Habrá un máximo de 7 emisoras con cobertura 'territorial' y numerosas de alcance 'local'

Las televisiones privadas se explotarán en España por el cuarto canal, último de los que tiene reservados nuestro país de acuerdo con los convenios internacionales, y preferentemente por las empresas de comunicación que ya existen (el tercer canal se dejará para las comunidades autónomas). Su implantación depende de su tramitación legal en las Cortes. El Gobierno fragmentará este canal o banda de frecuencias en seis o siete zonas territoriales para otras tantas concesiones a empresas privadas de te levisión. El Gobierno, asimismo, tiene previsto conceder un número indefinido de otra s emisoras privadas de televisión que tendrán cobertura exclusivamente local. El Banco de Crédito Industrial establecerá una línea especial de créditos para las nuevas emisoras de radio y televisión, dijo ayer el ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, durante una conferencia de Prensa que convocó para explicar los dos proyectos de ley que regularán la televisión privada, aprobados por el Gobierno.

El momento de la implantación de televisiones privadas depende ya tan sólo del Parlamento, que deberá tramitar los dos proyectos de ley remitidos por el Gobierno, y de la capacidad de los futuros concesionarios para emitir, manifestó el ministro.El modelo de televisión privada que se implantará en España será similar al británico, añadió, porque es el que mejor se acomoda a los criterios de una sociedad moderna, porque será un estímulo para la televisión pública y porque redundará en beneficio indudable para el ciudadano. La creación de emisoras privadas de televisión, así como la política en materia de radiodifusión desarrollada por el Gobierno con la adjudicación de emisoras de radio en frecuencia modulada, incrementará, según Rodríguez Inciarte, la libertad, el pluralismo y la competencia.

Preferencia a los medios de comunicación existentes

"Se da ya una preferencia implícita a los medios de comunicación existentes" para optar a la concesión de emisoras privadas de televisión, señaló el ministro al comentar el proyecto de ley ordinaria que establece los criterios por los que, previo concurso público, se adjudicarán las emisoras. "La competencia para otorgar las concesiones corresponde al Gobierno, de forma inequívoca, que ejercerá esta competencia con la mayor transparencia posible. Será una decisión transparente, objetiva y justa", añadió Rodríguez Inciarte.Los solicitantes que cumplan mejor los siguientes criterios serán los futuros titulares de televisiones privadas: las empresas que estén en grado de elaborar programas informativos propios; las que den prioridad a la programación de producción nacional frente a la extranjera; las que sean capaces de organizarse en redes o cadenas; las que propicien programas culturales y educativos; las que ofrezcan menor tiempo, de publicidad televisada y, por último, las que mejor garanticen la viabilidad profesional, técnica y económica de los proyectos. "Se prima, en definitiva, a los medios de información ya existentes", comentó Rodríguez Inciarte.

El ministro explicó que, de acuerdo con "la Convención de Estocolmo", España tiene reservadas cuatro bandas o canales para la difusión de programas de televisión: dos de estos canales son los que ya utiliza la televisión pública (RTVE) para la transmisión del primer (VHF) y segundo (UHF) programas; el tercer canal será para las televisiones de las comunidades autónomas y el cuarto ca nal, o banda, para las privadas.

Las respuestas del ministro a las preguntas sobre el número de posibles emisoras privadas y su radio de cobertura fueron, sin embargo más vagas, debido quizás a que el Gobierno aún no dispone del denominado plan técnico -cuya redacción dijo que estaba muy avanzada- requisito que parece indispensable para poder sacar a concurso las concesiones. Dijo Rodríguez Inciarte que la gestión indirecta de la televisión privada sólo admite dos posibilidades: una sola cadena, o fragmentar territorialmente la cuarta banda en distintas emisoras.

Descartó el ministro la conveniencia de otorgar la cuarta cadena a un solo coricesionario porque le conferiría un poder excesivo y porque haría, además, dfícilmente objetivable el criterio para su adjudiciación. Seis o siete concesionarios, a lo sumo, serán los que podrán explotar la, televisión privada en España a través de la "fragmentación de la cuarta banda de alta potencia". Puesto que entre los criterios de adjudicación se prima a aquellos que jpromuevan la emisión en cadena, cabe deducir de las explicaciones de Rodríguez Inciarte, que el Gobierno espera que aquellos seis o siete grandes concesionarios acuerden entre sí emisiones en cadena para todo el territorio nacional

Emisoras regionales y locales

Asimismo se concederán un número no deterniinado de emisoras de cobertura exclusivamente local. Ello supone, precisé, que en grandes núcleos de población, como Madrid, Barcelona y otros, las televisiones privadas territoriales coexistirán con las televisiones privadas locales.El ministro de la Presidencia expuso que la implantación de televisiones privadas no perjudicará a la televisión del Estado ni a los actuales medios de información privados. El Ente Público RTVE se verá estimulado por la competencia, como sucedió en Gran Bretaña, porque el Gobiemo lo que propugna son"televisiones privadas de calidad".

Los medios informativos, la Prensa en concreto, no verán peligrar sus ingresos por publicidad frente a la televisión, sino que "se refuerza su independencia al convertirse en multimedia y al no estar tan dependientes de un mercado publicitario casi monopolizado por la televisión pública", afíadió Rodríguez Inciarte.

Las televisiones privadas pagarán un canon del 20% de la publicidad que facturen, canon que revertirá en la finaciación de RTVE. La disposición adicional tercera del proyecto de ley ordinaria prevé que las televisiones privadas puedan utilizar la red de difusión e "instalaciones", dijo el Ministro, del Ente Público RTVE, previo pago del canon que se estipule y que incrementará los ingresos de la televisión pública.

El Gobiemo establecerá una línea especial de créditos a través del Banco de Crédito Industrial para las nuevas empresas privadas de radio en frecuencia modulada y para la renovación de equipos de las antiguas. Este beneficio económico podrá extenderse también a los concesionarios de televisiones privadas. Los créditos serán al 11% de interés, nueve años de amortización y hasta un total disponible de 2.000 millones de pesetas.

Modelo similar al británico

Aunque el modelo espafíol de televisiones privadas será similar al británico, el ministro dijo que las televisiones espafíolas no estarán sometidas al control directo del Parlamento y que no habrá, por tanto, una Comisión de Control análoga a la del Congreso para el Ente Público, "porque el Gobiemo ya está sujeto sistematicamente al control parlamentario"."Me parece normal que al PSOE no le gusten los proyectos de ley porque el PSOE no es favorable a la televisión privada. El Gobierno espera que con estas medidas se beneficie tanto la sociedad en generál como los medios de comunicación y la televisión pública. El PSOE se convencerá de que la televisión privada es favorable para la sociedad", añadió.

Rodríguez Inciarte expuso en un extenso prólogo a su conferencia de Prensa la política practicada, durante estos últimos meses, por el Gobierno en materias de radiodifusión y televisión. Justificó el desdoblamiento de la regulación de las televisiones privadas en dos leyes -una orgánica y otra ordinaria, que requieren la mayoría absoluta y simple, respectivamente, en el Parlamento- en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional que, en una sentencia reciente, establece que las materias propias de una ley ordinaria no deben invadir las leyes orgánicas.

Esta sentencia, dijo, contiene algunas afirmaciones categóricas: que la radiodifusión es un bien de dominio público; que el sistema de gestión indirecta y, por tanto, concesiones para la explotación de televisiones privadas, debe hacerse por norma con rango legal y, por último, que la regulación debe hacerse por ley orgánica en la medida en que afecte a los derechos constitucionalizados en el artículo 20 de la Constitución.

El Gobierno, agregó el Ministro de la Presidencia, ha distinguido estos aspectos de los que afectan al artículo 20. "No se entendía", dijo, "por qué la televisión privada tenía que ser regulada por ley orgánica si la televisión pública fue regulada por ley ordinaria".

Respecto a las concesiones pendientes de 180 emisoras de radio en frecuencia modulada, dijo que no se otorgarán a partidos políticos, centrales sindicales, ni a fundaciones que tengan vinculaciones políticas, sino a organismos institucionales no políticos y a medios de comunicación.