Censura de los socios a la gestión de la Caja de Crédito Mutual

En un clima de graves enfrentamientos que culminaron en reiteradas arnenazas verbales, la asamblea general extraordinaria de la Caja de Crédito Mutual (CCM) aprobó en la madrugada de ayer en Barcelona tina acción de responsabilidad contra el consejo rector de dicha entidad. La censura de los socios a la gestión de la dirección provocó, tras casi una hora de reticericias, el abandono de la mesa por parte del presidente, la dimisión del consejo rector y el consiguiente nombramiento de una junta rectora provisional. En la misma se hallan representados los diferentes sectores -cooperativas laborales, mutualidades e impositores privados- afectados por la suspensión de pagos de la entidad financiera.

Aplazamiento de la suspensión

Quedó aplazada, por otro lado, la ratificación de la suspensión de pagos, presentada por la anterior directiva el 20 de noviembre pasado, hasta la posterior verificación de los balances por la junta rectora provisional. Mientras la solicitud inicial de suspensión de pagos reflejó un activo de 2.200 millones de pesetas, frente a un pasivo de 1.700 millones, el balance definitivo disminuyó el activo en doscientos millones.Participaron en la asamblea extraordinaria de la CCM más de novecientos socios. Gran parte de éstos se trasladaron en autocares desde distintos municipios del cinturón industrial barcelonés, donde se hallan domiciliadas muchas de las sociedades anónimas laborales afectadas por la suspensión de pagos de la entidad.

A la hora de iniciarse la asamblea -media tarde de anteayer- el palacio de Congresos de Barcelona, sede de la convocatoria, se hallaba repleto de socios. La policía estuvo presente durante las más de seis horas que duró la reunión, presidida en todo momento por fuertes tensiones y amenazas físicas entre la mayoría de los socios cooperativistas y el sector ligado al presidente de la entidad, Miguel Oliver.

Una acción de responsabilidad contra el consejo rector de la CCM, propuesta en nombre de varios grupos de afectados por el abogado Rafael Jimenez de Parga, fue aprobada a últimas horas de la noche por 571 votos a favor y 238 en contra.