El Tribunal Constitucional admite un recurso de amparo del senador Castels

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por decisión de la sección cuarta de su sala segunda, el recurso de amparo presentado por el equipo de defensores del senador de Herri Batasuna (HB) Miguel Castels contra la decisión de la sala segunda del Tribunal Supremo, que denegó la toma en consideración de un escrito de recusación contra cuatro de sus cinco magistrados.

Por otra parte, los defensores del Castels han presentado ante la sala citada del Tribunal Supremo el escrito de calificación provisional y propuesta de prueba en el sumario contra el senador abertzale, por un supuesto delito de injurias al Gobierno y a clase cualificada del Estado, por el que se le piden seis años y un día de prisión. La causa es un artículo publicado por la revista Punto y hora de Euskal Herría el 14 de junio de 1979, en torno a presuntas implicaciones gubernamentales en actividades violentas de la extrema derecha.La admisión del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional no es suspensiva del procedimiento que sigue el Tribunal Supremo contrá el senador, pero en caso de prosperar, podría llevar consiga la nulidad de lo actuado. La reclamación de los defensores de Castels se refiere a la negativa de la sala segunda del Tribunal Supremo a admitir a trámite una recusación contra los magistrados, Fernando Díaz Palos (presidente de la misma sala), José Hijas (ponente) y los vocales, Luis Vivas y Benjamín Gil, fundamentada en el hecho de que su actuación durante el régimen anterior en tribunales de carácter político, como la Audiencia Nacional, o la confirmación en el Tribunal Supremo de sentencias por delitos políticos emitídas desde aquél, les inhabilita en la situación actual para juzgar un presunto delito que también presenta implicaciones políticas.

Por otra parte, los defensores del senador de HB Iñaki Esnaola y Enrique Vllla, explicaron ayer, en el curso de una conferencia de Prensa celebrada en el Colegio de Abogados de San Sebastián, el contenido del escrito de calificación provisional que han presentado. La defensa sostiene la inocencia de su patrocinado, y, según se deduce de su calificación de los hechos, tratará de probar en el juicio que la denuncia efectuada por Castels en su artículo es cierta.

Para ello la defensa se propone, entre otras cosas, requerir a los gobiernos civiles de Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Alava para que certifiquen si fueron identificados y puestos a disposición judicial quienes tomaron parte en la muerte de veintitrés personas, fallecidas todas ellas en Euskadi durante los últimos siete años, bien en atentados de la extrema derecha o en actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Otro de los argumentos de la defensa trata de demostrar que la deiiuncia publicada por Miguel Castels en el artículo incriminado forma parte de sus compromisos políticos con la fracción del electorado que le eligió, y se sitúa en el terreno de los derechos y obligaciones reconocidos con carácter internacional a los parlamentarios, en un sistema democrático.

La prueba testifical propuesta incluye la citación de 52 personas, entre las que se encuentran el presidente del Consejo Nacional del Partido Nacionalista Vasco, Xavier Arzallus; el titular de la cartera de Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza; el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, José María Txiki Benegas; los diputados José María de Areilza y Fernando Sagaseta, el senador Tirso Pons, diez periodistas españoles, varios altos mandos policiales y representantes de la Unión Sindical de Policías y hasta veintiocho diputados o senadores belgas, italianos, franceses, ingleses, irlandeses y daneses.