El teléfono, un servicio esencial y una industria estratégica, en manos de una compañía privada

Doce millones de abonados que pagan religiosamente las tarifas que se les imponen, más de 90.000 puestos de trabajo, un presupuesto muy superior al de la mayor parte de los ministerios y la gestión de un servicio público vital para el país, como ha puesto de manifiesto el reciente atentado de ETA, dependen de una empresa privada. La Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), germen en los años 20 de la todopoderosa multinacional ITT, es un caso sui generis en Europa en cuanto a la gestión de los servicios de telefonía. El Estado, accionista minoritario, cuenta con una delegación del Gobierno en el consejo de administración de la CTNE (más testimonial que efectiva) y se limita a autorizar los incrementos de tarifas y a recaudar cerca de 50.000 millones anuales -entre dividendos, canon e impuestos- del servicio telefónico.

El sillón de la presidencia de Telefónica, retiro dorado para exministros, ha sido ocupado en los últimos años por el exministro de Agricultura de Franco, Tomás Allende y García Baxter, (a quien se le dió una indemnización de 20 millones de pesetas y la presidencia de una compañía de la CTNE al cesar en ésta) y por el ex ministro ucedista Salvador Sánchez Terán.La presidencia de la Compañía Telefónica, desde la que se gestionan con escaso control público unos 560.000 millones de pesetas, entre capital y reservas, e inversiones anuales muy superiores a los 100.000 millones de pesetas, es uno de los puestos mejor retribuidos de nuestro país.

De la Compañía Telefónica Nacional de España, que cuenta con una veintena de empresas filiales o participadas, depende todo un sector industrial -el electrónico y de las telecomunicaciones- considerado estratégico y de futuro en el mundo.

El 80% de las compras del sector dependen de la CTNE, que a su vez participa en el capital de industrias creadas con multinacionales extranjeras (caso de Standard con ITT o Intelsa con Erickson) que se hacen la competencia entre sí.

No obstante, y a pesar de la importancia de las compras y de la planificación de la CTNE para el mantenimiento y desarrollo de esta industria en España, el propio presidente de Standard (empresa participada por Telefónica) declaraba hace unas semanas en el Congreso: "No hay derrumbamiento de las inversiones de Telefónica, pero sí una fuerte desaceleración.

Los programas de inversión de Telefónica se encuentran ya lejos de aquellos ritmos del 20% anual acumulativo en términos reales, que pudieron serle propios en los años 70 y finales de los 60".

Y añadía que lo que había cambiado radicalmente era la estructura de estas inversiones, siendo cada vez menor la parte destinada a los equipos que tiene que suministrar la industria especializada de telecomunicaciones.

Salvador Sánchez Terán, gestor del Plan Cuatrienal de Inversiones de la CTNE en su etapa de ministro, anunció recientemente que ante la caída de la demanda iba a hacer el esfuerzo de mantener en 1982 las inversiones realizadas en el pasado año.

Esto significa, no obstante, una revisión a la baja de las primitivas previsiones del Plan Cuatrienal. Coincidiendo en el tiempo, varias empresas del sector (caso de Standard, Marconi o Citesa) atraviesan una profunda crisis y gestionan fuertes reducciones de plantilla.

Cuenta de resultados

Por otra parte la cuenta de resultados de Telefónica, pese a que el año pasado repartió un dividendo del 11% a los accionistas, empeora ejercicio tras ejercicio. Se está dedicando menos de un 5% a amortizaciones, pese a la contención de gastos de personal, y ésto puede ser muy grave a la larga porque los equipos se quedan obsoletos.Los gastos financieros han subido al 40%, cifra difícilmente sostenible por cualquier empresa.

La industria privada del sector, las centrales sindicales y el primer partido de la oposición parlamentaria, el PSOE, han denunciado en varias ocasiones el escaso control público que se ejerce sobre la Compañía Telefónica Nacional de España.