El fraude fiscal en España

El descubrimiento de las bolsas de fraude fiscal entre los grupos mas privilegiados de España y la construcción de una mayor "conciencia fiscal" en la población son dos de las conclusiones del análisis realizado por el profesor Alvarez Corbacho tras examinar la situación del fraude fiscal.

Al menos teóricamente el principio impositivo más anhelado, reiterativo y legitimador de un Estado 'Moderno es aquel que se asienta y desarrolla a través de la justicia fiscal. Los manuales convencionales de la Hacienda pública no cesan en su empeño de invocarlo, tanto para inspirar el diseño y la plasmación de sistemas tributarios óptimos como para referirse críticamente a las instituciones fiscales existentes. Así, se dice que un sistema tributario es más justo que otro si es capaz de gravar diferentemente a los contribuyentes de un país, siempre en función de las capacidades económicas y teniendo en cuenta los condicionamientos familiares o personales, porque conoce y se acerca más a la realidad de sus bases tributarias.En España, después de soportar con paciencia franciscana durante tantos años un sistema fiscal regresivo, brutalmente injusto y técnicamente deficiente, se inició una reforma en 1977 que parecía abrir un poco de aire fresco y de racionalidad a la mayoría de los sufridos contribuyentes. Sin embargo, hay que reconocer que los pasos dados hasta la fecha no son muy alentadores. La imposición indirecta sigue todavía prácticamente intacta, el anacronismo de los tributos locales permanece inalterable y se aprecian además determinados síntomas de escasa voluntad política para hacer cumplir la legalidad vigente ya reformada y perseguir así el fraude fiscal cometido.

Por eso cuando, hace pocos días, el ministro de Hacienda, señor García Añoveros, declaraba a la Prensa que es eficaz y necesario que el defraudador fiscal pueda ir a la cárcel, y que además estaba deseando publicar la lista de los actuales defraudadores (véase El Nuevo Lunes, de 22 de marzo de 1982), no pudimos ocultar la hermosa e ingenua satisfacción del simple contribuyente de a pie. Desgraciadamente, tal alegría duró muy poco. Al lado de estas palabras esperanzadoras, el señor ministro de Hacienda añadía también que en España solamente existen tres bolsas globales de no declarantes en el impuesto que grava la renta personal: los agricultores (que es la más numerosa), los pequeños empresarios (de menor cuantía) y los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual. Con verdadera sorpresa por nuestra parte comprobamos que no se hacía referencia alguna a la posible bolsa de defraudadores existente entre las personas que tienen las rentas más elevadas de nuestro país. Aunque, desde luego, parece que, haberlos, haylos.

En efecto, utilizando estadísticas ofíciales o cuasi oficiales, como son las 'correspondientes a la distribución de la renta familiar disponible en España para el año 1974 (cuadro nº 1) -trabajo realizado por los hermanos Alcaide Inchausti por encargo del Instituto de Estudios Fiscales y publicado en la revista Hacienda Pública Española, nº 47, 1977-, así como la relación de contribuyentes e ingresos declarados en el IRPF para el ejercicio de 1979 (cuadro nº 2) -publicada en el Boletín de Información de la Dirección General de Tributos nº 4, junio, 1981 -, se llega a unos resultados y conclusiones que son verdaderamente asombrosos.

Partiendo de la hipótesis, considerada como perfectamente razonable, de que la distribución de la renta española no se alteró sensiblemente entre los años 1974 y 1979, los 481.091 millones de pesetas que en conjunto recibían las familias con ingresos superiores a los cinco millones de pesetas/año en 1974 equivalen, en pesetas de 1979, a la cantidad de 1.115.167 millones. Pues bien, como en el año 1979 las familias que superaban los cinco millones de pesetas/ año sólo declararon 120.816 millones de pesetas, se llega a una primera conclusión, siempre según estos datos, de que tan sólo fueron declarados el 10,8% del total de estos ingresos familiares. Por otro lado, es preciso reconocer también que este porcentaje es todavía más reducido, puesto que en realidad habría que incluir aquí a todas aquellas familias nuevas que en 1979 lograban superar, en términos monetarios, el umbral de los cinco millones de pesetas/año.

Si las comparaciones las hacemos ahora entre el número de familias que declararon a la Hacienda y aquellas otras que ingresaban más de los cinco millones de pesetas / año, los resultados son los siguientes: de las 34.986 unidades familiares existentes en 1974 (0,38% del total) declararon tan sólo 14.502 en 1979, lo que viene a representar el 41,4%. Ahora bien, si suponemos igualmente que la mayoría de las familias que en 1974 tenían ingresos entre los doscinco millones de pesetas/año (82.913 unidades familiares), logran superar los cinco millones de pesetas en términos monetarios en 1979, este porcentaje se reduciría en torno al 10%, lo que equivale a decir que aproximadamente el 90% de las familias con ingresos superiores a los cinco millones de pesetasl año en 1979 no declararon a la Hacienda pública o lo hicieron por una cuantía bastante inferior a sus rentas reales.

Finalmente, si estas comparaciones estadísticas las vamos reduciendo a los tramos más elevados de renta y sólo considerarnos ahora a aquellas familias que superan los nueve millones de pesetas/año, las cifras obtenidas son realmente escandalosas. Se comprobaría que tan sólo declararon el 6% de los ingresos familiares globales y que el número de familias que cumplieron sus obligaciones con la Hacienda volvería a reducirse otra vez al 10% de las realmente existentes.

La otra cara de la moneda la ofrece, de alguna forma, el cuadro n 2 3. Deseamos acercarnos a Europa, alcanzar con rapidez los niveles de prestaciones públicas que tienen los países europeos y que tanto inciden en su calidad. de vida (infraestructura urbanística, educación y cultura, viviendas, sanidad, deportes, etcétera), pero todavía contamos con un sector público relativamente pequeño (y no muy eficiente), cuyas forzadas exigencias expansivas se traducen todos los años en déficit presupuestarios que no debieran convertirse en crónicos y estructurales. Los servicios públicos españoles tienen objetivamente que extenderse y mejorar, pero no a costa de presionar fiscalmente unas rentas salariales que se deterioran cada año en su poder adquisitivo. No son válidos ya los argumentos que se apoyan en "los desincentivos a la inversión" o en la necesidad de crear un "clima de confianza inversora". Estamos básicamente ante una cuestión de voluntad , política para aplicar una ley existente y de mejorar la eficacia de la Administración tributaria.

En definitiva, que con estos datos en la mano confesamos que uno no cesa de dar vueltas y revueltas a las cosas que pueden ocurrirle a nuestra Hacienda. ¿,Es que existe la más minima posibilidad de que el fraude fiscal llegue a ser alguna vez de tal magnitud en nuestro país? Y si no es así, ¿qué explicación dar a todo ello? ¿Por qué el ministro de Hacienda no hizo ninguna alusión a la existencia de una posible bolsa de defraudadores entre el colectivo de población más privilegiado? ¿Son tan malas las estadísticas españolas? ¿O es que estamos acercándonos a una realidad fiscal tan insospechada como irritante? Pensamos que, en nombre de la llamada justicia tributaria, se necesita con urgencia una explicación pública, nítida y satisfactoria, por parte de quien corresponda. Esto también ayuda, y de qué manera, a fortalecer la democracia, a construir una "conciencia fiscal" y a caminar hacia un futuro mejor para la gran mayoría de los españoles.

es profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Santiago de Compostela.