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Tribuna:

Televisión y política

La Televisión y sus servicios informativos están siendo uno de los puntos más conflictivos en la práctica gubernamental actual de la mayoría de los países democráticos. Tal vez la experiencia socialista francesa que se inicia el pasado 10 de mayo se lleve la palma: nombramiento de nuevos directores de las cadenas, sustitución de los jefes de los servicios de información, renovación de los responsables de los telediarios, victimización y cambio de los presentadores; y con todo ello, las polémicas, críticas y el general descontento de los políticos -Gobierno y oposición incluidos- no han hecho sino aumentar.Esta exasperada relación del establisment político con la información televisiva deriva, a mi juicio, de la desaparición de la opinión pública -tan certeramente historiada por Habermas (1962) y analizada por Bourdieu (1973)-, que para el hombre metido en lides de poder supone, al mismo tiempo, una seguridad y una amenaza. Seguridad, entre elecciones, de saberse a salvo de cualquier impugnación importante por parte de sus ciudadanos-electores; amenaza de saberse, en cualquier momento, a la merced de la primera encuesta de opinión que reduzca en dos puntos su aceptabilidad colectiva.

Esta confortable impotencia le empuja a refugiarse edípicamente en el fantasma de la omnipotencia de los medios de comunicación y a convertir la televisión en la razón última de los éxitos y los fracasos políticos. Así, la lucha por una mayor presencia en la pantalla es la obsesión permanente de los que mandan y de los que aspiran a sustituirlos. $in que de nada sirvan, como cada vez que la pasión se entremete, ni argumentos ni razones.

Desde el pionero estudio de Lang y Lang (1953) hace ya casi treinta años hasta la irresistible demostración de Patterson y McCIure (1976) sobre la ausencia de influencia que la televisión tuvo en los votantes durante la elección presidencial en EE UU de 1972 (Nixon-McGovern), pasando por el excelente análisis de Mendelsohn y Crespi (1970) y la eficacísima tarea desmitificadora realizada por Gaye Tuchman (1972 y 1973), no parece discutible que igualar presencia en la pantalla con disponibilidad positiva del voto de los electores -único comportamiento público de los ciudadanos que se diría interesa a los políticos- es operar una reducción que a fuerza de simplista resulta engañosa y falaz.

Y, sin embargo, el Parlamento y la vida política española se han visto, una vez más, enérgicamente sacudidos por la desigual atribución de espacio televisivo a los partidos políticos y líderes del Gobierno y de la oposición, sin que la polémica haya ido ni un palmo más arriba del simple cómputo de tiempos. No resulta fácil de entender cómo uno de los países de más importante estructura institucional del mundo en cuanto a la producción de expertos en comunicacion -cuatro facultades universitarias- someta un problema tan complejo a un tratamiento tan primario.La cuestión del sesgo, central en los estudios sobre información televisiva, ha sido abordada ya con un arsenal técnico y metodológico del que parece, cuando menos, irresponsable prescindir. No se trata, claro está, de arropar cualquier afirmación sobre desajustes informativos en un análisis basado, como el de Frank (1973), en veinticuatro "dimensiones" de texto e imagen. Pero limitarse a medir apariciones, sin situarlas temáticamente, sin aludir a sus más obvios soportes icónicos, olvidando sus referentes y sus contextos, y sin ni siquiera intentar cualificar positiva o negativamente para sus protagonistas las secuencias informativas de que son objeto, creo que no es de recibo. Lowry (1971 y 1974), Hofstetter (1976), Gans (1976), Smith (1979), Fishman (1980), Gitlin (1980) y una arrolladora plétora de valiosos análisis están ahí apoyando mi afirmación.

Por lo demás, no hace falta computar los tiempos para apercibirse de que la desaparición de Castedo a la cabeza de RTVE ha supuesto también la desaparición, en medida importante, de la oposición y de sus hombres en nuestras pantallas y en nuestros transistores. Lo cual a mí -y con independencia de que un estudio fiable demuestre que se traduce o no se traduce en una patrimonialización en favor del Gobierno y de las fuerzas que lo apoyan-, desde mi particular ideología, fundada en la necesidad de un efectivo pluralismo social y en el igual acceso de todos, personas y grupos, a los bienes y servicios del Estado, me parece una lesión grave de los derechos ciudadanos. Pero tengo que reconocer que esta opinión es, antes que nada, una opción político-ideológica, a la que cabe oponer otras opciones.

Me explico. Lo que vemos en nuestros televisores no es el reflejo literal y exhaustivo de lo que sucede en la realidad, sino que cada cadena nos ofrece su particular propuesta de la misma. Los criterios para la elaboración de cada propuesta son uno de los núcleos más debatidos en toda la reflexión sobre la información televisiva. Esto es así porque no existen pautas comúnmente aceptadas en las que puedan apoyarse estos criterios y que nos digan cuál es el porcentaje de los diferentes sectores de la realidad que deben entrar en su, composición -tanto para el ámbito político legislativo, tanto para el ejecutivo, tanto para las grandes instituciones sociales, tanto para los grupos de base, tanto para los partidos políticos, tanto para el tiempo libre, etcétera- en función de la importancia en sí de los sectores -¿quién la determina?- de la vigencia temática de la noticia de que se trata y de la relevancia de la noticia en sí misma.

El material analítico de que disponemos prueba que los telediarios de la mayoría de los países europeos de democracia plural y representativa privilegian las noticias sobre el sistema político-institucional en sentido estricto Gefatura del Estado, Gobierno, Parlamento y partidos políticos) en detrimento de otras dimensiones de la actividad política y en particular de los otros espacios y actividades de la vida social. Los estudios de Franco Rositi sobre la información televisiva italiana muestran que las secuencias informativas sobre el sistema político institucional de su país cubren casi el 60% de los ámbitos temáticos ofrecidos. Lo cual para mí y desde mi opción político-ideológica de la democracia como participación social, es de todo punto inaceptable.

Insisto. La ausencia de pautas unánimes exige, que la televisión pública tenga que establecer de forma explícita cuáles son los criterios específicos -los genéricos se convierten siempre en coartadas- que presiden la producción de la realidad en sus telediarios. Este establecimiento sólo puede ser resultado de un pacto en el que participen todas las fuerzas y grupos sociales. En realidad, tam6ién en este campo los partidos políticos acaban fagocitando a los grupos sociales y los partidos mayoritarios a los minoritarios. Con lo que el pacto se transforma en una lamentable ley del embudo político-institucional.

Ver la solución en la multiplicidad de ofertas televisivas es sólo un remedio parcial del problema. Pues los intereses que dominan las grandes cadenas privadas, aunque para justificar su propuesta de realidad se vistan de servidumbre organizativa -Efron (1971) y Epstein (1973)-, del peso de la realidad -Small (1970) y Cronkite (1973)- de la determinación de lo noticiable -Buckalew (1970)-, del principio del collage -Robinson y McPherson (1977)-, etcétera, intereses se quedan.La solución, tan compleja como difícil, no puede venir más que del tejido mismo de la sociedad, de la doble, permanente irrupción-contestación de sus fuerzas más vivas y pugnaces en el espacio público minoritario de los periódicos de referencia dominante y el espacio público de masa de las grandes máquinas de comunicar. ¿Por qué no intentarlo?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de abril de 1982