del Secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, que la actuación de los mineros de Badajoz y Huelva en relación con la planta de pellets de Fregenal de la Sierra no parece el método "que más conviene en una sociedad democrática, ni la presión tiene sentido ante una respuesta positiva, pendiente de unos condicionantes técnicos, ni es justo que se envuelva en demagogia una decisión que supone grandes inversiones y grandes beneficios para todos los pueblos que compenden la comarca". El Consejo de Ministros, por otra parte, aprobó diversas medidas para los problemas más urgentes de la universidad, pendientes de resolución tras la retirada de la Ley de Autonomía Universitaria.

A pregunta de los informadores en la habitual conferencia de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Ministros, Aguirre manifestó que el Gobierno había deliberado sobre el conflicto de Fregenal y había llegado a la conclusión de que es necesario instalar una planta como la proyectada para el desarrollo de la comarca de Fregenal, por lo que está dispuesto a conceder a la empresa PRESUR las máximas ayudas y ventajas que la ley permite y que superan los 8.000 millones de pesetas en créditos y subvenciones. Asimismo, el INI mantendrá su participación del 24% en PRESUR y facilitará un acuerdo entre PRESUR y ENSIDESA para la compra por ésta última de 800.000 toneladas de pellets.Como consecuencia del necesario aplazamiento de la planta de prerreducidos, complementaria de la de pellets, el Gobierno considera necesario adaptar el proyecto original, que está siendo estudiado por un grupo de trabajo y que se espera quede resuelto en breve, y en todo caso, antes del 7 de junio. El Gobierno entiende que los problemas económicos están resueltos en sus líneas generales y que en cuanto se precisen los puntos técnicos, el proyecto podrá seguir adelante.

En relación con la concesión de la placa de la orden del mérito de telecomunicación a Salvador Sánchez Teherán, presidente de la Compañía Telefónica -una de cuyas dependencias, que no tenía las medidas de seguridad necesarias, fue objeto de un reciente atentado terrorista de gran alcance-, un informador preguntó al portavoz gubernamental cuáles eran los méritos para ello. Ignacio Aguirre contestó textualmente: "Su labor al frente de la Telefónica durante muchos años".

A otras preguntas de los informadores, Aguirre contestó que es probable que la setencia por el intento golpista del 23 de febrero se produzca a fines de mayo; que el Gobierno respalda la versión facilitada por el Gobernador Civil de Lugo sobre la actuación de las Fuerzas de Orden Público respecto a una manifestación campesina; que las detenciones de terroristas en Francia significan la esperanza de que comience una colaboración más estrecha entre las policías de ambos países, y que la suscripción por parte del INI de nuevas acciones de la agencia Efe tiene como finalidad mantener el porcentaje de participación en el capital de la citada agencia informativa estatal, tras su última ampliación.

El Secretario de Estado para la Información, destacó de entre los temas tratados por el Consejo de Ministros, la información facilitada por el Ministro del Interior sobre la campaña gubernamental contra la publicidad pornográfica en espectáculos.

También destacó el informe del Ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre la marcha de la negociación colectiva en el presente año, que afecta a 332.000 empresas y casi a 2.200.000 trabajadores. El porcentaje medio de aumento de los salarios ha sido del 10,31%. Resaltó el proyecto de ley por el que se modifica la denominación de la provincia de Oviedo por la de Asturias.

Medidas sobre la universidad

El Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas de acción inmediata para resolver los problemas urgentes de las universidades del Estado. Estas medidas, consecuencia de la retirada de las Cortes de la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), comprenden la dotación de 3.000 nuevas plazas de profesorado, integración de diversos cuerpos docentes y la autorización para que los profesores puedan ser contratados por cinco cursos académicos a partir del próximo mes de octubre. Las medidas tomadas, según la referencia oficial del Consejo de Ministros, suponen una inversión de 2.300 millones en el último trimestre de 1982, y de 6.400 para 1983.Las nuevas plazas creadas son 2.000 de profesores adjuntos contratados y otras mil de agregados de escuelas universitarias, ambos en régimen de dedicación exclusiva, y con efectos desde el 1 de octubre próximo. Se autoriza a las universidades a que la contratación se realice por un plazo de cinco cursos académicos. También se crea la figura del profesor asociado en régimen de contrato, para proceder a la progresiva transformación de los actuales profesores encargados de curso.

En otro orden de cosas, el Consejo aprobó rescatar la concesión administrativa del puente de la Bahía de Cádiz, y suprimir el peaje. Asimismo, se aprobaron varios ascensos militares, entre ellos los de los generales de brigada Carlos Ardilla Zurita, José Bonal Sánchez y Antonio Rodríguez Toquero, a general de división. Nombramientos civiles son el de Francisco Javier Palazón Español, director general de Cooperación Técnica Internacional; Manuel Barroso y Feltrer, embajador en misión especial; Juan Eugenio Morera Altisent, presidente del Instituto de Fomento de la Exportación, y Alfredo Pérez de Armiñán, director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas (ver página 29).